La jueza Monserrat aseguró que sólo el 15 por ciento de las medidas de abrigo terminan en adopción

Luego de que desde la Mesa contra la Violencia Familiar y de Género salieran a cuestionar las prácticas institucionales respecto a la niñez, la jueza Silvia Monserrat expresó su sorpresa porque desde la organización se “esté defendiendo a los victimarios y no a las víctimas”.

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Además, criticó los dichos de Yanina Venier, la coordinadora de la Mesa,  quien manifestó que “una medida de adoptabilidad debe llegar cuando se hayan agotado todas las otras instancias, lo que estas familias dicen y que nosotros reconocemos como una práctica habitual es que lamentablemente cuando una medida de abrigo se toma hay un continuo de prácticas que llevan a la adoptabilidad y pocas veces a la re vinculación familiar”.

En diálogo con El Eco de Tandil, la magistrada sostuvo que “me resultó sorprendente que desde una Mesa de Violencia se esté defendiendo a los victimarios y no a las victimas, porque en estas historias las víctimas son los niños, las niñas y los adolescentes que nosotros tenemos institucionalizados”.

Asimismo, cuestionó “la justificación de que eso se mira desde la perspectiva de género porque las madres pudieron ser víctimas de violencia. Yo creo que la perspectiva de género que aplican es errónea porque parte del concepto de considerar que todas las mujeres tenemos la obligación de maternar, o que tenemos que tener las capacidades para hacerlo, y no es así”.

“El 15 por ciento termina en adopción”

Por otro lado, consideró que “evidentemente hablan desde el desconocimiento y desde escuchar solamente una voz o desde un imaginario popular. La señorita Venier obviamente no conoce cómo funciona el sistema, nosotros hace 11 años que estamos en el sistema”.

“Las estadísticas no dicen lo que está diciendo la coordinadora de la Mesa”, sostuvo.

Al respecto, puntualizó que de acuerdo a las estadísticas del Juzgado de Familia 1, del cual es la titular, en los últimos 5 años pasaron 220 medidas de abrigo, de las cuales solamente el 15 por ciento terminaron en una adopción.

“Eso significa que hay un 75 por ciento de las medidas de abrigo en las cuales el abrigado vuelve o con su familia de origen porque se revirtieron las situaciones o dentro de la familia ampliada. La enorme mayoría de las causas de abrigo no termina en adopción”, aclaró.

Por otra parte, afirmó que tampoco es cierto que las familias no saben que pueden tener un abogado, porque “desde el momento que se toma la medida de abrigo, el Servicio Local y después el Juzgado les hace una notificación expresa a las familias donde se les dice que tienen derecho a tener un abogado y además se les pone a disposición a la Defensoría Oficial y al consultorio jurídico gratuito como opciones para que ellos vayan a consultar”.

“Yo no creo que la gente no sepa que puede tener un abogado porque además dentro de las familias existen historias repetidas, familias que ya han pasado por este proceso y han tenido abogado. Yo creo que las familias saben perfectamente cómo manejarse con el sistema”, enfatizó.

Y sostuvo que “cuando se pone en juego la actuación en la niñez vulnerada no sólo se está criticando a los órganos administrativos, es decir a las políticas provinciales y municipales de la niñez, sino que se está criticando al poder judicial en su conjunto, desde los jueces que intervenimos, los juzgados, el equipo técnico el asesor, la Defensora Oficial”.

Asimismo, resaltó que “la Defensora Oficial es una excelente profesional pero no puede cambiar la realidad, por mucho esfuerzo que ella haga, la Cámara termina ratificando nuestras decisiones”.

Historias repetidas

Monserrat remarcó que “el tiempo no es infinito en la vida de los niños, porque está muy estudiado que cuando se crían con un apego ineficiente, irresponsable, terminan con serios daños. De hecho los chicos que se mantienen en círculos de familias que vulneran, cuando son adultos se convierten en padres o madres que vulneran, porque nunca aprendieron que hay otra manera de relacionarse con sus hijos”.

“Nosotros hemos visto que muchas veces las medidas de abrigo fracasan sobre todo en el caso de los adolescentes porque abandonan el programa, vuelven con su familia de origen y después nosotros los vemos de adultos cómo repiten la propia historia con sus hijos”, afirmó.

