La Dirección de Bromatología y el Movimiento Activista Animal se enfrentan por las denuncias de maltrato animal
El director de Bromatología, Federico Sánchez Chopa, declaró que de las 60 denuncias que presentó el Movimiento Activista Animal solo 12 eran efectivamente por maltrato animal, lo que despertó la indignación de la comisión directiva de la ONG. El presidente de la agrupación, Ezequiel Escudero, respondió a los dichos de Sánchez Chopa y lo acusó de haber incurrido en otras falacias.
La presencia de perros en la vía pública y los reiterados ataques de canes de gran porte a personas y a otros animales han llevado a que desde el Movimiento Activista Animal se enfrenten con la Dirección de Bromatología, dos áreas que deberían trabajar de manera mancomunada, por diferencias de criterios y posturas.
Recibí las noticias en tu email
Luego de que el director de Bromatología, Federico Sánchez Chopa, se acercara hasta los estudios de Eco TV para dialogar sobre el tema, el presidente de la comisión directiva de la ONG, Ezequiel Escudero, se comunicó con este medio para aclarar y contestarle una serie de cuestiones.
“El punto central es la respuesta a una nota que habíamos hecho nosotros. Desde la organización canalizamos denuncias por maltrato animal; hoy la principal función nuestra es la de visibilizar ese tipo de problemáticas”, indicó Escudero.
Al respecto, Sánchez Chopa informó que de una totalidad de 60 denuncias son solo 10 o 12 las que efectivamente son por maltrato animal: “El resto se consideran también de maltrato, pero muchas veces va nuestro personal veterinario que se encarga de determinarlo y constata que no es así”.
Al escuchar su postura, se juntaron los directivos de la organización y decidieron aclarar y visibilizar su enfoque, advirtiendo que “está todo bien con que él mienta respecto a su trabajo, pero de ahí a que cargue con la buena fe de una ONG…”. Respondiéndole a lo expuesto, el referente de la organización expuso: “Él señaló que cualquiera puede decir que maltratan a una mascota y después desde el Movimiento lo convertimos en una denuncia. Y obviamente no es así”.
Aseguró además que todas los hechos que exponen están constatados: el 80 por ciento personalmente y el resto vía digital, ya que “toma tanta visibilidad a través de las redes sociales que no hay necesidad de acercarse”. De todas maneras, si bien se mostró a favor de la visibilidad que generan las redes sociales, comunicó que están en contra del escrache y que lo que se debe hacer es “ir por los caminos correctos”.
Denuncias no respondidas
Una de las principales controversias entre la Dirección de Bromatología y el Movimiento Activista Animal es el tiempo de respuesta y de acción luego de que se radican las denuncias, ya sean en la propia Dirección o por mesa de entrada en el Municipio.
Sánchez Chopa aseveró que reciben todos los días de situaciones particulares y que automáticamente actúan: “Todas son respondidas en tiempo y forma. Muchas veces los tiempos del sistema no son los mejores y eso genera que cuando llevan una denuncia a mesa de entrada pueden pasar cuatro o cinco días hasta que llega a Bromatología”.
Sin embargo, Escudero clamó con indignación que no es cierto que los trámites se demoran porque ingresan por la Municipalidad y explicó que “he ido a modificar algunas denuncias, de un día para el otro y me han dicho que ya se las entregaron al área”.
Además, comentó que preguntó en el mismo Palacio Municipal cómo era el sistema y le comentaron que “si hay un bolsón para cierta área, desde ese departamento saben que tienen que pasar todos los días a verificar”.
Protocolo de acción
La persona encargada de recibir la denuncia y hacer las observaciones antirrábicas de los perros mordedores debe ponerse en contacto con el dueño del animal y debe visibilizar la situación, por lo cual se ralentizan los tiempos, según explicó el director de Bromatología.
Agregó que, como se demora, muchas veces las personas necesitan un canal de comunicación que quizá se agota por otro lado y es por ello que acuden a las agrupaciones, que son quienes tienen la responsabilidad de elevar las denuncias al Ejecutivo, y este último quien tiene el encargo de constatarlas.
“Nosotros igualmente les pedimos que se chequeen, pero muchas veces no se puede. Quizá porque no tienen los tiempos suficientes o consideran que con una denuncia anónima es suficiente para que intervengamos”, expresó.
Asimismo, comunicó que para verificar si efectivamente se trata de un maltrato animal cuentan con un protocolo de contrato en el que está puntualizado cuáles son las situaciones que se consideran como tal, de modo que a partir de eso el profesional interviniente toma la decisión.
No obstante, Ezequiel Escudero remarcó que “es mentira; no existe ningún protocolo”, y señaló que desde la agrupación tienen todas las denuncias documentadas.
