Solicitaron la relocalización de quince efectivos policiales y denunciaron maltratos

En el acto que se celebró el miércoles para formalizar la implementación del sistema SUBE, un grupo de madres aprovechó la ocasión para acercarse al intendente Miguel Lunghi y al diputado nacional Rogelio Iparraguirre, con el objetivo de pedir por la reubicación de sus hijos en el distrito, que se desempeñan como agentes de la Policía Bonaerense.

Así, concluido el evento, las mujeres –que prefirieron reservar su identidad- extendieron un petitorio a las autoridades y solicitaron respuestas sobre el tema, ante la escucha atenta del jefe comunal y el legislador. 

El planteo radica en que quince efectivos policiales oriundos de la ciudad, graduados a fines del año pasado de la Escuela Juan Vucetich, fueron afectados a la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas de Wilde, en el Conurbano bonaerense. En este marco, los familiares decidieron salir a expresarse en lugar de los jóvenes –que temen represalias-, exponiendo que en dicha dependencia policial sufren maltratos y deben vivir en condiciones deplorables “prestando servicio tres días seguidos y sin poder volver a sus casas”. 

Además remarcaron que, por normativa, los agentes no pueden ser desplazados a más de 100 km de sus domicilios sin justificación. De esta manera, esperan que tanto el Intendente como el diputado tandilense puedan interceder ante el Ministerio de Seguridad provincial para resolver la problemática. 

Asimismo, repararon en que se necesitan policías en el partido de Tandil y que, en consecuencia, lo mejor sería que los efectivos cumplieran con sus funciones a nivel local, no en otros territorios. 

Un panorama de alto riesgo 

Según relataron las madres de los uniformados, que tienen entre 18 y 25 años, los jóvenes terminaron en marzo el operativo de verano en el distrito y automáticamente los enviaron a la UTOI.

La Unidad Táctica de Operaciones (UTOI), forma parte de la Policía Bonaerense y se conformó en 2017, durante la gestión de Cristian Ritondo como ministro de Seguridad, con la premisa de constituirse como una fuerza especial “de acción rápida”. Es decir, este cuerpo no realiza tareas de prevención, sino que ataca el conflicto y actúa como una fuerza de despliegue. 

En este marco, de acuerdo a lo expresado por los familiares de los agentes, estos no fueron instruidos para este tipo de tareas, situación que complejiza aún más el escenario. Al respecto, refirieron que deben desempeñar funciones en lugares de alto riesgo y graficaron que “los hacen pararse 36 horas en una villa con chalecos vencidos”.

“Los mandan de una manera coercitiva, sin previo aviso, y no pueden negarse, los amenazan con la baja. Por régimen,  cualquier baja que se produzca ante de los tres años los deja en duda con el Estado”, detalló una de las mujeres. 

Además, señalaron que ellos mismos se costean los viajes y la ropa. En contrapartida, describieron que mientras prestan servicio no les proporcionan ni las mínimas condiciones de higiene y habitabilidad. En tal sentido, desglosaron que los efectivos duermen en un colchón en el piso y usan un baño químico, y no disponen de duchas para higienizarse.  

“Aman lo que eligieron, pero hoy lo tienen que padecer. Supuestamente, al recibirse los trasladan un tiempo y el destino definitivo no lo tienen, no se otorga de manera inmediata, pero no sabemos por qué están en la UTOI, desconocemos por qué se llevan chicos de las escuelas de Olavarría y la Vucetich a estas dependencias, no tiene lógica”, sostuvieron. 

La problemática se replica en otras localidades y también hay grupos de familiares organizados en Mar del Plata y Pergamino para frenar estas designaciones “caprichosas” y evitar que los agentes novatos sean trasladados a las zonas más “calientes”  de la provincia. 

Para cerrar, las mujeres ratificaron que sus hijos son conscientes del peligro que corren en el ejercicio de su actividad, pero no bajo las condiciones actuales, y afirmaron que esperarán respuestas por parte de las autoridades antes de encarar otro plan de lucha.