La odisea de vivir en casas precarias, la cara más compleja de la deuda habitacional en Tandil
El barrio La Unión es solamente uno de los puntos urbanos en que el acceso a un techo digno y los servicios básicos es esquivo. En pleno invierno, muchas familias pasan sus días en construcciones de chapa, cartón, planchones o lonas, sin las condiciones mínimas de habitabilidad. Las políticas dirigidas a generar suelo urbano y viviendas sociales han sido hasta el momento patrimonio de algunas iniciativas privadas y son el eslabón débil que el Estado local no ha podido resolver.
La generación de suelo urbano y el acceso habitacional son demandas de la sociedad tandilense que en la actualidad chocan contra una implementación deficitaria de las políticas públicas organizadas en esa dirección. A medida que pasa el tiempo es posible apreciar en diferentes puntos de la ciudad la proliferación de casas y asentamientos precarios, producto de la escasez de acciones orientadas a crear barrios o programas de viviendas sociales.
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En Tandil, las iniciativas más importantes en esta materia fueron vehiculizadas a través de los diferentes desarrollos urbanísticos de Procrear y de las asociaciones civiles como Mujeres sin Techo, Docentes, Judiciales, Graduados, Pila Pila y Ecos, pero no hay posibilidades concretas de acceso a viviendas sociales o barrios estatales frente al crecimiento demográfico y las necesidades de la población, que no puede hacer frente a los siderales precios en moneda extranjera del mercado inmobiliario.
Donde el barro se subleva
En el barrio La Unión, el asfalto es una posibilidad lejana. En los días de lluvia, las calles de tierra se vuelven un desafío para quienes deben transitarlas. El barro se pega en el calzado con insistencia y lo cubre todo. Pero además del pavimento, el alumbrado público, la extensión de la red de gas natural y otros servicios básicos son bienes escasos.
Dicen que para muestra basta un botón, y este es apenas un recorte de una realidad que se replica en muchas otras barriadas tandilenses. En Nigro al 3000, la basura, el lodo, los perros y los niños jugando en la calle son parte del paisaje diario. También las viviendas que no cumplen con los requisitos mínimos para ser confortables o habitables. Sin embargo, la zona no presenta una estructura homogénea y las manzanas están salpicadas por casas hechas con lo que hay a mano y por hogares construidos con materiales tradicionales que pertenecen a familias de clase media.
Al recorrer el lugar se observan construcciones de chapa, cartón, silobolsas, planchones, techos de lona, pisos de cemento sin alisar o de tierra, falta de iluminación y ventilación, ausencia de un cuarto de baño, habitaciones pequeñas donde viven hacinadas varias personas; las únicas posibilidades que encuentran centenares de personas para tener donde guarecerse, en la mayoría de los casos, con hijos pequeños.
La crudeza de los inviernos en la ciudad reverbera con fuerza dentro de estas casas, donde el frío y la humedad se meten en el cuerpo con violencia. El Eco de Tandil visitó el barrio y conversó con algunos vecinos, que se sienten olvidados, como si no hubiera futuro o redención posible más allá de la ruta y las avenidas importantes.
Las carencias
Norma vive hace trece años en el lugar, cuando llegó con sus hijos a una pieza de planchones. Ahora sólo vive con el más chico de ellos, que es adolescente. “Teníamos esta piecita sola, vivíamos los seis acá, era una sola habitación para dormir y cocinar. Después mis hijos se fueron yendo y con el tiempo pude hacer otra habitación y un baño, me costó un montón”, contó.
En su momento, el área de Desarrollo Social (ahora Desarrollo Humano y Hábitat) la ayudó con chapas que pudo usar para el techo, lo que le sirvió para mejorar ostensiblemente la casa. “Lo demás fue por mi cuenta. Los cerámicos del piso fueron colocados hace poco, antes se inundaba”, compartió.
La mujer todavía espera que, a través de Desarrollo Humano, le puedan gestionar la conexión del servicio eléctrico con la Usina, porque no puede pagarlo. Mientras tanto, se sostiene con una peligrosa y precaria conexión hecha con la casa de adelante. Tampoco tiene conexión a la red de gas natural. Si bien el servicio llega hasta ese sector, cada frentista tiene que hacer su propia extensión, que cuesta una fortuna para los magros bolsillos de los residentes. Se manejan con leña y garrafas para calentar en la gélida temporada invernal. Según refirió, todavía no le llegó la partida de leña que reparte la comuna, aunque sabe que otros vecinos sí la recibieron.
Y aunque Anses tiene un plan de de distribución de garrafas, el problema es que en los terrenos suele haber dos o más viviendas. Si se anota la familia que vive en una de ellas, las demás, de acuerdo a la dirección que figura, quedan registradas como beneficiarias del programa.
