Sin confirmación aún de incremento, la tarjeta Alimentar sostiene en Tandil a un universo estable de 2700 familias
La política pública del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación ha tenido una demanda sostenida en la ciudad desde su implementación en marzo de 2020. El Gobierno discute un eventual incremento del 50 por ciento del saldo para atajar la inflación y que no se pierda poder adquisitivo. Buscan también reorientar los programas hacia la reconversión productiva y laboral.
La tarjeta Alimentar cumple un año desde su implementación y el dato de aumento de la canasta básica de pobreza e indigencia que dio el Indec, aceleró en el Gobierno la búsqueda de soluciones para, vía diferentes mecanismos, contener los precios desde la generación de los productos y darles asistencia a aquellos sectores que no tienen espalda para absorber ese alza.
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En este contexto, desde Economía y Desarrollo Social de la Nación se empezó a delinear una mejora en los montos de compra del programa que podría incrementarse en un 50 por ciento. Pasando así de 4.000 pesos a 6.000 pesos para las madres con un solo niño menor de 6 años, y de 6.000 a 9.000 pesos, para quienes tengan dos o más hijos menores de esta edad, e hijos con discapacidad sin límite etario. Vale recordar que la tarjeta está destinada a quienes tienen Asignación Universal por Hijo (AUH) y no cuenten con un empleo registrado.
Paliar el hambre
Según informó el titular del Centro de Referencia local, Nicolás Carrillo, en Tandil hay 2700 familias beneficiarias de este derecho -que llegó a la ciudad en marzo del año pasado-, pero no aventuró ninguna confirmación con respecto a un eventual aumento del saldo.
“Por el momento, el incremento no fue confirmado de forma oficial, se está estudiando todavía. Algunos medios salieron a plantearlo, pero hasta hoy no está anunciado. Recordemos que fue una de las primera políticas del Gobierno prepandemia debido al incremento de la pobreza registrado en los cuatro años del gobierno de Macri, donde se evidenciaron problemas alimentarios en el sector más perjudicado, que son los niños”, describió el funcionario, en alusión al grupo poblacional objetivo de este derecho y víctima de una preocupante estadística: en Argentina, casi la mitad de los niños están por debajo de la línea de pobreza.
Y acerca del límite de edad que existe para acceder a la tarjeta, explicó que “así como hay una feminización de la pobreza, se conoce también que esta afecta también a los más pequeños, y también es cierto que después de los 7 años existe el SAE (Servicio Alimentario Escolar), que baja desde la Provincia con aportes de Nación. Así queda todo cubierto, porque desde la primaria hay acompañamiento de alimentos en los colegios y se completa el ciclo de 0 a 18 años”.
Presupuesto y programas laborales
Con un flujo de 18 millones de pesos mensuales que se inyectan a la economía local, el padrón de la tarjeta es muy dinámico y sufre modificaciones cada determinada cantidad de meses, cuando se hacen los “cortes”, porque hay pequeños que cumplen siete años y dejan de percibir el beneficio y hay otros nuevos que se incorporan. Pese a esto, el número final se mantiene estable en 2700 hogares asistidos, lo que demuestra que la demanda se ha sostenido en el tiempo.
Asimismo, destacó que el presupuesto de Desarrollo Social para 2020 era de 80 mil millones de pesos y terminó en 280 mil millones producto de la pandemia. El 80 por ciento se destinó a asistencia y el 20 por ciento a programas laborales. Surfeada la crisis del año pasado, y si no sucede nada demasiado grave en el medio que obligue a recalcular el rumbo, el referente del ministerio en la ciudad aseveró que para este año el objetivo es distribuir las partida de modo equitativo, y que vaya la mitad para programas asistenciales y la otra mitad del los fondos se usen para fomentar diferentes maneras de trabajar y auto gestionarse.
Esta iniciativa se propone como una alternativa de salto a las unidades productivas. De esta forma, el 90 por ciento del presupuesto destinado a compras podría reinvertir una parte en esas unidades autogestivas y al trabajo social garantizado, además con el estado interviniendo de manera más activa en la obra pública de pequeña escala. Además, mediante el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap), en Tandil se censaron más de mil hogares que necesitan distintos tipos de mejoramientos para reacondicionar la estructura comunitaria y esto podría ser un foco de intervención para garantizar las contraprestaciones.