La ordenanza sobre agroquímicos protege a las escuelas rurales frente al avance de la normativa provincial
La resolución que entró en vigencia avala las fumigaciones en las zonas definidas como de amortiguamiento siempre que se halle presente un profesional que certifique las prácticas. En Tandil se incorporará esta figura de contralor, pero la normativa vigente en el partido es de un carácter restrictivo mayor e impide que se apliquen fitosanitarios a menos de 150 metros de escuelas, centros de salud y establecimientos elaboradores de alimentos.
El pasado 11 de diciembre se llevó adelante en la ciudad de La Plata la firma del convenio de adhesión de más de 30 municipios -entre los que se halla Tandil- a la resolución del Ministerio de Agroindustria provincial que regula la aplicación de fitosanitarios en el territorio bonaerense.
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La nueva resolución, que entró en vigencia el 1 de enero, pretende brindar un marco normativo actualizado a las demandas del presente ante la mora en la sanción de una ley de agroquímicos que reemplace a la vigente, considerada obsoleta.
La resolución 246/18 firmada por el ministro Leonardo Sarquís -exgerente de la multinacional Monsanto- y la gobernadora Vidal, prescribe que a partir del 1 de enero de 2019 los lotes contiguos al área urbana, zona residencial extraurbana, área de población dispersa, márgenes de cursos o cuerpos de agua, zonas de bombeo, establecimientos educativos, áreas de esparcimiento y reservas naturales comprenderán la zona de amortiguamiento. Pero las zonas de amortiguamiento no son áreas protegidas sobre las que no se puede aplicar agroquímicos, sino que establece que la aplicación deberá ajustarse a las siguientes previsiones: considerar las características intrínsecas del producto a utilizar (ej. toxicidad y tensión de vapor), la regulación necesaria del equipo (ej. velocidad de avance, presión y caudal de trabajo, tamaño de gota, altura de los picos pulverizadores y tipo de boquilla) y las condiciones meteorológicas antes y durante la aplicación (ej. temperatura, humedad relativa, velocidad y dirección del viento).
En su artículo 5°, el texto hace una leve concesión temporal y legisla que “la aplicación de fitosanitarios dentro de la zona de amortiguamiento contigua a establecimientos educativos, cualquiera sea la modalidad de aplicación, deberá efectuarse fuera de horario escolar”.
Además, la ley introduce la figura obligatoria de un profesional competente matriculado para la expedición de recetas agronómicas y supervisión de todos los actos de fumigación.
Ante este escenario, numerosos distritos bonaerenses encendieron la señal de alarma y salieron al cruce de la legislación, interponiendo en algunos casos -como el partido de Chivilcoy- recursos legales para frenar el avance de las fumigaciones en el territorio y sus consecuencias. Es destacable que no todos los municipios provinciales cuentan con normativa propia sobre el tema y en muchos casos el único marco legal proviene de la mencionada resolución.
Las aplicación en Tandil
La normativa sancionada en la ciudad en abril de 2011 restringe dentro del Partido de Tandil, la aplicación de agroquímicos por vía aérea o terrestre, en lotes que se encuentren a menos de 150 metros de establecimientos escolares, centros de salud, establecimientos elaboradores de productos alimenticios. En cuanto a los cursos de agua principales, la reglamentación local impide las fumigaciones a menos de 50 metros, e indica una distancia de aplicación para cursos de agua menores de dos veces el ancho del curso tomada desde la línea de ribera.
El responsable de Asuntos Agropecuarios de la ciudad, Ignacio Diribarne, explicó “esta resolución no afecta a nuestra ordenanza, que en algunos puntos es más exigente por los lineamientos del Plan de Ordenamiento Territorial. Por ejemplo, tenemos prohibición de aplicación en la circunscripción 1”, aclaró el funcionario de Lunghi en diálogo con este Diario. “Hay una sociedad activa y consciente, por eso es que existe una ordenanza de ese tipo en Tandil”, agregó.
