Para Iparraguirre, la condena a Cristina Fernández es “otro despliegue más de la actuación del partido judicial”

El diputado nacional Rogelio Iparraguirre (Unión por la Patria) se refirió a la reciente condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos a la expresidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner en la causa por la obra pública de la provincia de Santa Cruz, y aseguró que se trata de “otro despliegue más de la actuación de lo que denominamos 'el partido judicial'”.

“El partido judicial: lejos de la gente y cerca del poder económico, del poder político, del poder mediático, que actúa en función de la defensa de intereses que están distantes de ser los intereses de las mayorías”, fue una de las definiciones que el legislador formuló ante el micrófono de Tandil Despierta, por ECO TV y la 104.1 FM, para referirse a la ratificación, por parte de la Cámara Federal de Casación Penal, del fallo que en diciembre de 2022 había condenado a la exmandataria de la Nación por el delito de administración fraudulenta en el caso de la obra pública concedida al empresario Lázaro Báez en la provincia de Santa Cruz.

Ayer el diputado de Tandil comentó que “lo novedoso” del reciente fallo  “es que con el voto en disidencia del juez (Gustavo) Hornos, (Mariano) Borinsky y (Diego) Barroetaveña descartaron la figura de la asociación ilícita: la rechazaron” y acotó: “con lo cual menos aún es posible sostener la acusación”.

En ese sentido, Iparraguirre recordó que, en las más de 200 audiencias realizadas en el marco de la causa, "todos los testigos, incluidos los citados por el Gobierno de (Mauricio) Macri y por (los fiscales) (Sergio) Mola y (Diego) Luciani, declararon en contra de la acusación y la desmontaron por completo". 

“La auditoría de Vialidad nacional, encargada por Macri –por (el exministro de Energía, Javier) Iguacel- que duró todo el año 2016, no arrojó un solo resultado respecto a las obras no hechas”, dijo.

Y completó: “los propios testigos de las empresas competidoras en las licitaciones, que competían con Austral Construcciones -por ejemplo Ángelo Calcaterra, el primo de Macri, que fue testigo en la causa- explicaron que ellos ganaban infinidad de obras en el resto del territorio nacional pero que les era muy difícil competir por un tema de costos –elemental- con una empresa radicada en Santa Cruz, como Austral Construcciones, que tenía en esa provincia más de 3.000 empleados y más de 250 camiones".

Esta disponibilidad de recursos humanos y materiales en su provincia de origen –sostuvo Iparraguirre- "explica por qué esa empresa ganó 51 licitaciones de más de 500 a lo largo y ancho del territorio nacional". 

"Lo curioso –señaló- es que a nadie se le haya ocurrido investigar a esas 450 obras que hicieron Iecsa, Calcaterra o Techint, las empresas por todos conocidas".

Y remarcó que “más que nunca se desnuda, me parece a mí, y se sostiene esta figura que nosotros denominamos el partido judicial; es decir, un poder judicial que por eso tiene el 83 por ciento de imagen negativa".

“Es una persecución sin precedentes”

El miércoles pasado, la Cámara Federal de Casación Penal resolvió la situación de los 13 acusados en el caso de la obra pública en Santa Cruz. En concreto, la Sala IV de esa Cámara confirmó todas las condenas y las absoluciones que fueron dictadas en diciembre de 2022 por el Tribunal Oral Federal Nro. 2 integrado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso.

En este contexto, se ratificó la condena a la exVicepresidenta de la Nación, al empresario Lázaro Báez y al exsecretario de Obras Públicas José López. 

En su Resolución, los jueces sostuvieron que “desde 2003 a 2015 funcionarios públicos nacionales y provinciales, entre los que se encontraba la dos veces presidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner, llevaron a cabo una maniobra fraudulenta que perjudicó de manera trascendente a las cuentas del Estado nacional, pues se desvió el dinero público en favor del empresario Lázaro Antonio Báez a partir de la asignación de obra pública vial a sus empresas”.

La misma Sala confirmó la absolución del exministro de Planificación Federal, Julio De Vido; del exsubsecretario de Obras Públicas, Abel Fatala, y de otros exfuncionarios de Vialidad de la provincia Santa Cruz.