Asimismo, Norma explicó que “si pasa el gas por delante de tu casa, Anses interpreta que uno tiene el servicio y entonces hay que hacer una declaración jurada en Camuzzi y presentarla en Anses”. Este trámite genera un cuello de botella porque muchas veces las personas no cuentan con esta información, no saben cómo hacer o no tienen los medios para movilizarse con sus hijos hasta el centro para realizar el trámite.
El frío no es sólo invierno
Sus hijos mayores la ayudan con lo que pueden, que no es mucho, y percibe un salario social complementario. También vende algunos productos cosméticos y en otros tiempos supo trabajar en casas de familia. Antes de la pandemia, cursaba el secundario en el programa Fines para la terminalidad de estudios que se dictaba en la ExRonicevi, con orientación en trabajo textil, y le gustaba asistir, con la expectativa de poder posicionarse mejor en el mercado laboral al tener esa herramienta de formación.
Así, es posible pensar que, en algunos sitios, la sensación de que el futuro está clausurado aparece con más contundencia que en lugares donde hay más alternativas. Las situaciones de pobreza no son un escollo romántico al que hay que superar solamente con esfuerzo, sino que se precisan muchos otros factores que funcionen en sincronía para ampliar el abanico de oportunidades que permitan alcanzar una mejor calidad de vida.
“Las cosas podrían cambiar si hubiese más trabajo. Para estar mejor me gustaría tener un buen trabajo para no depender de nadie ni andar pidiendo nada. Te cansás de ir a pedir, de que te ignoren. Lo mejor sería salir adelante uno mismo. Hasta ahora me las arreglo como puedo, pero es complicado cuando no hay otras posibilidades”, expresó.
Consultada sobre cómo es vivir en La Unión, la palabra “abandono” emergió de su garganta y un breve silencio quedó flotando en el aire. “Siento que estamos muy abandonados. Hay cosas que nos hacen falta pero igual uno se acostumbra a vivir lejos, a no tener nada, a que no estén las condiciones necesarias. Cuando vas a pedir ayuda no te la dan, me he resignado muchas veces. Ojalá hubiese más posibilidades de trabajo”, confió.
El abordaje territorial
El filósofo y escritor francés Jean Paul Sartre, alguna vez escribió que “el hombre es el porvenir del hombre, porque no hay otro amor que el que se construye”. De esta concepción se puede partir para analizar el sinfín de tareas territoriales que se llevan adelante tanto en Tandil como en todo el país, por parte de movimientos u organizaciones, o distintas personas que cumplen ciertos roles en el complejo y disímil entramado social.
Laura Sueldo milita en el Movimiento Evita y vive cerca de La Unión, donde la organización realiza todo tipo de tareas de acompañamiento e inserción, mantienen una huerta comunitaria y hacen ollas populares. Es, además, promotora de género del barrio. Con sus compañeras trajinan día a día las calles y conocen a sus habitantes.
En diálogo con este Diario, sacó una radiografía de lo que acontece en el lugar. Sobre todo, puntualizó en las dificultades que surgen a la hora de hacer un pedido en el Municipio y la imposibilidad de obtener ciertos recursos.
“El Municipio no da garrafas ahora, excepto que se presente un certificado médico, es el requisito que me informó una trabajadora social. Por otro lado, tenemos familias que esperan el Programa de Mejoramiento de Viviendas municipal, pero no hay nada. La directiva es que no hay materiales, sólo un programa provincial de mejoramiento habitacional, que van a ver si a algunos de los anotados les pueden bajar algunos elementos. Averiguamos y tampoco hay cupos nuevos para ayudas económicas ni para la conexión de luz”, desglosó.
Desde el espacio político y social, en tanto, insisten con la opción de descentralizar la atención de las entidades, llevar a cada barrio la información y la resolución de determinadas cuestiones. “La política pública se piensa de manera centralizada, los CIC estuvieron cerrados durante la cuarentena, es una locura, las distintas organizaciones estuvimos resolviendo las demandas de la gente”, aseveró.
La vida precaria
A su entender, uno de los grandes inconvenientes para trabajar de manera articulada con el Estado es que cruzan los datos de cada persona para saber si algún miembro del grupo conviviente tiene empleo y si reciben otros beneficios. Lo que no estaría mal, dijo, si no fuera porque se usa esta metodología para considerar que ciertas personas están “sobreasistidas”.
La sobreasistencia, en este caso, significa que un solicitante a cargo de un grupo familiar tiene un trabajo precario e informal, o que recibe un salario complementario de 8 mil pesos y un bolsón de comida, o que cobra una asignación y recibe una garrafa.
En este sentido, las ollas populares son apenas un ejemplo de un motor que trata de tapar los agujeros del hambre. En la zona, muchas familias van a retirar viandas a un comedor que está en Aeronáutica Argentina y De los Huesos, que pertenece a la agrupación Patria Grande. Otros se acercan, incluso de otras barriadas lejanas, a la olla que el Evita hace en el centro de jubilados San Cayetano. Norma misma a veces cocina y comparte su comida con los cuatro hijos de su vecina, que tienen todavía más necesidades que ella.
