Repudiaron el desalojo compulsivo en La Movediza y destacaron el trabajo territorial de la universidad

La Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional del Centro repudió el inminente desalojo por la fuerza en el conflicto por el acceso al hábitat en el barrio La Movediza. 

El evento se remonta a febrero de este año, con la ocupación de un predio emplazado en Piccirilli al 1000, situación que resultó judicializada. En este marco, se aplicó el Protocolo de la Suprema Corte provincial para estos casos pero al considerar que se agotaron las instancias de negociación, el titular del Juzgado de Garantías, José Alberto Moragas, dictó el desalojo a pedido del fiscal Luis Piotti. La medida fue suspendida en julio por la Cámara de Apelación y Garantías de Azul, con el objetivo de que se arribara a una resolución, aunque los intentos fracasaron y el conflicto quedó a las puertas del desahucio. 

En tanto, ante la negativa del Municipio de construir consensos, naufragó la posibilidad de suscribir un convenio urbanístico para convertir el macizo en suelo urbano y poder lotearlo. Asimismo, finalmente el dueño de las tierras también desistió de esta posibilidad y el conflicto volvió a foja cero. 

Vale reseñar que un grupo de 20 familias, formado en su mayoría por las madres que iniciaron la ocupación  del terreno, decidió retirarse pacíficamente del lugar hace 15 días para evitar mayores inconvenientes.

Mucho trabajo, pocas respuestas 

Desde que se suscitó el problema, en febrero pasado, los actores institucionales han desarrollado distintas acciones de promoción de derechos humanos en el marco del mencionado conflicto socioterritorial, particularmente, en materia de acceso justo al hábitat y a la ciudad. 

Así, actores universitarios vinculados a la Facultad de Ciencias Humanas, específicamente el Programa Integral de Extensión Acceso Justo al Hábitat en la región del centro de la provincia de Buenos Aires (Unicen), el Programa de Extensión Observatorio Social (FCH) y estudiantes y docentes del seminario permanente sobre Procesos de Intervención I de la carrera de Trabajo Social abordaron la temática, y participaron del relevamiento y trabajo de campo que se llevó a cabo en el marco de la aplicación del Protocolo judicial para buscar respuestas a la problemática en cuestión. Sin embargo, las propuestas de la mesa de trabajo conformada a tales efectos no prosperaron y la causa se estancó con una única salida: la expulsión por la vía judicial. 

En primer lugar, los referentes del Programa Integral de Extensión Acceso Justo al Hábitat de la Unicen se presentaron el 10 de marzo ante el juez José Alberto Moragas solicitando la implementación del Protocolo y ofrecieron datos para una comprensión estructural e histórica del problema de acceso al hábitat en Tandil.

Posteriormente, participaron en las reuniones de la Mesa de Diálogo y Gestión Institucional convocadas por la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires y la Defensoría del Pueblo de Tandil, desarrolladas desde marzo. 

En el mismo sentido, docentes de la licenciatura en Trabajo Social, del Programa de Extensión Observatorio Social y del Programa Integral de Extensión Acceso Justo al Hábitat en la región del centro de la provincia de Buenos Aires (Unicen), se encargaron de realizar el relevamiento de condiciones de vida de las unidades familiares en situación de ocupación colectiva el 17 de abril último.

En simultáneo, efectuaron diferentes pronunciamientos y desarrollaron actividades tendientes a brindar otra mirada posible sobre la disputa y el acceso a la tierra. 

Por último, en la reconstrucción del derrotero transitado, desde la institución académica se refirieron a la audiencia convocada por el juez Moragas el 22 de septiembre, en la cual no participó el Municipio, y en la que el magistrado “dio por agotadas las instancias de diálogo, sin habilitar un espacio para el intercambio que posibilite construir alternativas”. 

De esta manera se estableció el inminente desalojo del predio “sin contemplar el diagnóstico crítico de la situación planteado por la Unicen, ni tampoco escuchar la palabra de las familias asentadas, a las que no se les garantizó su derecho a ser oídas, sino sólo a través de la representación del Defensor”. 

Datos del relevamiento

A partir del reporte elaborado por los miembros de la comunidad universitaria, se constató la presencia de 113 unidades familiares asentadas, con diversas situaciones de vulneración de derechos. El informe constituyó un importante insumo para comprender la problemática y tomar decisiones que ayudaran a destrabar la conflictividad. 

En cuanto a la caracterización socioeconómica de las familias que se encuentran en el predio, el relevamiento arrojó que su composición está dada principalmente por mujeres, madres, unidades monoparentales, niñas, niños y adolescentes, de las cuales 63 de ellas manifestaron no contar con ninguna alternativa habitacional, por lo cual frente a un desalojo compulsivo y de no garantizar el acceso a políticas públicas adecuadas estas familias quedarían en situación de calle. Sumado a esto, sólo un 43, 8 por ciento accede a algún tipo de prestación social, mientras que un 55 por ciento expresa el inacceso a la asistencia estatal. 

Por último, entre las principales dificultades identificadas aparecen el inacceso a servicios básicos, demandas de materiales para la construcción y no obtener respuestas, no renovación de subsidios de alquiler porque se perciben otros planes y la dilación en el financiamiento de subsidios para demandas habitacionales, entre otros. 

Rechazo al desalojo

A modo de conclusión y bajo una perspectiva crítica, desde la universidad cuestionaron la respuesta represiva y advirtieron que “no constituye una solución alternativa al conflicto y lesiona aún más los derechos vulnerados de las familias ocupantes, que durante estos meses han esperado una respuesta de la política pública ante su situación de emergencia habitacional”.

Alineados con el posicionamiento que esgrimió el defensor oficial Diego Araujo, quien intercedió ante la Justicia para garantizar una alternativa a las familias más vulneradas, los organismos involucrados replicaron que  los objetivos de aplicación del Protocolo de actuación judicial frente a ocupaciones de inmuebles indican la necesidad de: “Prevenir y/o reducir el impacto social ulterior que puede generar la instrumentación de tales medidas, brindando protección a mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad, adultos mayores y demás personas especialmente vulnerables en los procesos de desalojo”. 

En sintonía, remarcaron que al no registrarse ninguna propuesta de política pública previa al desalojo, no se han cumplimentado los objetivos del mismo. Por su lado, las autoridades de la Secretaría de Desarrollo Humano y Hábitat comunal consignaron desde el principio que únicamente iban a atender y evaluar si necesitaban algún tipo de  acompañamiento a quienes se retiraran voluntariamente del lugar, pero no mientras permanecieran en el territorio, invirtiendo las condiciones del marco de actuación. 

En consonancia, señalaron que la aplicación del desalojo compulsivo no sólo constituye una medida “que vulnera -aún más- los derechos humanos, sino que es un antecedente contradictorio al Protocolo, ‘una pátina de derechos humanos al desalojo’”. 

Finalmente, desde la casa de estudios y sus organismos reiteraron que lo acontecido en el barrio La Movediza “no constituye un hecho aislado en la ciudad”. En este punto, reflexionaron que “ante el incremento y agudización de los conflictos por ocupación colectiva de tierras, desde el Estado no se puede seguir ofreciendo las mismas respuestas punitivas, es necesario hacer un uso efectivo de las políticas públicas existentes y crear nuevas que universalicen el acceso a la vivienda, en pos de garantizar el derecho a un hábitat digno y a la ciudad”.