“El plazo de constatación es de 20 días. Pero tenemos casos que han tardado 62 días en ir a hacerlo. Entonces si yo denuncio que alguien tiene un perro atado sin agua ni comida y el funcionario que tiene que ir a constatarlo tarda 62 días, te podés imaginar el estado de ese animal…”, exclamó.
Perros en situación de calle
El presidente de la comisión directiva de la ONG advirtió que el Ejecutivo cuenta con ordenanzas vigentes que le permiten hacer un control poblacional y que deberían haberse realizado censos cada cuatro años desde 1996 para conocer ciertamente cuál es la totalidad de perros que hoy están en situación de calle. “Porque él dice que castró a cinco mil perros, ¿pero en relación a qué? ¿Cuál es el universo?”, se preguntó.
En ese aspecto recordó que años atrás se efectuó un muestreo para determinar la cantidad de canes que había en la vía pública: “El único censo, si se lo puede llamar así, es uno que hicieron cuando salieron a caminar y contaron cuántos perros había. No sé qué tan científica es esa metodología”.
Respecto a aquel registro llevado a cabo en noviembre 2018, Sánchez Chopa señaló que habían advertido un total de siete mil sabuesos en la calle, aunque muchos de ellos tenían dueño. Confirmó que repetirán la tarea en noviembre de este año para ver cómo evolucionó la población e informó que intentarán llevarlo a cabo cada dos años.
“La sensación es que hay menos animales en la calle, pero no lo podemos asegurar hasta que no tengamos los números”, evaluó y contó que igualmente “la mayoría son animales con dueño porque el otro día, por ejemplo, salí a las 5 y no había un perro en la calle. Pero pasé a las 10 y había en las puertas”.
En contraposición con su discurso, Escudero advirtió que en lo que va de enero han aparecido más de 50 cachorros en la ciudad y en zonas cercanas: “Quiere sacarse responsabilidad y dice que los perros que andan en la calle tienen dueño, pero no es así ¿Dónde vive Chopa que no ve esto? Él se cree que vive en Ámsterdam, se compra ese discurso y cuando tiene la posibilidad de decirlo frente a un micrófono, lo hace”.
En tanto, para controlar la población de animales callejeros contó Federico que están realizando alrededor de cinco mil castraciones al año, de las cuales dos mil son hembras, con lo cual esperan reducir el número en un 70 por ciento.
Responsabilidad social
Lógicamente regular a cada peatón que circula con un perro es prácticamente imposible con los recursos que se disponen en este momento. Empero, hay ordenanzas que deben cumplirse –como la de tenencia de perros potencialmente peligrosos- y para quien no lo haga, debe aplicarse una sanción.
El director de Bromatología evaluó que “no me parece lógico poner una persona en cada esquina para que controle” y señaló que lo más importante es la responsabilidad social: “Nos estamos olvidando que convivimos en sociedad. Uno es responsable de su mascota y tiene que entender que sus derechos terminan cuando comienzan los de la otra persona”.
Agregó que la cuestión no pasa por derogar la fuerza de seguridad ya que en algún momento “alguien tiene que poner límites”, pero que el primero que debe establecerlos es uno mismo “Si me olvido de mi responsabilidad frente a la sociedad, entonces la culpa la tiene siempre el Estado”.
Discrepando con su postura, Escudero lo acusó de incurrir en un grave error advirtiendo que “hay algo clave acá que es la irresponsabilidad del rol del funcionario público. No puede negar la realidad como lo hace, porque atrasa cuatrocientos años. Dice que tenemos que actuar civilizadamente y que lo tenemos que solucionar nosotros, pero el espacio público es dominio del Estado”.
Denuncia Penal
“Sería bueno que él dijera qué es lo que presume que nosotros buscamos, porque esa no se la vamos a dejar pasar. Yo, viendo desde su óptica, donde para él es todo entre personas y las estructuras no existen, quizá crea que hay una cuestión personal”, indicó Escudero y manifestó que, de cualquier manera, “teníamos peores cuestiones con Olivera, con lo cual el problema es con la estructura, no con él”.
Asimismo, contó que al no obtener respuestas por parte del Ejecutivo ante reiterados pedidos y denuncias que efectuaron, todas las carpetas que presentaron se transformaron en una denuncia penal que en este momento está en la unidad de investigación especial de Azul por tratarse de funcionarios públicos vigentes.
“La denuncia la hicimos el año pasado, y luego, en noviembre, fuimos con el secretario de la ONG a la fiscalía para ver cuál era el estado de situación y está avanzando, entonces vamos camino a presentarnos como particular damnificado para aportar en la causa”, aseveró y concluyó: “Eso podría haber sido archivado si el fiscal lo consideraba así, pero no lo hizo. Entonces nos da la derecha de que al menos los informes que estamos pidiendo se van a llevar adelante”.