La familia Simón se movilizó para reclamar justicia y terminaron agrediendo al fiscal Calonje

La familia de Sebastián Simón, el joven atropellado en La Movediza en diciembre de 2021 por el exfuncionario municipal Luciano Jaureguiber, decidió manifestarse ayer para pedir que la causa sea elevada a juicio oral y no se atenúe la pena. Posteriormente, se reunieron con las autoridades judiciales que entienden la causa para abordar el tema, pero la tensión creciente derivó en una agresión física al fiscal José Ignacio Calonje, que se trasladó desde Azul para mantener el encuentro con los familiares. 

La expresión pública surgió tras el acuerdo de la fiscalía y la defensa de realizar un juicio abreviado y condenar al imputado a la pena de tres años de prisión y cinco de inhabilitación para conducir.  Después de la audiencia celebrada el pasado jueves, el titular del Juzgado Correccional 1 de Tandil, Carlos Alberto Pocorena, debe evaluar si hace lugar al pedido o si sugiere alguna modificación en la penalidad. 

Asimismo, la familia del adolescente fallecido forma parte de la causa bajo la figura de particular damnificado, con la representación legal de Marcelo y Gastón Argeri. En contrapartida, se opusieron al monto de la condena y solicitaron que en el juicio abreviado se aplique la pena máxima, que es de seis años. Como la mencionada instancia tiene la anuencia del Ministerio Público Fiscal, la querella no puede rechazarlo pero sí tiene la facultad de pedir que se revea la penalidad y las condiciones del acuerdo.

La movilización 

Frente a este panorama, los manifestantes se congregaron a media mañana en la explanada del Municipio, que amaneció vallado y fuertemente custodiado por la Policía y personal de Infantería. Desde ahí, casi un centenar de personas marchó al son de los redoblantes por las calles céntricas hasta la sede del Poder Judicial bonaerense, en Uriburu y 9 de Julio, con pancartas que clamaban: “Juicio oral y público”, “Máxima condena”, “Fiscal Ignacio Calonje corrupto” y “Justicia por Sebastián Simón”. 

Vale reseñar que el caso fue objeto de numerosas controversias, movilizaciones y reclamos públicos a lo largo del tiempo, que incluyó un acampe en la vereda de la Municipalidad y la Plaza Independencia hasta que se logró la detención del acusado. 

Así, al llegar a destino, mientras la columna de manifestantes permanecía sobre Uriburu interrumpiendo el tránsito y un cordón policial controlaba el perímetro del edificio judicial, Marcelino Simón y Haydeé Páez, padres de Sebastián, se reunieron con el juez Carlos Pocorena. Ante la insistencia, en horas de la tarde se trasladó hasta la ciudad el fiscal Ignacio Calonje,  titular de la Unidad Funcional de Investigaciones de Delitos Especiales con asiento en Azul y mantuvo finalmente un encuentro con los familiares en el marco del caso.

La conversación subió de tono y, entre gritos, en un confuso episodio uno de los hermanos de la víctima le propinó varias trompadas al fiscal que debió ser socorrido primero por el agente fiscal Federico Ramos y más luego la policía, que logró abortar lo que se había transformado en una bataola, entre golpes y daños al material y equipos que había en la oficina. 

Claramente se dio por terminada la reunión inmediatamente y si bien hubo un intento de detención en el lugar del agresor, finalmente la Justicia lo notificará  de la apertura de una instrucción por lesiones y amenazas. 

"Tras el hecho, los sacaron afuera pero no los detuvieron. Cuando estaban en la vereda los quisieron llevar a declarar. Si no están detenidos no pueden llevarlos. Les tomaron los datos y los van a notificar. Ahora está el fiscal en contra de la familia de la víctima. Calonje se hizo el soberbio y no los dejaba hablar, por eso se fueron caldeando los ánimos”, aseguraron desde los manifestantes. Versión diametralmente opuesta a la que trascendió luego desde la fiscalía que confiaron en que no hubo mayor intercambio de palabras y el hermano de Sebastián Simón empezó a insultar y lanzar golpes de puño sin más.  

Pedido de justicia

En la previa de la movilización, Marcelino Simón conversó con El Eco de Tandil y expuso que no se sienten escuchados por la Justicia en su reclamo. Al respecto, esgrimió que “prácticamente hacen los arreglos que a ellos les convienen, llevamos cuatro meses pidiendo audiencia con el fiscal y no nos recibe”. 

Asimismo, remarcó que quieren que el proceso judicial sea oral y público, y no que se arribe a la instancia abreviada.  Jaureguiber fue detenido con prisión preventiva en abril del año pasado y luego de estar tres meses en el penal de Barker, el Juzgado de Garantías le otorgó el arresto domiciliario, que cumple en la actualidad. Si se aplica la condena de tres años, con el tiempo de cautiverio que ya lleva efectivizado más los beneficios que se le puedan conceder, en ocho meses recuperaría la libertad.

“Queremos que le den 4 o 5 años, con la prisión preventiva y esa condena, en 8 meses podría salir en libre. Tiene que cambiar la Justicia, esto no puede ser. Porque no tenemos un mango se supone que tenemos que agachar la cabeza y que mi hijo no descanse en paz”, señaló. 

Para cerrar, el hombre sostuvo que "no estuvo ni dos meses adentro, nos toman el pelo. Yo hace más de cuatro meses que vengo pidiendo la audiencia con Calonje y nunca me atendió”, y completó: “Entonces si ellos quieren guerra, yo les voy a hacer la guerra. Tanto que se llenan la boca con el Tandil soñado y nadie dice nada; no tengo nada que perder, ya perdí a dos de mis hijos, voy a seguir y a ver dónde puedo ir a tocar la puerta”. 

La instancia judicial 

El hecho ocurrió el 5 de diciembre de 2021 cuando Luciano Jaureguiber, por aquel entonces director de Espacios Verdes Públicos de la comuna, conducía un vehículo Volkswagen Gol Trend, dominio AB521PF, por la calle Azucena entre Chubut y Misiones, en dirección a esta última. 

Alrededor de las 4.20 atropelló a Simón, quien caminaba por la cinta asfáltica con un amigo, y nunca se detuvo a socorrerlo. La víctima fue trasladada por una ambulancia del SAME y falleció 24 horas más tarde en el Hospital Santamarina, pese al esfuerzo de los médicos. 

En tanto, al elevarse a juicio la causa, el fiscal José Ignacio Calonje, quien instruyó el expediente caratulado como “Homicidio culposo por la conducción imprudente, negligente, y antirreglamentaria de vehículo automotor, agravado por haberse dado el conductor a la fuga y no haber intentado socorrer a la víctima”, y el doctor Luciano Tumini, patrocinante del acusado, consensuaron la concreción de un juicio abreviado con la pena mínima. La tipificación penal contempla una punición de tres a seis años de prisión y admite dicha modalidad, para no llegar a la instancia de un juicio oral y público.