Se presentó un proyecto por Banca 21 para regular la aplicación de agroquímicos en el Partido
La iniciativa fue promovida por un grupo de la Unicen que manifestó su preocupación ante una normativa local permisiva. Al analizar los pozos de agua de 15 escuelas rurales se detectó la presencia de 16 plaguicidas tóxicos. Plantearon la necesidad de establecer vínculos entre las enfermedades y los agroquímicos, y la vuelta a un paradigma agroecológico.
En la sesión ordinaria del Concejo Deliberante, a través de la Banca 21, se presentó un anteproyecto de ordenanza para regular la aplicación de plaguicidas en el territorio y la prohibición de la aplicación aérea, a fin de resguardar la salud de la población y el ambiente. Tras la presentación, el texto ingresó para su tratamiento y evaluación en las comisiones de labor parlamentaria pertinentes.
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La doctora Graciela Canziani, docente e investigadora de la Facultad de Ciencias Exactas de la Unicen, hizo uso de la palabra desde la “Banca del Pueblo”, la herramienta que tienen los ciudadanos para hacer llegar sus inquietudes al cuerpo legislativo.
El completo trabajo llevado adelante por la doctora Canziani, en colaboración con estudiantes y graduados de la carrera de Tecnología Ambiental de la Unicen y el ingeniero Claudio Lowy, propone una nueva mirada hacia un cambio de paradigma que se corra del sistema de producción de monocultivo hacia la agroecología, respetando a las personas y su entorno natural.
El proyecto
El anteproyecto contempla múltiples aristas que incluye la regulación adecuada para la aplicación, la prohibición de aplicación aérea, los alcances de la normativa, la creación de una autoridad de aplicación y de un registro de aplicadores y equipos, zonas para transporte y circulación, verificación de seguridad, lavado de equipos, responsabilidades, realización de análisis ambientales, manipulación de envases, capacitación, educación y monitoreo, y sanciones.
En su exposición, Canziani realizó un relato exhaustivo de la literatura científica y los estudios que confirman el daño que estos productos generan en las personas y el entorno. La preocupación surgió en el seno de la Universidad frente a una normativa municipal que permite la aplicación de agroquímicos sin restricción en espacios verdes y la zona rural, y la falta de estudios que evalúen la presencia de estos elementos en el agua, el suelo y el aire. También se señaló la vacancia de estudios epidemiológicos que releven la situación real de la población en cuanto a la toxicidad.
Además, apuntaron a conocer cualitativa y cuantitativamente los tipos de agroquímicos usados en el Partido y su distribución territorial.
Venenos a la orden del día
En diálogo con El Eco de Tandil, la doctora Canziani ratificó que la ordenanza actual es muy permisiva y expuso que “no protege a nadie menos a los niños, que están formándose y son más vulnerables a las acciones de estos productos a biocidas”.
La prestigiosa académica focalizó la problemática en los efectos reproductivos de estas sustancias; cáncer, abortos espontáneos, malformaciones, celiaquía, problemas hormonales, entre otros, y la ausencia de una línea de trabajo que sistematice y vincule las cuestiones epidémicas con la utilización de agroquímicos.
En Tandil objetó que no hay registro de qué insumos se aplican, dónde ni cuánto, pese a que eso debería estar registrado con receta agronómica. “Tenemos que llevar registro para poder entender cuáles son las causas y los efectos”, destacó.
Volver a la agroecología
Según indicó Canziani, hay un estudio reciente del INTA que demuestra que en la provincia de Buenos Aires la materia orgánica de los suelos se redujo del 30 al 50 por ciento. En este punto afirmó que para revertir la merma en la capacidad productiva del suelo hay que volver a la rotación de cultivos y a la agricultura en combinación con la ecología, sin por eso descuidar las ganancias que el productor agropecuario pueda obtener.
“Hay que analizarlo muy cuidadosamente para mantener la productividad, cambiar el sistema y proteger desde ahora a la población”, sintetizó.
