Los martilleros bonaerenses celebraron el fallo contra una franquicia inmobiliaria

El Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de la Provincia de Buenos Aires se anotició de la última sentencia que dio la Justicia contra las franquicias inmobiliarias, y sus autoridades destacaron que se trata de una decisión que refuerza la lucha que encarnizan contra la ilegalidad de estas prácticas y de las de los agentes.

“Todas las causas que llegaron a la Suprema Corte de Justicia han conseguido sentencias favorables, lo cual ratifica la posición del Colegio bonaerense, en las que planteamos que la actividad del profesional en franquicias es ilegal. La Corte una vez más nos dio la razón”, destacó el titular de la institución que nuclea a los martilleros bonaerenses, Luis Colao.

Si bien, desde el Colegio de Martilleros bonaerense no dieron precisiones sobre la causa judicial, el presidente de la institución detalló que el fallo fue sobre una franquicia y apuntó que, en líneas generales, este tipo de empresas arriban al país desde el extranjero y ponen en peligro el ordenamiento legal, al tiempo que aplican el ejercicio de la profesión de manera irregular.

“La Justicia una vez más dijo que no es así, que sea cual fuere el tenor de la empresa debe cumplir con la ley, y la ley vigente señala que los martilleros y corredores públicos tenemos que actuar en nombre propio y hacerlo de manera personal e indelegable. Por lo que esto es un fallo más que se hace en favor de la sociedad”, destacó Colao.

Vale precisar que, según informó la institución que nuclea a los martilleros bonaerenses, la Justicia dictaminó en un total de 30 causas que las franquicias ejercen la actividad de manera ilegal, al igual que los agentes inmobiliarios, aunque destacó que aún restan más de un centenar de denuncias que se encuentran cursando el proceso.

En esa línea, Colao destacó -en diálogo con el portal Diputados Bonaerenses- que el trabajo que realiza desde la presidencia y con el equipo que lo acompaña es en pos de que los profesionales del rubro ejerzan de acuerdo a las normativas que establece la Constitución, por lo que controlan que se cuide a los habitantes de la provincia de Buenos Aires.

“Más allá de lo que significa el fallo en sí, para nosotros como institución, el apoyo de la Justicia es no sólo para los martilleros bonaerenses, sino que es en defensa de los habitantes de la provincia de Buenos Aires. Porque los colegios a lo que responden es a defender a la sociedad en su conjunto”, destacó Colao.

Vale señalar que, los martilleros bonaerenses están regulados por la Ley 10.973 de la provincia de Buenos Aires, mientras que el Colegio como institución está enmarcada en la Ley 12.548, en esta última se confiere a las instituciones la obligación de bregar como un brazo del Estado en el control de los profesionales en pos de los bonaerenses.

“Por eso, nosotros decimos que esta posición nuestra sigue siendo inalterable y como también hemos expresado, apoyamos el trabajo que está llevando a cabo el diputado, (Rubén) Eslaiman, con la modificación de la Ley 10.973”, señaló el referente de los martilleros bonaerenses.

Insisten con la reforma

En mayo, el diputado bonaerense del Frente Renovador, Rubén Eslaiman, reflotó un proyecto que busca modificar la Ley 10.973, en la que el Estado establece los principios básicos del ejercicio de la profesión de los martilleros y corredores públicos de la provincia de Buenos Aires y los titulares del Colegio manifestaron su apoyo.

Asimismo, el proyecto que apunta a la problemática que mantiene en vilo a los martilleros bonaerenses en torno a la práctica ilegal de la profesión, cuenta con el aval del Ejecutivo de la provincia de Buenos Aires a cargo de Axel Kicillof y de la Corte Suprema, que solicitó que se hagan modificaciones por el avance inevitable de la tecnología.

Entre otros ítems, el diputado bonaerense propone incorporar un inciso en el artículo 53 de la Ley 10.937 que pretende prohibir que los martilleros y corredores públicos actúen con “franquicias comerciales o licencias de marcas destinadas a las actividades reservadas a los profesionales”.