Máxima alerta en Inquilinos por la posible derogación de la ley de Alquileres

El jueves pasado, el vocero presidencial Manuel Adorni, anticipó que el gobierno de Javier Milei buscará derogar la actual ley de Alquileres. 

“Entendemos que le ha hecho mucho daño al mercado inmobiliario y todo lo que le hace daño a la gente será subsanado y corregido”, sostuvo el funcionario en su habitual conferencia de prensa desde Casa Rosada, que ratificó la postura de La Libertad Avanza en promover “siempre la libertad de las partes en contratos privados”.

“Seguramente haya novedades respecto a eso”, adelantó Adorni.

El Eco habló con Juan Arrizabalaga, referente de Tandil dentro de la Federación de Inquilinos Nacionales, quien aseguró que ante el escenario expuesto, la única herramienta que tienen los arrendatarios “es organizarse, porque si el Estado va a estar del lado de quien va a imponer las condiciones, el sector inmobiliario no lo va a querer cumplir”.

- ¿Cómo ven desde la Federación lo que adelantó el vocero presidencial sobre la derogación de la ley de Alquileres?

- La declaración del vocero presidencial concuerda con lo que ya había dicho el presidente Javier Milei, y el rumor es que podría ser parte de un decreto en donde entraría la derogación de varias leyes y la regulación en general de distintas materias, una de ellas es la de Alquileres. 

Para nosotros la discusión es la difícil situación que hay hoy de acceso a la vivienda, y particularmente a los alquileres, ante lo cual la ley es una contención para hacerle frente a la crisis. Quitarla o desregularla, es decir permitir contratos más cortos y ajustes por encima de lo que venía pautando la ley de alquileres; y dolarizarlo, va a potenciar fenomenalmente la crisis de alquiler.

Es un modelo inhumano, porque la gente no puede vivir con contratos cortos y dolarizados, o más caros de lo que ya están. 

- ¿Qué podría pasar si se anula la ley?

- Ellos hablan de un eufemismo del acuerdo entre partes que pactarían los tiempos: plazo del contrato, precio, tipo de ajuste y de moneda, lo cual no es un pacto sino una imposición. Y eso bajo el discurso de que mejora la oferta. 

Si hay veinte o cincuenta departamentos, pero a vos no te alcanza para pagarlo; no es una mejora de la oferta sino de la rentabilidad de los rentistas. Vamos a una situación donde el objetivo, que es de alguna manera la utopía de lo que nosotros llamamos "la casta inmobiliaria" es borrar la frontera entre el alquiler habitacional y el alquiler temporario turístico, que son contratos cortos y dolarizados. Así se logra una rentabilidad a corto plazo e imponer las condiciones de ajuste. 

Esto va a llevar a una crisis habitacional que no vemos desde hace décadas en Argentina. Si ahora estamos difíciles, esto es una locura. Es un alerta y es de enorme gravedad. 

Claramente están viendo la forma de pasar por encima el código civil y comercial, y las normas en Argentina, para imponer una dolarización. No solo se viene una crisis habitacional fenomenal, sino que el objetivo es sacarle los pocos dólares que tienen ahorrados algunos inquilinos asalariados o de clase media para traspasarlo al sector privado. Y por lo tanto es una transferencia de ingresos. 

Es un saqueo, no tiene mucha vuelta. Quienes hacemos una crítica a esto, al principio parecía que estábamos arando en el desierto, pero de a poco las cosas de vieron.

Y en esto va a suceder lo mismo: quienes venimos luchando por los alquileres sabemos que no estamos en el mejor de los mundos por el acceso a la vivienda, pero una regulación en esa lógica en la que no hay ningún derecho; y donde la vivienda no es un derecho; va a generar una crisis fenomenal.

Y al final, hay que asumir los costos de esa crisis porque después nadie se quiere hacer cargo.

- ¿Qué consultas están teniendo en la Federación?

- De todo tipo. Desde que se anunció la derogación de la ley, si bien no hay nada firme, miles de inquilinos no están pudiendo firmar contratos porque están esperando.

La otra es que no se cumple porque el Estado no defiende la ley, y al no haber gobierno no se cumplen las condiciones, y después hay ofertas en dólares, contratos de seis meses -que es lo que se viene y es el objetivo del Gobierno también, como lo dijo abiertamente. Nadie que haya votado a Milei no sabe lo que dijo sobre los alquileres. La propuesta del sector inmobiliario y de distintas cámaras que financiaron la campaña es que haya contratos cortos y precios liberados, o dolarizados.

