Judiciales
Nuevo giro en la causa del Hipódromo por el aval del Municipio al concesionario que firmó el Intendente
Una nota de 2006 rubricada por Miguel Lunghi, que se reveló en el debate oral, expuso que el Municipio “asume la total responsabilidad por la explotación del citado hipódromo”. En tanto, excusaba a la Provincia ante cualquier inconveniente que pudiera surgir. El denunciante Jorge Cuenca hará una presentación ante el Tribunal de Cuentas. En paralelo, llevará el documento al Juzgado de Garantías 5 de La Plata que toma la posta de la investigación penal por presunto fraude derivada del juicio oral y público.
El denunciante en la causa que investiga irregularidades en la explotación del Hipódromo de Tandil, Jorge Cuenca, confirmó que hará una presentación ante el Tribunal de Cuentas a raíz de la decisión del intendente Miguel Lunghi de ofrecer al Municipio de Tandil como aval del concesionario Vistas Serranas SA ante el Instituto Provincial de Loterías y Casinos. Desde su óptica, ese acto administrativo puso el riesgo el patrimonio de la comunidad y, en paralelo, dejó a la vista que el Ejecutivo debía controlar el cumplimiento del contrato por parte del privado y el destino de los millonarios subsidios.
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En los 18 cuerpos obrantes en la causa por irregularidades en el Hipódromo de Tandil cobró relevancia actual una nota firmada por el intendente Miguel Ángel Lunghi, el 6 de febrero de 2006, justo un mes antes de la reinauguración del circo de carreras. El objetivo de ese acto administrativo fue que la concesionaria Vistas Serranas SA pudiera cobrar el subsidio extendido por Loterías y Casinos de la provincia de Buenos Aires, conforme establece la Ley del Turf.
Esa declaración de 2006 enviada al ingeniero Francisco Laporta -por entonces interventor del Instituto Provincial de Loterías y Casinos- expresa: “Tengo el agrado de dirigirme a Ud. con el propósito de ampliar los términos de la nota de fecha 3 de febrero del año en curso, a través de la cual este Municipio le hace saber que llevará adelante la explotación del Hipódromo de su ciudad”.
Y en el segundo párrafo del documento se le informaba al responsable de Loterías que “atento a ello y en función de la administración y explotación que efectuará la empresa Vistas Serranas SA vengo por la presente a manifestar que el Municipio de Tandil asume la total responsabilidad por la explotación del citado hipódromo, estando a su exclusivo cargo afrontar cualquier consecuencia por el mismo, por lo que cualquier disposición en contrario que rija o pueda regir con la empresa referida, no será oponible a este Instituto”.
La revelación
La nota fue un hallazgo del fiscal Marcos Eguzquiza, ya que era desconocida tanto por el denunciante como por los concejales de aquel entonces que llegaron a concretar una interpelación al secretario de Desarrollo Local Oscar Maggiori por presuntas irregularidades en la concesión y falta de controles municipales. Incluso, no pasó por el Legislativo, por lo que se estima que fue incorporada después del contrato con Vistas Serranas.
“Nos enteramos en el juicio de esa nota. Yo pude tomar vistas de la causa recién hace tres meses, porque la causa iba y venía. Recién ahí pude buscarla en 18 cuerpos y sacarle una foto”, explicó el denunciante Jorge Cuenca que ahora recurrirá al Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires.
“Lo grave de esto es que el señor Intendente se tomó atributos que no le corresponden. Se habla de un aval y entran tres partes: él pone de garantía nuestro patrimonio en favor de un tercero que es Vistas Serranas. Es distinto a una garantía donde intervienen dos partes”, dijo Cuenca al poner en crisis el acto administrativo que formó parte del expediente municipal incorporado a la causa penal a pedido del fiscal.
“En la investigación del fiscal Marcos Eguzquiza, más allá de que yo marque mis diferencias, es un punto de inflexión porque es un detalle no menor”, expuso y repasó que en el juicio oral, el fiscal “les hace reconocer la nota a Lunghi y después a ‘Piedrita’ Rodríguez (expresidente de Loterías), pero se quedó ahí; no fue más allá y había que ir más allá porque no es una nota menor. Es una nota grave, gravísima”.
Cuenca anticipó que “voy a ir al Tribunal de Cuentas que en definitiva obliga a denunciar a todo ciudadano que ve algún perjuicio económico, y acá quedó acreditado el perjuicio económico a través del juicio oral y público, lo cual le da una renovada validez a esta nota”.
Y argumentó que “quedó acreditado que no se pagaban las multas, las infracciones tipificadas en el punto 2 inciso 10 del pliego de bases y condiciones; quedó acreditado que no se cobraron los cánones locativos en tiempo y forma; quedó acreditado que no se hicieron las obras; quedó acreditado que hay un funcionario que no cumplió con sus funciones. Entonces, ya está acreditado que hay un perjuicio contra el erario y que el señor Intendente puso como garantía nuestro patrimonio”.
Incluso, sostuvo que le sumará el caso del veedor contratado por la comuna que en el juicio, más allá de ratificar las irregularidades que constató en su momento, declaró ante el Tribunal que después de su renuncia siguió cobrando su sueldo durante dos años, a pesar de presentarse dos veces ante el Municipio para regularizar la situación.
La competencia
En paralelo, Cuenca indicó que esta nota cambia los deberes y responsabilidades en relación a los controles sobre la rendición de los millonarios subsidios provinciales que debían destinarse a obras de infraestructura y premios.
“Por supuesto que voy a presentar la nota ante la jueza Marcela Inés Garmendia (Juzgado de Garantías 5 de La Plata). Lamento no haber podido presentarla antes de que fuera a Casación y lamento que el Tribunal Oral Criminal de Tandil no le haya prestado la atención que merece esta nota”, dijo.
Nobleza obliga, reconoció “la atención que recibí las dos últimas veces que fui al Juzgado de Garantías 1, fue única, indescriptible” y resaltó la disposición del magistrado José Alberto Moragas, quien le proporcionó la información sobre el juzgado platense al que fue derivada la causa.
Tras el juicio oral y público, el TOC 1 consideró la existencia de una posible comisión del delito de fraude en perjuicio de la administración pública por parte de Emiliano y Carolina Blanco (sucesores de Vistas Serranas SA), Roberto Berti (exgerente de la concesionaria), Oscar Maggiori (exsecretario de Desarrollo Local del Municipio), Jorge Rodríguez (expresidente de Loterías y Casinos), y los miembros de la Comisión de Seguimiento de la Ley del Turf que tenía responsabilidades en la supervisión del Hipódromo de Tandil. Tras los vaivenes del expediente, el Juzgado de Garantías local resolvió la competencia del Juzgado de Garantías 5 de La Plata, por lo que las actuaciones fueron giradas a la capital provincial.