Un grupo de nenes juega en con una pileta de lona vacía. Un hombre mira su celular sentado a la sombra del techo de la galería de su casilla de madera. Dos mujeres rodeadas de perros toman mate y conversan. Es miércoles por la mañana, hay poco viento y muchos mosquitos en Piccirilli al 100, en el corazón de La Movediza. Se cumple un año del día en el que comenzó la ocupación en el lugar. Los vecinos más próximos del predio son los Moauro, propietarios de un vivero familiar, y de los terrenos en disputa.Desde febrero de 2023, pasaron doce meses cruzados por un proceso judicial, la activación de un protocolo, una mesa de negociación, dos censos, marchas, presentaciones, idas y vueltas sobre posibles desalojos, declaraciones, acusaciones y principios de resolución que no avanzaron. Lo último que se supo fue que la Cámara de Apelaciones de Azul hizo lugar al pedido de los dueños, declaró inconstitucional la inclusión del terreno al Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap), y volvió a ordenar el desalojo.<figure class="image"><img src="https://cdn.eleco.com.ar/media/2024/02/toma_la_movediza_21_02_24.jpeg" alt="toma la movediza 21-02-24 - 1"></figure>En el medio, un conflicto entre vecinos que encendió en Tandil el debate público sobre la propiedad privada, pero también sobre la situación habitacional de la ciudad con uno de los índices más bajos de propietarios de la toda la Provincia.¿Hubo un “aprovechamiento político pre-eleccionario”, como se hizo referencia desde la administración comunal? ¿La ocupación fue impulsada por una o más organizaciones o se trató de un movimiento más o menos espontáneo de vecinos sin perspectivas de conseguir alquiler y mucho menos una casa propia? ¿O se trató de un cúmulo de factores que intervinieron, por lo menos en aquel primer momento? ¿Debió, por tratarse de un conflicto con muchas aristas sociales, haberse profundizado una vía de resolución desde la política?<figure class="image"><img src="https://cdn.eleco.com.ar/media/2024/02/toma_la_movediza_21_02_24_2.jpeg" alt="toma la movediza 21-02-24 - 3"></figure>Más allá de interrogantes,<a href="https://www.eleco.com.ar/etiqueta/toma-en-movediza"> se cumple un año</a> desde que un grupo de 15 mujeres en diferentes situaciones de complejidad para el acceso a la vivienda, llegaron “con una carpita” a la esquina de Piccirilli y Misiones. Se instalaron con la promesa de que si se presentaba un dueño legítimo, se retirarían. Así lo hicieron meses después, y muchas aun siguen buscando un hogar.A las pocas horas de aquel primer día, comenzaron a llegar al lugar más personas de la zona y otros barrios. Cortaron las malezas, delimitaron lotes con tanza y palos. A los días ya eran decenas. En el presente, aseguraron desde la comisión que organiza a los vecinos, siguen siendo “las mismas 64 familias”.Aunque la situación es diferente. Las casillas ya están mejor construidas, y muchas tienen carteles indicadores de los apellidos de los residentes. Las precarias estructuras de cartón y chapa fueron reemplazadas por maderas. Las casas tienen jardines, macetas con flores, algunas hasta estructuras que hacen la suerte de cocheras.<figure class="image"><img src="https://cdn.eleco.com.ar/media/2024/02/toma_la_movediza_21_02_24_5.jpeg" alt="toma la movediza 21-02-24 - 6"></figure>Con motivo del aniversario, El Eco de Tandil consultó a los principales actores del conflicto. El abogado de la familia propietaria, Alejandro Dufau, consideró que “se dilató de más” la situación. “No nos pensamos ir de ahí”, dijeron por su parte desde la comisión de vecinos. Para el Defensor Oficial Diego Araujo, “el derecho penal se muestra impotente para resolver problemas sociales profundos”. Y para el Municipio, manteniendo la misma postura que desde un comienzo, “no es posible una negociación frente a un hecho ilegal como es la intrusión en una propiedad privada”.Mientras tanto, Camila y el grupo de mujeres del barrio que fueron las primeras en instalarse en el predio y que luego se retiraron, continúan con dificultades para acceder a una vivienda. Con diferencias con quienes optaron por continuar en el predio, algunas de ellas se encuentran en proceso de mudanza luego de que se terminaran sus contratos de alquiler y no hayan podido hacer frente a las renovaciones.&nbsp;“Seguimos buscando opciones legales. No salimos a buscar otro terreno para usurpar. Queremos tener algo legal, poder pagar lo nuestro y tener los papeles”, compartieron.<h2>Para el abogado de los propietarios, “esto se dilató de más”</h2>Alejandro Dufau representa a la familia Moauro desde que se inició la causa por usurpación tras el comienzo de la toma. A diferencia de Fiscalía, sí apelaron la resolución que dictaba la inclusión del lote en el Renabap. En los últimos días, la Cámara de Apelación de Azul hizo lugar a su pedido.