Organizaciones ambientalistas siguen con su lucha y denunciarán penalmente a los concejales

Los grupos vecinales que se oponen a la nueva normativa sobre uso de agroquímicos perseveran con su lucha pese a que la ordenanza entrará en vigencia. De esta manera, anticiparon que utilizarán todas las herramientas legales y administrativas que estén a su alcance, entre ellas, denuncias penales de diferente tenor, que les permitan poner un límite a lo que entienden como un avasallamiento a la salud de la población.

En una conferencia de prensa, integrantes de diferentes organizaciones; Silvia Sciancaglini, Virginia López Toledo, Pablo Orcajo y Claudio Lowy, expusieron que este martes  se cumplieron los 10 días hábiles desde que el Concejo Deliberante aprobó el proyecto en cuestión y se venció el plazo para que el intendente Miguel Lunghi lo vetara. Así, el mismo se convirtió legalmente en ordenanza.

“Este hecho será recordado históricamente por la población de Tandil, sentenciada por sus funcionarios de gobierno a una ordenanza que destruye el ambiente, empobrece y, por sobre todo, causará daños irreversibles en la salud”, expresaron. 

Según detallaron, la legislación, que se sancionó en medio de una fuerte polémica y con custodia policial en el Municipio, es “ilegítima” e “inconstitucional”, porque no se dio lugar a la participación ciudadana y porque no plantea planes de reducción del uso de los agrotóxicos. 

Asimismo, señalaron que es inviable que un organismo de control, compuesto por una sola persona, monitoree las 483.653 hectáreas del Partido para verificar que se resguarden las zonas de exclusión y demás, establecidas dentro de los 60 metros de lugares habitados y de 150 metros en los casos de escuelas rurales, centros de salud y establecimientos alimenticios. 

Inclusive recordaron que la ordenanza avala el uso de las llamadas “líneas de jardín”  en toda la planta urbana y en cualquier sitio, como si fuera un producto de menor impacto. 

“La línea jardín tiene principios activos como el glifosato  y otros insecticidas peligrosos. La ordenanza dice que se puede aplicar en cualquier lugar, es la foto que veíamos en la pileta de Gardey hace un par de años. Tiene un altísimo riesgo a la salud”, explicó el ingeniero Lowy. 

Denuncia en la Justicia Federal 

En tanto, el profesional, miembro de la ONG Bios Nodo Tandil, que presentó en 2019 un proyecto de regulación a través de la Banca 21, informó que hace un año y medio desde la entidad motorizaron una denuncia en la Justicia Federal por la contaminación de los pozos de agua de 15 escuelas rurales, investigación realizada por la docente e investigadora de la Unicen Graciela Canziani. 

La Fiscalía Federal dio curso a la denuncia y ordenó la recolección de pruebas. Además de escuchar los testimonios, hace dos días agentes de la Policía Federal tomaron muestras biológicas, y de suelo y agua para analizar, en el marco de una causa instruida en base a la Ley Nacional 24.051 de tratamiento y saneamiento de residuos peligrosos.

Las muestras fueron tomadas en escuelas, espacios públicos y también hubo un allanamiento en un establecimiento  agropecuario privado, la estancia “Don Juan” de Gardey.

Al respecto, Lowy indicó que “los tiempos de la justicia no los manejamos nosotros pero tenemos mucha expectativa en esto, porque no tiene que haber plaguicidas en el agua. También tenemos expectativas en poner en vigencia la cautelar del juez Blanc, que impide hacer aplicaciones a menos de 500 metros. Claramente la ordenanza transgrede el principio de no regresión, y ahora tenemos que un juez dice una cosa y la normativa dice otra”.