La Defensoría del Pueblo continúa supervisando el desarme de Metalúrgica
El desmantelamiento de Metalúrgica Tandil ha despertado un sinfín de interrogantes en cuanto al impacto medioambiental que puede llegar a tener por la propagación de sustancias tóxicas.
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En una acción impulsada en conjunto por el especialista en temas socioambientales, Claudio Lowy, y el abogado Miguel Ibarlucía, se presentaron pedidos de informes a la Defensoría del Pueblo de Tandil, la Municipalidad y el Organismo Provincial para el Desarrollo Sustentable (OPDS).
A fines de julio, Paula Lafourcade, defensora del Pueblo, junto con su equipo y personal de las distintas áreas del OPDS, de remediaciones, de PCB, de generadores de residuos especiales y no especiales, y delegados locales de la Unidad de Respuesta Rápida (URR), contando con la presencia de Franco Magnin (asesor externo de Metalúrgica Tandil) y personal de ERM Argentina SA, empresa consultora medioambiental, realizó una recorrida por la planta que puso fin a su actividad el año pasado.
La Defensoría del Pueblo y el OPDS relevaron el avance del desmantelamiento de Metalúrgica
En el lugar, obtuvieron precisiones sobre el proceso de desguace de la enorme estructura e información sobre la disposición final de los residuos, entre otras medidas a adoptar por parte de Renault Argentina.
Si bien lograron observar in situ el trabajo que se estaba llevando adelante y recibieron una respuesta al pedido de informes, tanto Lowy como Ibarlucía aseguraron que no fue suficiente y efectuaron un segundo reclamo.
Ante la falta de respuestas, realizaron un segundo pedido de informes por el desmantelamiento de Metalúrgica
No obstante, Lafourcade contó en diálogo con El Eco Multimedios que el martes mantuvieron una reunión con el exgerente de Metalúrgica y con parte del equipo que lo asesora en tema ambiental. “Nos acercaron los informes de los avances, de lo que se hizo y de la auditoría de cierre que se va a presentar en breve”, contó.
Agregó que “una vez que presenten eso, nos lo van a remitir a nosotros para que podamos tener la información y nosotros la vamos a enviar a la Defensoría Provincial, ya que ellos tienen un equipo medioambiental para analizar la situación”.
Lo que destacó como positivo de este proceso de desmantelamiento, que por lo menos tomará un año más, es el trabajo en conjunto y la posibilidad de poder ir participando como veedores o fiscalizadores. En ese aspecto, contó que fueron invitados para presenciar el desarme de un horno técnico el próximo viernes.