La normativa vigente
En febrero, el Ministerio de Agroindustria bonaerense atrás con la resolución 246/18 sobre fitosanitarios, que había entrado en vigencia el 1 de enero del corriente año y a la que Tandil adhirió.
La normativa generó variadas controversias porque habilitaba la fumigación cerca de áreas urbanas y escuelas rurales, de acuerdo a determinadas condiciones meteorológicas, de toxicidad y equipos a utilizar.
Haciéndose eco del malestar de la opinión pública y atendiendo diferentes demandas, el ministro Leonardo Sarquís, exgerente de Monsanto, estableció la abstención total en cuanto a la realización de aplicaciones y pulverizaciones de fitosanitarios, en los lotes que linden con establecimientos educativos, campos de bombeo o baterías de pozos para el abastecimiento público, cuerpos y cursos de agua emplazados en el área rural.
“El problema que se planteó con la resolución de Sarquís es que hubo un rechazo desde la gente. Se está tomando conciencia de lo que significa la aplicación irrestricta de los plaguicidas y se quiere proteger el hábitat”, consideró.
La legislación sancionada en la ciudad en abril de 2011 solamente prohíbe dentro del Partido de Tandil la aplicación de agroquímicos por vía aérea o terrestre, en lotes que se encuentren a menos de 150 metros de establecimientos escolares, centros de salud, establecimientos elaboradores de productos alimenticios. En cuanto a los cursos de agua principales, la reglamentación local impide las fumigaciones a menos de 50 metros, e indica una distancia de aplicación para cursos de agua menores de dos veces el ancho del curso tomada desde la línea de ribera.
Voluntariado universitario
Con el afán de nuclear varias voluntades Jonathan Cepeda -estudiante de la carrera de Tecnología Ambiental en la Facultad de Ciencias Exactas-, junto a las graduadas Leyli Kazlauskas y Carla Stadler, entre otros, se contactaron con la docente Canziani para vehiculizar una acción concreta en pos de hacer aportes sobre el tema.
En este marco surgió un proyecto de voluntariado universitario financiando por la Secretaría de Políticas Universitarias, y a lo largo de dos años trabajaron en 15 escuelas de la zona rural del Partido, con docentes, niños y adolescentes, y el aval de la Jefatura Distrital de Educación.
De esta manera, pudieron conocer la realidad del área rural y constatar la falta de conocimiento del daño toxicológico que estas sustancias provocan. De acuerdo a las conclusiones obtenidas, el desconocimiento unido al discurso de que con las buenas prácticas agrícolas se minimizan los riesgos, induce a la población a no tomar las precauciones necesarias.
Escuelas contaminadas
Los investigadores del proyecto tomaron muestras de suelo y agua de pozo para analizarlas, los estudios detectaron la presencia de 16 agroquímicos plaguicidas en las escuelas rurales del partido de Tandil, varios de ellos caracterizados por su condición de disruptores endócrinos.
Con la intención de poder efectuar análisis a la población para obtener datos estadísticos que ayuden a impulsar el tema y a obtener un panorama detallado de lo que sucede en el territorio, la buena voluntad de los sujetos se topó con la vacancia estatal.
“La realidad es que no tenemos los recursos materiales ni económicos para avanzar. En su momento el trabajo fue financiado por la secretaría para realizar los estudios de cromatografia de agua de pozo y suelo”, contó Jonathan, peor no cuentan con fondos actuales para desarrollar estudios de otro tipo.
Por su parte, Leyli afirmó que “estamos en una instancia en la que el Estado tiene que ayudarnos. Colaboramos en esto y nos seguimos formando, pero nos haría falta apoyo para seguir avanzando”.
“La otra pata es la concientización, la parte social hacia la población rural y general, no alcanza con la ordenanza sin hacer entender la problemática y que se sepa cómo actuar y cuidarnos”, observó Carla.