<figure class="image"><img src="https://cdn.eleco.com.ar/media/2024/02/toma_la_movediza_21_02_24_6.jpeg" alt="toma la movediza 21-02-24 - 7"></figure>A la fecha, se encuentran a la espera de que el expediente vuelva a primera instancia, la resolución quede firme y se haga efectivo el desalojo. “Hay tiempos que hay que respetar”, dijo con respecto a los protocolos que, sostuvo, deberán tener en cuenta tanto el Poder Judicial como los Ejecutivos provinciales y municipales.&nbsp;“A mi entender, esto se dilató por demás, pero también hubo negociaciones previas, hubo posibilidades de tener un arreglo que finalmente no prosperó”, señaló para luego considerar que más allá de las demoras lógicas de los procesos en la Justicia, hubo “una cuestión más política y social que una judicial. Porque el desalojo se decretó relativamente rápido. Pero después se dieron situaciones que entorpecieron el cumplimiento”, agregó.Promediando el conflicto, se había avanzado con respecto a un loteo a partir del cual Provincia se podría haber hecho cargo de determinados costos y luego definir un criterio de destino de cada uno de los terrenos obtenidos. Sin embargo tal chance no prosperó. Consultado por si los propietarios se encontraban de acuerdo con tal propuesta, el abogado precisó que “se evaluó la posibilidad como una alternativa”, pero que en concreto la familia determinó no aceptar teniendo en cuenta el momento de incertidumbre política previo a las elecciones del 2023.-Acompañás a la familia desde el inicio de la ocupación. ¿Qué balance hacés de estos meses?- Ellos, dada la situación, creo que lo han manejado bastante tranquilos. Esto no es solamente una cuestión patrimonial, porque viven ahí, son vecinos de la gente que está ocupando. Entonces es entendible que quieran resolver esto. Están en la misma situación que el resto de los vecinos. El decreto que incorporó el lote al Renabap generó bastante impotencia, pero ahora (están) tomándolo con paciencia y esperando. La alternativa era la apelación y por suerte nos hicieron lugar a nuestro pedido.“Somos todas personas necesitadas”, dijeron los ocupantesNatalia Gosk es la presidenta de la comisión del terreno ocupado. Fue la vocera de los vecinos en una de las últimas movilizaciones al Municipio, días antes del más reciente anuncio del avance del desalojo.En diálogo con El Eco de Tandil definió que la situación en el predio “es siempre la misma” tanto en referencia a que continúan siendo 64 familias en el predio, como a que en el marco del proceso judicial, “estamos todos peleando por un terreno”. La realidad actual, planteó, no ayuda a que los vecinos puedan contar con un espacio propio y además, “el trabajo no es suficiente”.-Hubo planteos de parte de autoridades en relación a que la toma se trató de un aprovechamiento político tiempo antes de las elecciones...-No. Acá no hay política. Somos todas personas necesitadas, tuvimos la oportunidad, cada uno se fue enterando y fuimos entrando a la toma. Pero política no hay nada. Si hubiera política creo que esto hubiera sido totalmente diferente y todavía no estaríamos peleando.&nbsp;-Se conoció hace pocos días que se volvió para atrás con la incorporación del predio al Renabap y que se avanzaría con el desalojo. ¿Cómo lo tomaron ustedes?-En realidad no son buenas noticias. Pero nosotros ya hace un año que estamos peleando, hace un año que recibimos notificaciones y noticias erróneas. En esas situaciones no nos debilitamos porque estamos muy seguros. Y yo personalmente sé lo que tengo que hacer y todos me están apoyando. Con respecto al desalojo todavía no hay ni siquiera una notificación que se le haya dado al dueño, ni a nosotros, ni al abogado. Todavía tenemos que esperar.Gosk hizo referencia además a que cuentan con el apoyo de vecinos, tanto del interior de la toma como de otros sectores, así como “de la Universidad” y de “las chicas del Renabap” entre otros. “Tenemos un apoyo y no nos vamos a rendir tan fácil. Estuvimos hasta un día antes de un desalojo compulsivo. O sea, no nos pensamos ir”, concluyó.<h2>“El conflicto social no se resolvió”, planteó el defensor oficial</h2>Como titular de la Defensoría Oficial, Diego Araujo fue parte de la mesa de negociación en la que intervinieron diferentes sectores implicados en la situación, a los fines de contemplar una resolución en el marco del protocolo en curso.Consultado por El Eco de Tandil, el defensor presentó un escrito a modo de balance por el aniversario de la toma, en el que planteó en primer lugar que “el conflicto suscitado a partir de la toma de terrenos en forma masiva por una gran cantidad de personas en estado de vulnerabilidad se encauzó de manera equivoca en un fuero de excepción como es el penal”.&nbsp;<figure class="image"><img src="https://cdn.eleco.com.ar/media/2022/11/giombini_araujo_30_11_22_7.JPG" alt="Giombini-Araujo 30-11-22 - 8"></figure>La solución última a tales problemáticas, precisó “es política”. Por tal motivo, abrió un interrogante como disparador de la reflexión “¿Qué se espera del derecho penal cuando el origen del conflicto es el reclamo desesperado de personas que no ha tenido nada en su vida, y que temen que a sus hijos les ocurra lo mismo?”, preguntó.De acuerdo a su postura, la Corte Provincial comprendió dicha realidad a través de la aplicación del protocolo. Tal decisión permitió trabajar con diferentes organismos, como la Unicen y otros, en pos de arribar a una solución pacífica. Pese a los esfuerzos, lamentó, “el conflicto social no se resolvió”, y llamando a una resolución pacífica consideró que “en estos momentos tan difíciles del país es necesario redoblar los esfuerzos para no alimentar las diferencias sociales”.