El médico veterinario aseguró desconocer las controversias que se generaron en otros distritos y explicó que Tandil adhirió a la resolución porque de acuerdo a su criterio tiende a ordenar las leyes vigentes, señalando que existen ordenanzas de diferentes tenores que son disímiles de un pueblo a otro.
A nivel local elaborará un protocolo que garantice el cumplimiento de lo que marca la ordenanza municipal, incorporando la presencia de un profesional físico tal como indica la resolución provincial. “Esto va a dar muchas garantías a todos aquellos que se pregunten por las aplicaciones. La resolución obliga a que esté presente, es el responsable de todo el proceso. Es un avance, a mi juicio, positivo”, analizó. Este punto fue cuestionado oportunamente por el ingeniero forestal Eduardo Lowy durante una entrevista concedida a ECO TV, quien aseguró que esto sólo implica que toda la responsabilidad recaerá en el profesional, eximiendo a otros agentes implicados en la temática.
La línea de trabajo seguida por los funcionarios de Tandil, comenzó el 30 de agosto con una primera reunión en La Plata, a la que concurrió Diribarne para ponerse al tanto del tema junto a las autoridades bonaerenses y de otros distritos. Acto seguido, desde el área comunal se contactaron con el Círculo de Ingenieros Agrónomos, con el INTA, con las agronomías y todo el entorno alrededor de la problemática. En esas consultas trasladaron las inquietudes y evaluaron que la resolución propuesta no fuera en contra de la ordenanza local.
“Se adhirió a la legislación, nuevamente se consultó con los ingenieros agrónomos y ellos presentaron un plan de trabajo como Círculo de Ingenieros. Van a poder apoyar mucho más a partir del 1 de febrero que van a constituirse formalmente como colegio profesional. Cuando se regulen las agronomías (NdeR: la ordenanza está vencida en este aspecto) también vamos a trabajar en ese tema”, expuso.
El problema de los envases descartados
La primera semana de marzo la Dirección de Medioambiente, la de Asuntos Agrarios, el INTA, el Colegio de Ingenieros, las agronomías y los productores agropecuarios, con el apoyo de Resiplast Agro, la firma que se dedica al tratamiento de bidones de agroquímicos y silo bolsas en su planta del Parque Industrial de Benito Juárez, para empezar a trabajar con el correcto descarte de este tipo de envases. En la actualidad hay un vacío legal al respecto en la localidad.
“El productor no sabe dónde dejarlos, no están habilitados los canales para gestionar este tipo de residuos potencialmente contaminantes, hay mucho por mejorar. La fundación Campo Limpio nos tomó como centro de referencia para instalar un Centro de Acopio Transitorio este año, el Municipio sólo tiene que proporcionar el lugar, lo veo muy importante”, informó.
Según detalló el director areal, la responsabilidad del productor que compra un agroquímico es aplicarlo con receta agronómica y una vez utilizados los bidones llevarlos a un centro de acopio, donde se va a entregar un certificado en el que se consigna la cantidad adquirida y los bidones devueltos efectivamente. Hasta fin de año debería estar contemplado que cada productor con su número de CUIT compre los envases y quede registrado. A medida que los entregue a un centro de acopio, la diferencia entre los bidones comprados y entregados generará un disparador para requerirle al productor los envases que faltan –en el caso de que así sea- y la autoridad de control habilitará a que pueda seguir comprando o no. “Los proyectos son ambiciosos y mejoran mucho con respecto a la actualidad”, estimó.
“La ordenanza local con la presencia del ingeniero controlando todo y haciéndose responsable es muy superadora. Hay que mentalizar acerca de la importancia de usar las recetas, hoy se hacen muy pocas, pero apuesto a que todo esto vaya generando una conciencia al respecto, que todas las aplicaciones estén respaldada por una receta y un profesional, y eso nos ayude a estar mejor. No obstante, no va a servir de nada en tanto todos los involucrados trabajen a conciencia el éxito pasa por ahí”, concluyó.