Las consultas tienen que ver con que la gente no va a poder pagar el alquiler o que no va a haber renovación de contrato; o que van a haber contratos muy cortos. O la oferta en dólares, que es lo que la ley pretendía impedir. 

Ya sabemos que hay inquilinos que no están pudiendo pagar el segundo mes de alquiler porque los pisos son muy altos; y hay miles con el contrato vencido porque no consiguen alquilar porque los rentistas están esperando que se derogue la ley para imponer contratos cortos y con precios más caros. 

- Un inquilino que alquiló hace poco con la nueva ley, ¿se puede quedar tranquilo?

- Los inquilinos en Argentina no se pueden quedar tranquilos nunca. Los contratos deben cumplirse de la forma en la que se fijaron: sea con la ley de 2020 de tres años y ajuste anual, o con la reforma de 3 años de ajuste semestral por índice Casa Propia. 

Lo que vamos a tener que hacer es ver cómo nos organizamos, porque si el Estado va a estar del lado de quien va a imponer las condiciones, el sector inmobiliario no lo va a querer cumplir.

Lo que venía sucediendo con la evolución anual de los precios del mercado en Argentina era que estaba entre 250 y 280 por ciento. Hoy la inflación está en 160 por ciento (antes de la última devaluación); y el índice del contrato de alquiler está en 120.

Ahora, el objetivo sería dejar todo en manos del mercado. Incluso la posibilidad de que lo cobren en moneda extranjera aunque el inquilino no tenga; o si no tendría que ir al dólar blue y pagar dos veces más para poder pagar un alquiler en dólares. Eso se viene con Milei. Y el que avisa no traiciona.

- ¿El inquilino tiene alguna herramienta hoy, a la hora de negociar?

- No, si el mercado te atropella y el Estado es cómplice, la única herramienta que tiene el inquilino es organizarse. Van a sacar la ley de Alquileres para imponer la ley de la Selva. Y ante eso, solo existe la organización y la solidaridad. No va a haber otra herramienta. Creo que no es un debate ideológico ni político: es aprender a defender tu bolsillo y tu hogar. 

Si te liberan los precios de los alquileres, del transporte y la comida, el famoso ajuste no lo está pagando la casta sino el inquilino. La gente tiene que recuperar la conciencia de aprender a defender los intereses, porque lo que van a hacer no tiene nada que ver con defender el bolsillo del laburante de a pie -que es el que paga alquileres- sino el de los especuladores.

El inquilino, mientras tanto, va a tener que dejar hasta lo que no tiene para pagar el alquiler; o se va a tener que mudar a la casa de otros; o van a empezar las tomas de tierras.

- ¿Cuál es el próximo paso como Federación?

- En las ciudades grandes se están generando equipos legales, porque no se trata solo de asesorar sino también de defender considerando que se puede venir una ola de desalojos. Tengamos en cuenta que hoy en Tandil se ofertan departamentos por 500 o 600 mil pesos de inicio de contrato; y 300 mil pesos un monoambiente de 35 metros cuadrados. La situación es muy compleja porque además están pidiendo actualizaciones de valores por fuera de lo que dicen los contratos firmados; y para quien empiece un contrato bajo las nuevas condiciones va a ser muy difícil que lo pueda sostener durante los meses que le siguen.

Esto no tiene que ver con achicar el gasto. Son medidas a favor de la casta inmobiliaria, y en contra de los trabajadores, que son 10 millones de inquilinos en Argentina.

- ¿Esto se puede hacer por DNU, sin pasar por el Congreso?

- Yo les diría a los defensores de la república, que si un presidente puede sacar un DNU porque lo votaron y llevarse puestas diez leyes, evidentemente no estaríamos hablando de la república sino de otra cosa. La diferencia es que ascienden por elecciones, pero el formato de gobierno se parece mucho más a otra cosa que a una democracia. 

Lo que pasa es que durante cuatro años, el sector inmobiliario y la derecha perdieron en el Congreso y en la opinión pública el debate sobre reformar la ley. Evidentemente pueden volver a perder; y por eso tienen la intención de derogar algunas leyes mediante decreto, a favor del sector empresarial.