Frente a ese panorama, sostuvo que “lo que queremos hacer como sociedad es evitar que haya más abrigos. Lo que las organizaciones sociales tienen que hacer es trabajar con las familias vulnerables, enseñarles a maternar y paternar y a ser familia, pero no creer que eso se hace en 180 días, porque cuando se llega al abrigo no significa que las instituciones no han trabajado con anterioridad”.

“En esos 180 días las familias tienen que entender que deben dar muestras de que desean efectivamente producir un cambio en sus vidas, pero si nosotros los mandamos a hacer terapia y nos contestan ‘yo no voy porque no estoy loca’, o se niegan a cambiar la forma de relacionarse con sus hijos, son los propios hijos los que después terminan pidiendo familia”, manifestó.

Además, aclaró que “nosotros no podemos obligar a ningún niño, o niña mayor de 10 años a entrar en un proceso de vinculación si no lo pide”.

“Cuando se toma la medida de abrigo se están jugando los últimos cartuchos, son las últimas posibilidades que tiene esa familia en 180 días de demostrar que tiene voluntad de cambiar. Hay muchas familias que lo logran, la mayoría lo logra”, indicó.

Asimismo, expuso que “la estadística que estoy dando coincide con la de la provincia de Buenos Aires, la cantidad de casos que va a adopción es infinitamente menor que los que vuelven a su sistema familiar”.

“Nadie quiere en el sistema que los chicos salgan de su familia de origen, pero también es cierto que la ley nos da 180 días para trabajar. No es importante si tienen o no abogado, lo importante es si la familia está dispuesta a cambiar las actitudes, pero primero tienen que hacer una autocrítica”, afirmó.

Y agregó que “no le pueden echar la culpa al sistema. Las organizaciones pueden también ayudar a esas familias a que hagan autocrítica, para que no repitan la historia, para que si un hijo lamentablemente fue a adopción que el próximo que tengan lo puede sostener en su núcleo familiar”.

En cuanto al cuestionamiento desde la Mesa de que a muchas víctimas de violencia de género se les quita los hijos, afirmó que “a las víctimas de violencia de género se las protege, se van a la casa de abrigo con sus hijos, pero también es cierto que muchas mujeres no sostienen el estar en la casa de abrigo porque lógicamente hay muchos controles y obligaciones a las que no están acostumbradas y muchas de ellas terminan volviendo con los victimarios, poniendo en riesgo a sus hijos”.

“Lamentablemente también hemos tenido historias de madres que han sido gravemente víctimas de violencia de género pero que ellas se convierten en victimarias de sus hijos, porque están inmersas en un círculo de violencia del que nunca pudieron salir”, indicó.

El derecho del niño

Por otra parte, Monserrat enfatizó que los chicos que son abrigados son “víctimas de maltratos, ya sea físico, psicológico, por omisión, chicos que no están escolarizados, que llegan a los 10, 11 años y no han alcanzado la lecto escritura, que tienen problemas de salud que no están atendidos, muchas de esas  madres cuando tienen que elegir entre la pareja y los hijos y eligen a la pareja”.

“Decir que no trabajamos en la vinculación es una barbaridad. Pero estas familias que han llegado a este límite (en referencia a los que están acampando en ambos juzgados) son todos niños que están en estado de adoptabilidad o cerca de ese estado, piden más oportunidades pero el niño también tiene derecho”, manifestó.

Y se preguntó “cuál de los dos derechos es más importante, el del adulto que eligió y que ya tiene una vida construida, o del niño que tiene toda una vida por construir y no puede seguir esperando que su papá o su mamá cambien de actitud”.

Por otro lado, mencionó que en algunos pocos casos en estos 11 años que está al frente del Juzgado en los cuales la Cámara de Apelaciones de Azul “bajo determinadas circunstancias revocó decisiones que nosotros habíamos tomado de estados de desamparo, con los años vimos que lamentablemente en su momento nuestra decisión había sido acertada porque los niños a la larga terminaron nuevamente siendo vulnerados”.

“Yo creo en el sistema legal y la gente también tiene que creer en él. Es difícil para alguien que no conoce los expedientes opinar, porque están escuchando una sola campana. Además, no puede ser que todos estemos equivocados, nosotros somos los que escuchamos a los niños. Los únicos privilegiados deben ser los niños y son los únicos que no son responsables de nada, todos los adultos somos responsables de algo, los niños nunca”, finalizó.