Qué dice la legislación de Hábitat
En agosto de 2015 el Concejo Deliberante aprobó la adhesión a la Ley Provincial 14.449 de Acceso Justo al Hábitat. La normativa fue impulsada a nivel local por diferentes organizaciones sociales que bregaron por la adhesión en el territorio, a efectos de garantizar la generación de suelo urbano y transparentar la creación de un Banco de Tierras.
La legislación plantea que el Estado, en sus diferentes niveles, debe promover y facilitar la gestión de proyectos habitacionales, de urbanizaciones sociales y de procesos de regularización de barrios informales y habilitar nuevos recursos a través de instrumentos que permitan, al mismo tiempo, reducir las expectativas especulativas de valorización del suelo, entre otros importantes lineamientos para asegurar el derecho básico a la vivienda de todos los ciudadanos.
La normativa vigente propone diferentes herramientas para dar respuesta a la demanda habitacional, encuadradas dentro de instrumentos como la plusvalía, la prescripción adquisitiva, el Banco de Tierras y el Consejo del Hábitat, iniciativas no implementadas hasta el momento.
Desde algunos sectores de los movimientos sociales ratificaron que el marco legal está pero que el Municipio no lo utiliza. En otros distritos bonaerenses la legislación se ha aplicado exitosamente y los intendentes decidieron la prescripción adquisitiva que permite mediante decreto que el Estado municipal adquiera lotes ociosos cuyos propietarios no pagan las tasas correspondientes.
Estos terrenos podrían ser recuperados para la comuna para un banco de tierras, una de las herramientas que habilita la ley. Por otro lado, podría aplicarse un mecanismo de plusvalía que ordena la elevación en un 50 por ciento más del impuesto inmobiliario a los terrenos ociosos y que esa recaudación se coloque en un fideicomiso que garantice la intangibilidad de los fondos para ser utilizados solamente para loteos sociales.
También vale destacar que en junio del año pasado, el Concejo convalidó el convenio urbanístico por un loteo ubicado en la ZEIU 32, cercano a La Movediza, para que el Municipio obtenga casi 10 mil metros cuadrados de tierra para un uso de interés público. En el debate, los bloques opositores marcaron la falta de iniciativa del Ejecutivo para generar lotes con servicios y ampliar el espectro de posibilidades de los grupos familiares.
Informalidad urbana
Según datos relevados por Patria Grande, espacio que durante 2018 realizó la primera encuesta para inquilinos de Tandil, en la localidad hay 45 mil inquilinos, el doble que hace 15 años. Algunos ponen objeciones a este número y sostienen que no son tantos. La encuesta en su momento arrojó un total de 15 mil locatarios, cifra que multiplicaron por tres, para tener un resultado aproximado considerando los grupos familiares.
Pero además, el lote más barato cuesta alrededor de un millón de pesos pesos y se detectan a diario casos de terrenos usurpados o asentamientos que proliferan en los distintos barrios del ejido urbano.
En relación a esto, en un trabajo publicado en la Revista Universitaria de Geografía (Rev. Univ. geogr. vol.26 no.2 Bahía Blanca dez. 2017), el doctor en Geografía Alejandro Migueltorena, investigador y docente de la Unicen, titulado Informalidad urbana en la ciudad de Tandil: posibilidades de regularización dominial y acceso al hábitat en el período actual, el especialista reseñó que “Tandil expresó fuertemente una contradicción en los últimos quince años, coexistiendo lugares del ejido urbano que presentaban signos de fuerte dinamismo de la actividad de la construcción con otros barrios donde las limitaciones para el acceso a la vivienda se hicieron cada vez más evidentes. Ciertas características de la ciudad, como la valorización de su entorno natural, su calidad de vida y la disponibilidad de una gran cantidad de servicios generaron que estos procesos especulativos se dieran con mayor intensidad que en otras ciudades de la región”.
Del mismo texto se desprende que, según los censos nacionales, la cantidad de viviendas en Tandil se incrementó en un 22,8 por ciento entre 2001 y 2010 (de 41.067 a 50.450 unidades), mientras que la población en ese mismo período creció en un 14,6 por ciento. Pese al aumento del número de viviendas, los propietarios descendieron de un 70,4 por ciento a un 62,6 por ciento, mientras que los inquilinos crecieron del 15,5 por ciento al 24,5 por ciento de la población.
En el trabajo, Migueltorena analizó que no todos los barrios del entramado urbano fueron valorizados de igual forma. “Aparece la Ruta 226 como otro eje de crecimiento importante que está teniendo la ciudad en los últimos años, pero con características diferenciales, ya que el sector sur presenta precios residenciales altos y el sector norte-noreste (Villa Aguirre) se distingue como un lugar de residencia de las clases medias o medias-bajas. También se identifican a La Movediza y Las Tunitas como los barrios más precarios y con menor disponibilidad de servicios”.
