Persiste el acampe en la plaza y el operativo policial, pero se liberó parte de la circulación en la zona

El acampe del Movimiento Primero de Octubre reclamando justicia por la muerte del joven Sebastián Simón sigue firme en la Plaza Independencia, sobre los árboles que dan a la calle Belgrano, mientras que el operativo policial -más reducido que en los días anteriores-, continúa con el vallado y la protección del Municipio y la zona. 

Si bien transcurrieron algunos días de furia social por el caso del joven atropellado en La Movediza por Luciano Jaureguiber, el exfuncionario municipal que se dio la fuga y se entregó 10 horas después, el clima es ahora de calma. Hasta el constante repiquetear de los bombos se detuvo. 

Tras permanecer desde el lunes cortado el tránsito en Belgrano y Rodríguez -sólo se habilitaba en horario nocturno-, ayer las autoridades decidieron liberar la circulación de tránsito automotor y peatonal en el sector.

De este modo, en la jornada no hubo problemas para doblar en Rodríguez hacia la calle del Municipio, o seguir derecho por esa arteria. Asimismo, las fuerzas policiales habilitaron el paso peatonal en ambas veredas del tramo de Fuerte Independencia entre Belgrano y Maipú, donde sí continúa restringido el paso de autos.

En la ciudad de la furia 

El operativo policial, que desde el lunes 6 de diciembre se montó en las inmediaciones de la sede de la sede de Gobierno, fue mutando acorde a las tensiones del momento y las necesidades del caso. 

El pasado lunes se vivieron momentos de zozobra cuando integrantes de la agrupación social y familiares del chico fallecido protagonizaron un choque con el cordón policial que custodiaba la explanada municipal, y las fuerzas de seguridad arrojaron gas pimienta para reprimir el avance.

Yendo más atrás en el tiempo, el día siguiente del accidente que le costó la vida a Sebastián Simón, el lunes 6, la movilización pidiendo justicia por la causa derivó en la rotura de vidrios y otros daños en el centenario edificio. 

Desde entonces, las vallas y las fuerzas de choque son una postal familiar en ese sector de la ciudad, en medio de la decoración navideña del Municipio y una figura grande de Papá Noel que “saluda” con los brazos abiertos desde el balcón principal del Salón Blanco, como una metáfora irónica de estos tiempos.

Presencia policial 

El titular de la Comisaría Primera, David Isern, en contacto con este Diario, señaló que el despliegue policial está coordinado por la Jefatura Departamental de Policía a cargo de María José Schenk y supo tener en sus filas a más de 300 efectivos.

Ahora, hay una disponibilidad de 150 agentes y refuerzos de las distintas comisarías, mientras integrantes de otros cuerpos, como Caballería, Infantería y el GAD, custodian la puerta principal de la Municipalidad, con un sistema de relevos cada hora. 

La orden por el momento es permanecer en el lugar hasta tanto el acampe no sea levantado, ante eventuales disturbios que puedan llegar a generarse. Los días agitados que se han vivido estas últimas semanas también caldearon el ánimo de los vecinos y ocasionales transeúntes, por las restricciones a la circulación.

Inclusive, un ciudadano radicó una denuncia formal en la Seccional Primera por el entorpecimiento del uso del espacio público, los trastornos ocasionados y los ruidos molestos en el lugar. 

Por otro lado, el histórico café Antonino, que se encuentra pegado al Teatro del Fuerte y está directamente conectado con los jardines del Municipio, registró una merma en su flujo de clientes y también fue afectado en el devenir cotidiano, debido a su ubicación clave, por los recientes  acontecimientos. De hecho, en los momentos más violentos de la manifestación social tuvieron que cerrar sus puertas por seguridad a pedido de la Policía.

El acampe resiste 

Por lo pronto, en el epicentro de la ciudad reina una paz producto de la espera de los tiempos judiciales. Es que la familia Simón y quienes los acompañan, expresaron con contundencia su voluntad de seguir allí hasta que la Cámara de Apelaciones de Azul se expida en torno a la detención de Jaureguiber.

Hace una semana, la jueza de Garantías, Stella Maris Aracil, dictó la detención del exdirector de Espacios Verdes de Tandil y denegó la eximición de prisión pedida por su abogado, Luciano Tumini, con la salvedad de que no se haga efectiva hasta que no quede firme el rechazo a la eximición de cárcel en las distintas instancias de apelación. 

Los acampantes  estiman que antes del inicio de la feria judicial el tribunal debería pronunciarse al respecto, para no prolongar aún más el conflicto latente. No obstante, hasta el miércoles, como se publicó en estas páginas, el expediente no había llegado aún a la Cámara de Apelaciones azuleña. 

De no mediar una resolución judicial antes del 31 de diciembre y pasar al receso estival, la voluntad de los manifestantes es resistir en su metodología de lucha hasta que el acusado tenga prisión preventiva. Además, se sumó la cuestión de Roberto Pérez, el chofer del Intendente que quedó en la mira por la conversación que mantuvo con el imputado horas antes de que este se entregara a la policía y que no fue blanqueda en el contacto que las autoridades, entre ellas el propio jefe comunal, mantuvieron con los deudos de la víctima el jueves 9 de diciembre. 

En este sentido, exigen el apartamiento de Pérez de su puesto en la secretaría privada del intendente Lunghi y que avance la investigación por encubrimiento sobre la esfera del Ejecutivo local. 

El pedido de justicia 

Así las cosas, la familia Simón se presentó como querellante y está patrocinada legalmente por el abogado Marcelo Argeri. Además, no se descarta la posibilidad de presentar una denuncia formal por encubrimiento a los funcionarios de la plana mayor para que el fiscal que ahora tiene en su despacho el expediente, José Ignacio Calonje, de Investigaciones Especiales, profundice en esa arista y revise los movimientos y comunicaciones que los funcionarios hicieron ese trágico domingo 5 de diciembre. 

La causa, caratulada como “Homicidio culposo agravado por omisión de socorro”, estaba en manos del fiscal Damián Borean. Por los ribetes institucionales que adquirió la pesquisa y los elementos que tanto el fiscal como la jueza valoraron para pedir la detención de Jaureguiber, al entender que puede entorpecer la investigación, el caso se trasladó a Azul para que Calonje pondere si hay material probatorio que pueda acreditar un eventual encubrimiento por parte de las autoridades comunales. 

Por otro lado, Griselda Altamirano, la responsable política del Movimiento Primero de Octubre que coordina la medida de fuerza frente al Municipio, señaló que no debe desviarse la atención hacia su persona porque lo importante es esclarecer la muerte del joven, y que no le importa si va presa. Al respecto, vale referir que se sustanciaron denuncias penales tras los incidentes protagonizados en el Municipio el lunes 6 y el 13, que apuntan a la responsabilidad penal de Altamirano. Como cuenta con sentencia previa por otras causas, de resolverse una nueva sanción penal, esta deberá ser de cumplimiento efectivo.

En este sentido, la mujer sostuvo que cuando llegue el momento se ajustará a derecho si la convocan y que no teme las posibles consecuencias judiciales. Sin embargo, ratificó su convicción de continuar acompañando a la familia Simón en este derrotero y de seguir exigiendo justicia en este caso que adquirió tintes inesperados. 

Bajo esta línea, calificó como un “hecho institucional grave” el accionar del Gobierno municipal luego de conocerse que el responsable del accidente que le costó la vida al adolescente de 19 años era un funcionario político de la gestión lunghista que, por ahora, mantiene su libertad mientras la causa prosigue su instrucción.