Proteccionista denunció por maltrato animal a personal de Zoonosis

Elsa Zalazar, proteccionista de animales en la ciudad, realizó una denuncia en fiscalía a Franco Filipetti, encargado de reeducación del sitio municipal. Al respecto, agregó que también se hizo pública través de las redes sociales la situación ocurrida y que fue “una carta avalada por más de cien personas rescatistas y amantes de los animales”. 
Con el respaldo de Comisión Permanente de Control y Seguimiento de la ordenanza 7028 (Copecos), comentó que si bien la realizó el 2 de mayo, la problemática “comenzó en enero, cuando envió una primer nota a los compañeros de la Comisión y a partir de ahí se subió al Sistema Integrado de Salud Pública para que se visualice la situación, porque así no podía continuar”. 
Además, criticó el rol de las autoridades al afirmar que “el Estado puede reclamarle o sancionar a cualquier vecino por maltrato animal, pero en este caso son ellos mismos quienes están cometiendo el delito o al menos lo están avalando”. 

Sobre las causas de la denuncia, Zalazar relató la realidad del perro : “En su caso, se lleva adelante un sistema muy cuestionado que se utiliza para re-educar a los animales, como lo es el uso de un bozal, inclusive sedándolo para colocárselo, lo cual ya es muy traumático pero más aún cuando el animal se despierta con el bozal colocado”.  Entre otros causantes, también comentó antecedentes de “otros dos perros que estaban encerrados, no tenían bozal pero no estaban saliendo por lo tanto estaban desesperados por hacerlo. Obviamente no iban a mejorar su comportamiento estando en esa situación”. 
Además, dijo que “hace dos años sucedió con otro perro que justamente estaba así (aislado) y con bozal puesto, nunca recibimos respuesta y lamentablemente se le descubrió tarde que tenia gusanos, y murió”. Por ello también justificó la urgencia del accionar, ya que “todos los que amamos a los animales no queremos que vuelva a suceder eso, ni con `Comisario´ (el perro) ni con cualquier otro”.   

La denunciante, incluso, reveló que en una reunión con Copecos ya se había acordado convocar a Laura Colman, especialista en etología, rama encargada de estudiar y analizar las conductas de los animales y sus relaciones con los medios naturales, para evaluar la situación del can pero no fue convocada y que “en reiteradas ocasiones y reuniones se había pedido que se modificara el sistema de trabajo con los animales”. 
En cuanto a la decisión tomada, reflejó que “no quedó otra opción que realizar la denuncia frente a la fiscalía para que cambie la situación y las autoridades de una vez por todas despierten y hagan algo al respecto”. 

Por otro lado, sobre la situación de los perros que habitan el sitio municipal de Zoonosis, generalmente caracterizados por “ser agresivos”, explicó: “La mayoría de los animales que ingresan por actitudes agresivas es porque los han tratado mal o hay gente que no sabe cómo tratarlos o educarlos. Es amplio el abanico de causas por las cuales un animal termina teniendo actitudes agresivas”. 
No obstante, también criticó la metodología empleada en el lugar tratándola de “antigua”, dado que “se le quiere imponer al perro que es lo uno quiere que haga y esa hoy en día es una modalidad terrible, porque actualmente se busca tener un vínculo con el animal y a partir de ahí trabajar con él”. En esa línea, afirmó que “es algo básico que todos los que trabajamos con animales lo sabemos” y que “la situación se puede revertir, la idea es lograr un método que lleve a cumplir el objetivo de re-educarlos”. 

Legislaciones 

En el país existen varias leyes y ordenanzas que castigan y aclaran cuestiones relacionadas al maltrato animal. Incluso, a nivel nacional, la ley 14.346 advierte en su artículo inicial que “será reprimido con prisión de quince días a un año, el que infligiere malos tratos o hiciere víctima de actos de crueldad a los animales”. Entre algunas de las situaciones castigables, sobresale “no alimentar en cantidad y calidad suficiente a los animales domésticos o cautivos” y “estimularlos con drogas sin perseguir fines terapéuticos”, por ejemplo.

En la ciudad, la Copecos es la encargada de hacer cumplir la ordenanza municipal 7028, la cual indica en su artículo 1 reza que “es la obligación del Municipio la defensa y la preservación de la vida animal en general”,  sumado a su artículo 2.b que escribe que es “objeto principal la protección de la vida animal”. 

Además, en su artículo 58 adjudica el desarrollo del trabajo a la Dirección de Bromatología: “Considérese a la Dirección de Bromatología como la autoridad de aplicación quién ejercitará, a través de la dependencia administrativa específica o a crearse encabezada por un médico veterinario y con los auxiliares indispensables, la consecución del cometido de la presente y demás funciones y responsabilidades inherentes”. 

Al respecto de este último, Zalazar afirmó que “la solución que da el director Ignacio Diribarne es un predio nuevo, y no es cuestión de predio nuevo, es como se trabaja con los animales y cuanto se los respeta”. 
Como conclusión, quien se encargó de realizar la denuncia, finalizó: “Nosotros lo que estamos buscando es una solución permanente al problema, porque cada vez que se presenta una situación así tenemos que estar controlando y mirando cómo están siendo tratados los animales, y si realmente queremos reeducarlos y reinsertarlos, que puedan estar en una familia y tener una vida normal, no está bien tener encerrados a los animales”.