- ¿Qué reflexión le genera la situación en la toma, a un año de su comienzo?-Nuevamente el derecho penal se muestra impotente para resolver problemas sociales profundos. El enfrentamiento procesal entre el legítimo titular del predio y aquellos que por absoluta necesidad han dado un paso cuestionable por muchos, no debe extenderse más allá del expediente.&nbsp;La presencia madura y prudente del Estado es esencial en este momento, y fundamental en el futuro. Queda en evidencia al menos dos cuestiones en este caso en particular. Uno es la desconfianza hacia el Estado, puesto que hubo una propuesta concreta de facilitación en la gestión administrativa y técnica en los loteos por parte de la Provincia, y que poseía costos económicos elevados que el propietario pudo ver morigerado, y la otra es la falta de voluntad política en el acompañamiento de las propuestas provinciales en la solución integral del litigio de cara a la ley de hábitat.Recordemos que como el derecho a la vivienda digna es un derecho social de carácter fundamental, protegido constitucional y convencionalmente, la ausencia de un direccionamiento político determinado en pos de satisfacer ese derecho hace que la norma caiga en saco roto.&nbsp;-¿Qué lugar tienen en ese marco las administraciones municipales?-Los gobiernos locales son fundamentales en este proceso, y así lo ha destacado la Ley de Hábitat poniendo en cabeza de la Comuna muchas facultades y obligaciones tendientes a satisfacer algo que debería de internalizarse en cada uno de nosotros, la función social de la propiedad y la gestión democrática de la ciudad.&nbsp;Si el acento está puesto en la promoción y protección de grandes emprendimiento privados que sólo satisfacen a un sector más privilegiado de la comunidad, el resultado no será otro que la profundización de la inequidad.<h2>Para el Municipio “no es posible una negociación frente a un hecho ilegal”</h2>Ante la consulta de El Eco de Tandil, las autoridades municipales se expresaron a través de la voz de la actual secretaria de Desarrollo Humano y Hábitat Juliana Teerink, área que desde el comienzo de la toma asumió el vínculo con los vecinos ocupantes.&nbsp;Si bien formó parte de la mesa de negociación integrada por diversos actores, la Comuna se retiró de la misma ante el avance de un posible loteo que habían propuesto desde Provincia. En su momento, la funcionaria a cargo de la Secretaría había planteado la existencia de aprovechamientos políticos de la ocupación, en tiempos previos a las elecciones que definieron autoridades tanto a nivel local como provincial y nacional.<figure class="image"><img src="https://cdn.eleco.com.ar/media/2022/11/juliana_teerink_espacio_nido_04_11_22_2.JPG" alt="Juliana Teerink- Espacio Nido 04-11-22 - 3"></figure>“La postura del Municipio ha sido siempre clara. Desde el primer momento las áreas de Desarrollo Humano, Legal y Técnica y Obras Públicas formaron parte de la Mesa de diálogo intersectorial para el análisis de la situación, junto al Poder Judicial, la Defensoría del Pueblo, la Universidad Nacional del Centro y organismos provinciales. Tanto en este como en cualquier caso la postura de la gestión ha sido clara. No es posible una negociación frente a un hecho ilegal, como es la intrusión de una propiedad privada, más allá de las necesidades concretas de quienes están en la toma”, planteó la secretaria.La funcionaria sostuvo que dichas necesidades se “fueron atendiendo como casos particulares” desde el área, e hizo mención al relevamiento nominal de los ocupantes “a quienes se citó para escuchar sus necesidades y poner a disposición las herramientas asistenciales del área para resolverlas, en los casos que correspondiera”.A su vez consideró importante recordar que el terreno ocupado pertenece a un particular con las herramientas legales y la potestad de accionar. Y pese a que “el Municipio no puede hacerlo”, precisó, “lo que se hizo desde el primer día es acompañar al propietario escuchando sus demandas y asesorándolo en las acciones que consideramos que podían ayudar en este proceso”.Teerink concluyó expresando que “deseamos y trabajamos desde nuestro lugar para que este conflicto termine de forma pacífica, con resultados favorables para las partes involucradas y lo hacemos promoviendo espacios de diálogo, recursos económicos y orientación”.

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Propietarios, ocupantes, defensas y Municipio expresaron miradas por el aniversario de la toma en La Movediza

El Eco de Tandil dialogó con los principales actores del conflicto luego de que se haya vuelto a dictar el desalojo.