La reforma de la ley de alquileres y los reparos de los inquilinos que temen resultar más perjudicados

El Senado puso en marcha el debate por la reforma de la Ley de Alquileres, luego de que el proyecto recibiera media sanción en Diputados la semana pasada. Desde el oficialismo reclamaron "acelerar" el tratamiento de la iniciativa a raíz de la incertidumbre que generó en el mercado el posible cambio del marco normativo.

El esquema de ajuste aplica el mecanismo de "acuerdo entre las partes" para revisar los incrementos de los precios de alquileres "por intervalos de entre cuatro y doce meses" y "pudiendo aplicar a tales efectos el índice de precios al consumidor (IPC), el índice de precios mayoristas (IPM) y/o el índice de salarios (IS), elaborados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) o una combinación de dichos índices".

En este escenario, la senadora María Inés Pilatti Vergara (Frente de Todos) pidió "parar la pelota" y analizar "unos meses" los proyectos y no convalidar una "aparente solución que en vez de mejorar las cosas las enrarece o perjudica a unos y otros". "Proponemos parar la pelota, hacer trabajar a asesores, traer asociaciones de inquilinos y propietarios y después concluir. No decir tirar la pelota para el año que viene, sino unos meses", sugirió la legisladora chaqueña, que aseguró que "estudiando y analizando integralmente vamos a encontrar una salida más justa aunque no sean tan rápida para unos y otros".

No es un detalle menor que un salario mínimo está alrededor de los 105 mil pesos y un alquiler promedio está casi al mismo valor. Esto muestra la centralidad de este tema a la hora de comprender las razones de la suba de la pobreza. Asimismo, la coyuntura redujo la oferta de inmuebles en alquiler, sumado a la disparada inflacionaria de los precios.

Lo cierto es en el problema de la vivienda se juegan de modo simultáneo varias batallas. Contra las finanzas y el endeudamiento como engranaje de la supervivencia. Contra la fragilización de la vida cotidiana. Contra la evasión fiscal y la especulación del mercado. Y, finalmente, contra la caída permanente de los ingresos y  de las ataduras del negocio inmobiliario. 

La voz de los inquilinos 

El Eco de Tandil consultó a inquilinos en diferentes situaciones, que catalogaron al eventual cambio en la legislación como “perjudicial” para quienes necesitan un lugar para vivir. 

Alejandro tiene 30 años y alquila una vivienda en el barrio Mirage junto a otros dos adultos. Pagan 130 mil pesos mensuales por una casa de tres ambientes que alquilaron por inmobiliaria, con un contrato rubricado según la ley de alquileres todavía vigente: tres años y actualización anual por índice inflación salarios.

El alquiler lo dividen en tres partes iguales y en su caso aporta el 30 por ciento de ingresos para pagarlo. “Creo que las modificaciones en la ley perjudican a quienes tenemos que alquilar. Se tendría que legislar contra la especulación inmobiliaria, la vivienda ociosa y los alquileres por día informales. Hay muchas casas vacías y muchas familias sin casa. En Tandil, en particular, falta una política pública de acceso a la vivienda, o al menos a los lotes con servicios”, expuso. 

Por otra parte, Santiago –más de 30 años- alquila una casa de cuatro ambientes en la zona del Procrear por 120.000 pesos. Viven dos adultos y él destina el 43 por ciento de sus ingresos al arrendamiento. El contrato es particular y flexible, tomando algunas pautas de la legislación actual.

Entrevistado por este medio, indicó que la modificación de la normativa perjudica a los locatarios porque “no aborda el tema integralmente, ‘blanqueando’ los contratos hizo que se pierda flexibilidad y ese blanqueo lo paga el inquilino”. 

En tanto, Martín tiene 28 años y reside en las inmediaciones de Garibaldi y Paz. Alquila de forma particular una casa de tres ambientes por 100.000 pesos –en la que convive con otra persona- y destina un tercio de sus ingresos a costear el alquiler. 

Sobre el cambio en los contratos a partir del esquema que ahora se debate en el Senado, Martín sostuvo que “es muy difícil hacer balances de leyes que no sé si van a cumplir (hasta de común acuerdo), ni hacer un pronóstico ligado al contexto económico. Realmente, hay que estar un poco demente para alquilar”. 

Propietarios

En la otra vereda, uno de los puntos más polémicos que desde el principio ha despertado críticas por parte de propietarios e inquilinos, es la obligatoriedad de establecer contratos de alquiler con tres años de duración, que obstaculiza durante mucho tiempo la disponibilidad del bien. Se calcula que salieron del mercado del alquiler tradicional unas 250.000 unidades. En Tandil, alrededor del 30 por ciento de los inmuebles dejaron de ofrecerse en alquiler permanente y la reducción de la oferta -al igual que en todo el país- disparó los valores del mercado. 

Además de obligar a realizar contratos de tres años, la ley de alquileres determinó que los ajustes en los valores de renta debían realizarse una vez cada doce meses, según una fórmula que se determina en función del avance de la inflación y los salarios. Más allá de los niveles de incremento, los propietarios aseguraron que una sola actualización al año es “insuficiente”.

En esta línea, Rosa es dueña de un departamento nuevo de dos ambientes en Saavedra y Garibaldi por el que percibe 45 mil pesos mensuales. El contrato, enmarcado en la ley, se suscribió en diciembre de 2021 y vence en 2024. El valor del alquiler quedó muy desfasado con respecto a la escalada inflacionaria y le generó perjuicios. Por este motivo, ella y otros propietarios optan por retirar sus inmuebles del mercado y ofertarlo de manera temporaria, o directamente dejarlos vacíos. 

No obstante, es clara la asimétrica relación de poder entre una persona a la que le “sobra” una vivienda y puede arrendarla, y otra que no tiene dónde vivir, por ello diversos sectores apelan a consensuar una nueva legislación que pueda zanjar estos problemas y resulte beneficiosa para ambas partes, sobre todo en un contexto económico tan volátil.