Se supo que la actual presidenta del Partido Justicialista (PJ) llevará a la Corte Suprema de Justicia de la Nación el fallo condenatorio para su revisión.

En diálogo con este Multimedios, Iparraguirre habló ayer de una “persecución sin precedentes” a la exmandataria por parte del “partido judicial” y lo atribuyó al hecho de que “siga habiendo sectores muy amplios de nuestro pueblo que ven en ella la posibilidad de reconstruir alguna esperanza”.

“Lo que no toleran y no soportan en torno a la figura de Cristina es que pase el tiempo, se sumen años y años de persecución sin precedentes prácticamente en la historia argentina hacia su figura, y que siga habiendo sectores muy amplios de nuestro pueblo que ven en ella la posibilidad de reconstruir alguna esperanza”, aseguró.

Y adjudicó esa esperanza a que “siempre habla de claridad y de frente en defensa de los intereses del pueblo y porque, además, hay una experiencia material contante y sonante, que fue el ciclo de los gobiernos de Néstor y Cristina, que le mejoraron y le transformaron la vida a millones de argentinos”.

“Ese es el contexto en el que se da la persecución”, sostuvo el legislador de Tandil.

Sobre la acusación de encabezar una asociación ilícita que posteriormente el fiscal Luciani le adjudicó a Fernández de Kirchner y cuya figura el tribunal finalmente denegó, el referente de UxP expresó que la ‘asociación ilícita’ “era la única manera de enredar a la exPresidenta en una trama delictual tal como la describían ellos”. 

En ese marco explicó que a “las obras públicas las aprueba el Parlamento de la Nación, tanto diputados como senadores”, y agregó que “hasta donde sabemos, esos cientos de diputados y senadores no han sido ni siquiera citados a declarar; mucho menos imputados en ninguna causa”.

Iparraguirre también mencionó que “los actos de administración del Estado nacional están a cargo del jefe de Gabinete y del ministro del área en cuestión; en este caso estamos hablando de Obras Públicas”.

“Y ni el jefe de Gabinete de aquel entonces ni el ministro fueron imputados en esta causa”, aseguró e insistió en que “entonces tuvieron que inventar esta figura”.

Quita de la jubilación de privilegio

Por otra parte, el diputado nacional y excandidato a intendente de Tandil por el PJ se refirió a la decisión del Gobierno nacional de dar de baja el jueves pasado la jubilación de privilegio de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, un acto que –aseguró-  “es una animalada”.

"Creo que no van a avanzar administrativamente con este anuncio porque, la verdad, es que en cualquier Juzgado se les cae en un santiamén", dijo ayer Rogelio Iparraguirre y la consideró que “es una animalada, básicamente porque no es una atribución del Poder Ejecutivo".

"En primer lugar, yo creo que no lo van a hacer. En segundo lugar, eso existe por una Ley”, manifestó en referencia a la Ley Nro. 24.018, sancionada en 1991, que establece las asignaciones mensuales vitalicias para el Presidente y Vicepresidente de la Nación y los Jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, entre otros funcionarios de alto rango.

Se trata –afirmó Iparraguirre- de una “jubilación que cobra Zulemita Menem por su padre (Carlos Saúl Menem), que fue condenado en segunda instancia, igual que Cristina".

Sobre el anuncio que hace dos días realizó el vocero presidencial Manuel Adorni, el diputado de Tandil consideró que "se suma a una estrategia del Gobierno que creo que, honestamente, es muy exitosa frente a los objetivos que ellos buscan, que es la de generar caramelos de madera, fuegos de artificio y mucho humo todo el tiempo, mientras la gente empieza a preguntarse cómo va a hacer para pagar la boleta de la luz, la boleta de gas, el alquiler; mientras vemos en el supermercado a la gente pagando alimentos en cuotas con la tarjeta de crédito”.

"Necesitan entretener a la tribuna: pan y circo, un poco la lógica del circo romano", señaló el referente de Unión por la Patria. 

Y cerró: "creo que le sirve al Gobierno pero solo para un momento; es una estrategia de patas cortas".