Preocupan en el área de Salud Mental local los cambios propuestos por Milei en la Ley Ómnibus

El psicólogo y exvicepresidente del Sistema Integrado de Salud Pública (SISP) de Tandil, Luciano Grasso, manifestó su preocupación por el proyecto de Ley Ómnibus que el presidente Javier Milei acaba de enviar al Congreso para su tratamiento y que introduce modificaciones estructurales en diversas áreas de la vida pública y privada de los habitantes.

“Es un retroceso claro en materia de salud mental”, sentenció Grasso al referirse al tema del cual es especialista y sostuvo que, detrás de las intenciones de cambiar determinados artículos que impactarán de manera contundente en la vida de muchos argentinos, “hay intereses creados” por otros actores sociales que responden más bien a cuestiones económicas. 

En diálogo con El Eco Multimedios, Grasso –docente de la Unicen que se desempeñó como director nacional de Salud Mental durante el gobierno de Mauricio Macri- se refirió específicamente a dos artículos del proyecto de ley: concretamente, al 618 de la iniciativa enviada esta semana por Milei que propone modificar el artículo 5 de la Ley vigente –la 26.657, sancionada hace 13 años- y al 624, que modifica el artículo 28 de la actual legislación.

El primero permite a los jueces dictaminar la internación de una persona por cuestiones de salud mental; el segundo habilita la creación de los manicomios, una medida que va en contra de las recomendaciones y estándares sanitarios internacionales.

“La Ley actual, que todavía no se modificó, dice que siempre la decisión de una internación tiene que estar a cargo de los profesionales de salud especialistas; no puede un juez, que es abogado, decir ‘esta persona tiene criterio de internación’”, comenzó diciendo Grasso. 

Y explicó que “lo que introduce la Ley es que un juez o el abogado defensor de una persona con problemas de salud mental, sin la mirada de un profesional de salud, pueda ordenar una internación o pueda, por ejemplo si la persona está internada y el equipo considera que está en condiciones de alta, frenar” ese proceso.

Grasso se mostró en contra de otorgarle estos atributos a jueces y abogados y remarcó que, de aprobarse una norma de estas características “se termina vulnerando un derecho, porque puede ser que una persona sea internada sin necesidad o sea retenida dentro de una internación sin criterio”.

“El único motivo por el cual podemos internar a alguien” –dijo el psicólogo y consultor de Tandil- está vinculado a “si esa persona está, en ese momento, en riesgo” y ese análisis “debe hacerlo un profesional” de la salud mental.

En ese sentido, indicó que la Ley actual “es muy clara” y aseguró que “no impide una internación involuntaria”. De hecho –refirió-“históricamente ha pasado que se ha internado de más en Salud Mental”.

“Esto es algo que en otros problemas de salud nunca pasó porque sería ilógico pensar que porque alguien tiene diabetes, hipertensión o problemas del corazón lo van a internar innecesariamente”, consideró. 

“En materia de salud mental sí, muchas veces se ha internado por las dudas o porque un familiar molestaba un poco”, destacó.

Los manicomios

Grasso se refirió por otro lado al artículo que quita la obligatoriedad de que las internaciones de salud mental se realicen únicamente en los hospitales generales, con lo cual quedan habilitadas las internaciones en hospitales neuropsiquiátricos. 

“Está demostrado que los hospitales psiquiátricos, llamados manicomios, son lugares que terminan favoreciendo las internaciones prolongadas”, dijo al respecto el especialista entrevistado, y contó que “no podemos desconocer que hoy en nuestro país hay 42 hospitales neuropsiquiátricos públicos, donde hay miles de personas que están viviendo desde hace muchos años”.

“La Ley dice que hay que ir externándolas, que hay que ir generando los dispositivos para que esas personas puedan vivir en comunidad”, señaló Grasso sobre la norma vigente y aseguró que el proyecto de Milei “va en contra de lo que plantea la Organización Mundial de la Salud, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los compromisos que fijó el Estado argentino; va a contramano de todo”. 

“Por sobre todo, va a permitir que siga habiendo este tipo de instituciones de encierro”, se quejó el especialista.

“Hay intereses creados”

En este punto, se refirió a los intereses económicos de algunos sectores que se esconden detrás de este tipo de propuestas legislativas.  

“Cuando analizamos el texto de la reforma y vemos ciertos discursos que han intentado modificar la Ley durante 13 años -porque esto no es nuevo- vemos que atrás hay intereses que están más vinculados a ese tipo de instituciones privadas”, remarcó.

Y explicó que “en muchos casos, termina siendo un negocio, esto también hay que decirlo: la internación prolongada, cuando el sistema de financiamiento paga por cama, es un negocio”.

La Ley 26.657, sancionada en 2010 por el Congreso nacional, plantea un cambio de paradigma en materia de atención a la salud mental y más allá de haber sido el resultado de reclamos e intensos debates, no ha permanecido ajena a las críticas.

“Todos los problemas que plantean los que son críticos de la Ley son problemas que existen”, reconoció Grasso, pero reiteró que “también hubo y sigue habiendo actores que por intereses creados querían retocar algunos artículos de la Ley, que son los que evidentemente ahora se han colado”. 

Finalmente, refirió que “el riesgo de que sea aprobada está, porque hay que ver cómo se dan las negociaciones y los debates”. 

“Seguramente hay otros temas en los que se va a poner el foco más que en estos, entonces ahí hay que ver hasta dónde los legisladores hilarán fino como para poder decir que estamos de acuerdo, o que esto no pasa”, señaló Grasso.

Ante la preocupación que comparten representantes de distintos espacios y organizaciones del campo de la salud mental, la semana próxima se esperan diversos encuentros con diputados y senadores nacionales para dialogar al respecto.