La Defensoría del Pueblo había pedido el ingreso de los vecinos a la sesión especial del lunes

Se trató de una jornada de movilizaciones y expectativas, donde un numeroso grupo de vecinos se apostó desde temprano en la explanada municipal con diversas intervenciones artísticas y con la intención de sostener hasta el final el pedido de Audiencia Pública que finalmente no tuvo lugar. 

También lo hicieron con la ilusión de poder ingresar al recinto y poder participar de la sesión especial, incluso en un momento les dijeron que un grupo de 20 personas, luego de 10, iba a poder hacerlo. Eso también quedó trunco. 

En el medio de la congregación, esa misma mañana, llegó una notificación de la Defensoría del Pueblo de la ciudad de Tandil dirigida al intendente Miguel Lunghi solicitando tenga a bien permitir el ingreso de los vecinos “a fin de hacer oír su reclamo¨. 

La diligencia no tuvo lugar, como así tampoco otras presentaciones anteriores que había efectuado en torno al tema la Defensora local Paula Lafourcade, según ella misma aclaró.

Acuerdo de Escazú

En su carácter de Defensora del Pueblo y en uso de las atribuciones que se le confirieron al asumir, Lafourcade intervino en el reclamo de ese sector de la sociedad tandilense a fin de hacer valer su derecho de acceder y convocar a una Audiencia Pública “tal cual lo establece el Acuerdo de Escazú”. 

La funcionaria recordó que ese tratado fue firmado hace poco también por Argentina, resultando el primer acuerdo sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, el cual establece estándares regionales para los derechos de acceso en asuntos ambientales, además de promover la creación y fortalecimiento de capacidades y la cooperación internacional en la materia.

“Solicito por su intermedio –pidió al jefe comunal- arbitre los medios con carácter urgente para que de forma pacífica y ordenada se de ingreso a los manifestantes y se garantice el derecho de peticionar ante los representantes del pueblo¨, asentó en la nota que no tuvo lugar ni respuesta. 

Ni Audiencia Pública ni Mesa de Diálogo

Por otro lado, en conversación con El Eco de Tandil, la Defensora contó que desde su oficina ya habían denunciado ante el Juzgado en septiembre la no confección de la Mesa de Diálogo,  tal como se había signado en la Medida Cautelar librada y extendida luego por el Juez Augusto Blanc. 

“De esa Mesa, que era la que se tenía que constituir con todos los actores involucrados, tenía que salir la ordenanza, ya sea una nueva o su modificación¨, sostuvo Lafourcade, aseverando que para ellos eso daba cumplimiento al Acuerdo de Escazú.

“Evidentemente no fue el camino ni la Audiencia pública ni la Mesa de Diálogo¨, expresó.

La denuncia se dio en consonancia con la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, que también apeló  a dicha formación multisectorial para que desde allí se desprendiera el proyecto a tratar en el Concejo Deliberante sobre las aplicaciones de agroquímicos. 

Si bien desde la Comisión de Producción, Trabajo y Medioambiente afirmaron haber recibido y dialogado con varios actores, los Defensores entendieron que eso no funcionó como Mesa, ya que funcionó a modo de entrevistas y no como espacio de intercambio y debate entre todos. 

Asimismo, tampoco lo fue la figura que se ofreció en el Teatro del Fuerte como lugar de exposición, ya que no solamente no ofició de Audiencia Pública y de hecho careció de carácter legal, sino que se realizó apenas a días de tratarse un proyecto ya redactado en el recinto por los concejales.