Los ocupantes del predio de La Movediza piden pagar por un terreno para poder construir sus casas

El conflicto que se generó a partir de una toma de tierras en La Movediza ocurrida en febrero de este año, en un predio ubicado en Piccirilli al 1000, abrió numerosas instancias de negociación entre diferentes actores institucionales. Suspendido el desalojo compulsivo, las partes siguieron dialogando para tratar de hallar una solución al problema pero aún no hay definiciones en esta línea. 

En las últimas semanas, se barajó  la posibilidad de que el propietario le venda el macizo al Estado provincial para que allí se genere suelo urbano. De este modo, el predio se lotearía y una parte iría a un grupo reducido de personas en situación de vulnerabilidad que actualmente ocupan el espacio, y el resto se pondría a disposición de la comunidad a partir de los mecanismos de Acceso al Hábitat y otras leyes vigentes que garantiza la generación de suelo urbano. 

Asimismo el particular, si bien en su momento efectuó la denuncia penal y pidió la expulsión por vía policial, está dispuesto a negociar el tema.

No obstante, ante esta posibilidad el Municipio se retiró de la mesa de trabajo (de hecho, faltó al último encuentro y presentó un escrito) porque las autoridades de Desarrollo Humano y Hábitat no están de acuerdo con la metodología. El posicionamiento -inflexible- que mantiene es que las familias instaladas en el lugar se retiren para después empezar a discutir alternativas. 

“Si no puedo pagar 

el alquiler me voy a la calle”

Camila es una de las mujeres que inició la ocupación del terreno y expuso que “seguimos esperando respuestas, el dueño y la Provincia van a volver a reunirse para ver qué hacer, pero me parece un poco injusto que el Municipio le haga pasar a tanta gente tanto tiempo esta situación”. 

En tal sentido, sostuvo que lo que piden es poder pagar por un terreno y construir una casa, para no quedar a disposición del expulsivo mercado de alquileres. Al respecto, Camila -en pareja y con dos hijos menores de edad- graficó que “sabemos cómo está la situación de todos, casi todo el sueldo se va en un alquiler y en la desesperación uno piensa qué hacer, a dónde ir. No te renuevan el contrato o sube mucho, y tenés que estar mudándote de acá para allá cada dos o tres años; quiero lo mío, lo propio, construir la casa de a poco y sacrificarme para algo mío”. 

Con un alquiler que vence en octubre y aumenta un 114 por ciento, la mujer decidió instalarse en el macizo en cuestión con el propósito de generar alguna solución habitacional en el marco de su precaria situación. Lo que empezó como una ocupación de 15 madres y sus respectivos grupos familiares, se masificó hasta el punto de que la Justicia restringió el ingreso de más personas a la toma y ordenó que no innovaran sobre las instalaciones. 

Por último, recalcó: “Si no puedo pagar el alquiler me voy a la calle, es muy difícil vivir de prestado con los chicos. La verdad es que el dueño está dispuesto a dialogar y a que se resuelva todo, podría acordarse un loteo y después un sorteo”. 

El camino judicial 

En tanto, pese a la denuncia penal efectuada en su momento por los titulares de las tierras y el pedido del fiscal Piotti de desalojar compulsivamente  el espacio –al que el juez Moragas accedió-, la expulsión forzada se suspendió hace dos meses.

La Cámara de Azul concedió el recurso de apelación con efecto suspensivo de la resolución dictada por el juez de Garantías José Alberto Moragas, que había dispuesto el 8 de julio como fecha límite para desocupar el predio en litigio. El pedido lo hizo la Defensoría Oficial para seguir trabajando en pos de arribar a soluciones para los grupos más vulnerables, pero la mesa de trabajo no arribó todavía a ningún consenso definitivo. 

Al respecto, se conoció un avance de acuerdo entre Provincia, el denunciante y los ocupas, pero sin el consentimiento del Municipio. Al respecto, desde el Juzgado de Garantías se fijó una audiencia para el 22 de septiembre entre las partes para analizar la posible salida a la cual estaría dispuesto el dueño de las tierras en pugna o desistir de la idea y encaminar el desalojo, lo que quedará a criterio del magistrado.