Para el gremio informático la Ley de Economía del Conocimiento no representa a los trabajadores IT
Si bien apoyan la normativa, objetaron las enormes expectativas con respecto a la generación de trabajo, que no compromete al empresariado en la generación de esos puestos. Marcaron falta de políticas para pymes y contradicciones para la formación de profesionales. “Hay un claro interés de ningunear o desconocer la genuina representación del trabajador”, indicó el delegado local.
La semana pasada la cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de Ley de Economía del Conocimiento que había sido anunciado en marzo, con miras a reemplazar a la vieja Ley del Software, que caduca en diciembre de este año. La Unión Informática participó de la reunión de la Comisión de Comunicaciones e Informática de esa cámara y demostró su disconformidad con varios de los puntos.
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La nueva propuesta busca ampliar el campo de la Ley del Software a otras actividades como la biotecnología, audiovisuales, videojuegos y otros. Si bien desde el gremio juzgaron como positiva la idea de incentivar la inversión en un sector dinámico y en expansión de la economía, desde el campo del trabajo, como representante de los empleados del sector IT, puede realizar importantes aportes a una próxima política de Estado en esta materia. Desde la Asociación Gremial de Computación (AGC) calificaron de necesario, para un desarrollo sustentable y con beneficios para todo el país, que se contemplen temáticas como la formación profesional permanente de los trabajadores, ampliar beneficios especialmente para Pymes y emprendedores nacionales así como cuestiones laborales y de reglas claras de trabajo.
En el marco de la sesión conjunta de las Comisiones de Hacienda y Presupuesto y de Comunicaciones e Informática de la Cámara de Diputados de la Nación, los representantes de la AGC expusieron las objeciones de los trabajadores informáticos al proyecto impulsado por el Gobierno y las corporaciones del sector IT, por entender que el mismo sólo tiene como objetivo una transferencia de recursos públicos multimillonaria a las grandes empresas, sin el menor contralor del Estado ni un compromiso real por parte del empresariado, ya sea en la generación de empleo genuino o en la reinversión de sus ganancias para la consolidación de la industria.
Números exagerados y falta de compromiso
Al respecto, Manuel Alonso, delegado del gremio en esta región, se manifestó de acuerdo con que haya una ley de este tipo y que se fomente la industria informática en particular y del conocimiento en general, pero remarcó que hay algunos puntos que objetar y que consideran elemental revisar.
En principio, porque hubo algunos actores que no fueron consultados ni tenidos en cuenta para la redacción del documento, ya que los trabajadores no tuvieron ningún tipo de lugar para la participación, como tampoco las universidades contaron con espacio para aportar. “Más que nada fue una iniciativa llevada adelante por el sector privado, directamente por las grandes empresas”, aseveró.
Tras la presentación, surgieron para el sector IT algunas cuestiones dignas de atención, por lo que pidieron que se trate con seriedad el proyecto. En este sentido, el delegado regional sostuvo que se habla de números grandilocuentes de creación de empleo, sin embargo no se establece compromiso alguno por parte del empresariado en pos de la generación de esos puestos. Así como también se dan exenciones impositivas, pero sin una contraparte que las garantice.
“En concreto, se habla mucho de empleo de calidad, pero habría que ver exactamente a qué se refieren, porque en nuestro sector no contamos con una negociación paritaria, nunca la hemos tenido”, analizó, entendiendo que para contar con trabajos dignos es necesario hablar de salarios que sean capaces de ofrecer un poder adquisitivo que sea sostenido en el tiempo. Para esto, ve fundamental una representación clara, reconocida y contundente de los trabajadores, donde pueda haber espacios de negociación.
“Estamos organizados, pero hay un claro interés de ningunear o desconocer la genuina representación del personal del sector. Como dijo Tosco en las comisiones, se trabaja para que nosotros no tengamos paritarias”, lamentó.
Sin políticas para Pymes
Además, centrándose en el artículo 13 sugirieron una modificación precisamente en lo que respecta al órgano de gobierno como responsable de la nueva normativa, al considerar que también deberían estar involucrados o representados los trabajadores.
Alonso quiere creer que todos bregan por el crecimiento del sector y su continuo desarrollo, y enumeró algunas de las virtudes que tiene como generador de valor, de empleo y exportaciones, por lo tanto como productor divisas, lo que es sumamente positivo para la economía nacional.
“Sospecho que son los intereses de las grandes corporaciones los que limitan la existencia de una política segmentada para las pequeñas y medianas empresas, que son las que generan la mayor cantidad de empleos en todos los ámbitos y las que en gran medida forman a los profesionales”, aseguró, ejemplificando que hay exención de impuestos, pero sin diferenciación por el tamaño de la compañía.
Los profesionales y su formación
Otro de los puntos que remarcaron de la presentada Ley está justamente relacionado con la formación, entendiendo que este incentivo al desarrollo de la industria del conocimiento tiene que darse de manera integral, debiendo considerar lo que son las políticas de formación profesional. En este sentido, recordó que el sector se nutre mayormente de expertos egresados de las universidades públicas, lamentando que hoy en día este sistema educativo está sufriendo ajustes presupuestarios, dentro de ello las áreas de ciencia y tecnología.
“Entonces, por un lado se busca fomentar el desarrollo de la industria, pero por otro los espacios genuinos de formación académica se ven desfinanciados y atravesando un momento muy difícil”, planteó Alonso.
Finalmente, la normativa ya obtuvo media sanción de la Cámara de Diputados de la Nación y aguarda el pase al Senado. De todas formas, la Asociación Gremial de Computación propuso una prórroga de la Ley 26.692 actualmente vigente, para que los actores del sector informático excluidos del debate de este nuevo proyecto puedan participar en su discusión. En el caso de que siga adelante el tratamiento del actual proyecto parlamentario, el sindicato informático propuso introducir algunos cambios en el artículo 13 del mismo, donde se estipulan las entidades de control, de modo que exista una representación igualitaria de los sectores de la producción y el trabajo para garantizar la correcta aplicación de los fondos asignados.
“Nosotros ya hemos visto en etapas anteriores otras iniciativas similares donde el sector empresario se daba a sí mismo los fondos para formación y era también el único que se controlaba, con los resultados antes mencionados. Señores, tratemos de ser serios en esto”, concluyó el secretario General de la Asociación Gremial de Computación, Ezequiel Tosco, en medio de la reunión.
