Trabajan en la regularización dominial de Villa del Lago para avanzar con la utilidad pública
A un mes de aprobada la ordenanza que declaró de utilidad pública esa zona, se notificó a los poseedores de los lotes para que regularicen su situación bajo apercibimiento de procederse a la declaración de utilidad pública de los mismos. Ya se presentaron varios propietarios para analizar su situación dominial. La mayor parte del macizo está en manos de la firma Tandil Inversora, pero nadie intervino por esas parcelas. De los 72 terrenos que no fueron alcanzados por la figura de utilidad pública, 50 no tienen abierto un expediente en el Municipio y 22 iniciaron el trámite.
Siguiendo lo que prescribe la norma sancionada hace un mes por el cuerpo Legislativo, que declaró de utilidad pública parte de las 600 parcelas del loteo que realizó Tandil Inversora SA entre 1967 y 196 en la zona denominada Villa del Lago, autoridades municipales se reunieron el último viernes para conversar sobre los avances hasta el momento, que incluyen un proceso de paralización de obras que estaban en marcha con distinto grado de avance y la notificación sobre lo dispuesto en la ordenanza a las partes interesadas.
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Participaron del encuentro el secretario de Planeamiento Urbano, Ambiental, Obras y Viviendas, Luciano Lafosse; la subsecretaria del área, María Riestra; la directora de Desarrollo Urbano, Victoria Deguer; el secretario Legal y Técnico, Andrés Curcio; el presidente del Concejo Deliberante, Juan Pablo Frolik; y los representantes de los tres bloques legislativos, Mario Civalleri, Cristian Cisneros, Marina Santos, Rogelio Iparraguirre y Andrés Dorta.
El Eco de Tandil dialogó con el titular del área Legal y Técnica, Andrés Curcio, quien explicó que la normativa prevé que cada 90 días el Departamento Ejecutivo informe al Concejo sobre los avances, pero que decidieron compartir la información recabada durante este primer periodo para progresar de manera más fluida hacia el objetivo final.
En ese marco se dio cumplimiento a la primera obligación: notificar a los poseedores de buena fe de los inmuebles que no están sujetos a la operatoria de compraventa, permuta, donación, expropiación u otro mecanismo legal, del plazo de 180 días para regularizar la situación parcelaria.
“Se recibieron a diferentes vecinos con inquietudes en distintas situaciones en cuanto al derecho sobre la tierra. Algunos con título de propiedad, otros con escritura en trámite, boleto de compraventa, y con juicio o sucesión en trámite. Se han acercado todos con buena voluntad para ver en qué estado se encuentran”, detalló. Esta información servirá para relevar la cantidad efectiva de propietarios que están en condiciones de normalizar su situación o de quedar sujetos a la utilidad pública.
La división del macizo
De acuerdo al desglose del texto normativo, el predio en cuestión, la Chacra 150, fue subdividida en 673 lotes, de los cuales 600 son baldíos, uno es de dominio provincial y de los 72 restantes, 48 están construidos, 15 se encuentran en proceso de obra y 9 ocupados, algunos con estructuras metálicas tipo containers.
Así, de las 673 parcelas, la firma Tandil Inversora SA figura como titular de dominio de 555, aunque hay algunas personas que acreditan propiedad con boleto de compraventa, y 118 están a nombre de particulares privados que lograron escriturar. De los 72 terrenos que no fueron alcanzados por la figura de utilidad pública, 50 no tienen abierto un expediente en el Municipio y 22 iniciaron el trámite, algunos con el plano convalidado, otros sin convalidar y otros presentaron incorporaciones.
Con respecto a la empresa que tiene la titularidad de la mayor parte de las tierras, Curcio afirmó que ningún particular se presentó por esos lotes hasta el momento y están analizando si se va a hacer una presentación en el concurso de quiebra, si se contactará a un síndico o cómo se va a proceder para destrabar esa parte.
Además, el funcionario remarcó que el Estado provincial y municipal son acreedores de una deuda muy importante en concepto de impuestos y tasas, lo que seguramente gravitará en el proceso de negociación que se abre por delante con quienes reclaman derechos sobre esas tierras sujetas a expropiación.
El freno a las obras
Consultado sobre la posible aparición de nuevas edificaciones en el caso de que correspondan a lotes con documentación y planos presentados que no hayan alcanzado a iniciar las obras, aclaró que “las que tengan un plano presentado y nada construido están dentro del anexo que se declaró de utilidad pública. Hay que ver cada caso en particular, porque la presentación de un plano no da derecho absoluto, hay tiempo establecido para presentar la documentación, los indicadores urbanísticos”.
Y explicó que las que quedaron excluidas de la ordenanza por tener algún tipo de construcción presentan diferentes matices: hay planos presentados, documentación incompleta o nula. Cabe destacar que en noviembre pasado un decreto del intendente Miguel Lunghi frenó las construcciones y desde entonces no es posible levantar nuevas edificaciones o intervenir las ya existentes.
No obstante, se detectaron ciertas irregularidades en las inspecciones periódicas y se labraron infracciones. Con estas medidas, se paralizaron las tareas y las actuaciones y actas se elevaron al Juzgado de Faltas.
“Hoy no sería factible que se loteara y construyera en las sierras. Por el PDT y la Ley de Paisaje Protegido es impensada una subdivisión como la que se hizo en ese momento. La realidad es que no se permite subdividir ni construir, pero hay una subdivisión preexistente que los dueños o herederos comenzaron a regularizar de algún modo a lo largo de los años. Con esta herramienta jurídica lo que se hace es frenar que se siga avanzando sobre el cerro”, concluyó.
