La Defensoría del Pueblo busca evitar el “desguace” de la cooperativa Nuevo Amanecer

El pedido de un alquiler “impagable” que fijó la Justicia por el uso de las plantas puso en alerta a los integrantes de la cooperativa Nuevo Amanecer, que mantiene las gestiones para evitar un escenario que ponga en riesgo todo el sistema productivo, mientras aguarda por la ley de expropiación.

En medio de esa lucha, encontraron eco en la Defensoría del Pueblo bonaerense, cuyo titular, Guido Lorenzino, se presentará en el expediente de la quiebra que tramita en el Juzgado Civil y Comercial 12 de Mar del Plata, a cargo de Andrea García Marcote.

En diálogo con el ciclo radial “Cosas que pasan” (104.1 Tandil FM), el funcionario abordó la problemática y reconoció que se trata de un tema “complejo”, en el que todos los actores involucrados “tienen algo de razón”.

Por eso, la intervención del organismo será en favor de generar un espacio de diálogo para evaluar las alternativas que eviten el “desguace” de la cooperativa y el final del proceso productivo, en el que los exoperarios puedan cobrar su indemnización y los acreedores lo que reclaman.

“Hay que sentarse y pensar de qué modo. Me parece que desguazar un proceso productivo sin este intento es una picardía y no creo que hable bien de nosotros ni de la Justicia hacerlo así, sin más. Requiere una vuelta más. Y eso vamos a buscar”, ratificó.

En ese camino, la opción podría encontrarse en otros predios propiedad de la firma para evitar “asfixiar” a la cooperativa. Caso contrario, “vamos a terminar beneficiando a un empresario grande que va a venir a comprar”, alertó Lorenzino.

“No vamos a terminar favoreciendo a empresas grandes que van a terminar comprando los bienes productivos de esta cooperativa porque no se pudo llegar de manera inteligente, con buena voluntad, a una solución más consensuada, que es lo que vamos a tratar de definir”.

Como se informó en estas páginas, tras una audiencia ante el Juzgado, la sindicatura reclamó a la cooperativa el pago de un canon locativo para el uso de los dos predios que pertenecen a la firma y que hoy utiliza la empresa recuperada en Tandil y en Mar del Plata.

Desde la cooperativa consideraron que la exigencia de este canon podría poner en peligro el proceso económico y el crecimiento de los puestos de trabajo, la calidad de la producción y la vinculación social.

Expropiación y quiebra

En primer término, Lorenzino aclaró que el organismo no forma parte del expediente, en el que sí están involucrados los trabajadores y los que tienen crédito con el concurso y el pedido de quiebra de una fábrica que fue recuperada y que “hoy es modelo en la región, en Tandil y Mar del Plata, con 140 asociados, que recuperó la centralidad en el mercado de la leche con productos muy buenos”.

En ese contexto, adelantó dos posibles líneas de acción. Por un lado, la elaboración de una nueva ley que permita la expropiación, que fue “lo que quedó suspendido y por eso se generó movimiento en el expediente judicial”.

Luego de la sanción de la Ley 14.663 en 2014 que declaró de utilidad pública y sujetos a expropiación los inmuebles con sus instalaciones y maquinarias de Mar del Plata y Tandil, el proceso de expropiación nunca terminó por concretarse por parte de la Provincia y tampoco de ser convalidado por la Legislatura bonaerense -sólo tuvo media sanción- la normativa que buscó prorrogar la norma por otros cuatro años, pero que expiró en 2021.

“Si no hay una ley que proteja a la cooperativa en términos de expropiación, el proceso judicial sigue avanzando porque hay trabajadores que no están en la cooperativa y quieren cobrar su crédito”, lo cual es “legítimo y justo”, evaluó Lorenzino. 

Por eso, ratificó que el pedido, como segunda acción, será el de construir un ámbito en el que participen AFIP, ARBA y los trabajadores, que son las tres masas concursales que reclaman crédito, “para ver de qué manera logramos que la cooperativa siga funcionando y que lo que se tenga que pagar se pueda pagar, pero sin obstaculizar ni generar pérdidas de las fuentes de trabajo”.

Ese será el desafío. “Lo que vamos a plantear a la Justicia es de qué manera, inteligentemente y entre todos, logramos que la cooperativa siga funcionando y se pague lo que se tiene que pagar”, remarcó el defensor del Pueblo.

“Paraguas legislativo”

“Lo que hay que lograr la construcción de esa ley”, remarcó sobre la normativa de expropiación, que resulta un “paraguas legislativo”, pero que “no resuelve el tema”.

Por eso, la apuesta por “armar una mesa de gestión con los que tienen deuda con la empresa, AFIP, ARBA y un grupo de trabajadores, para ver de qué manera ordenamos esa situación”.

Lorenzino alertó que no se trata de un concurso “convencional”, en el que se rematan los bienes y se pone fin al proceso, por lo que demandó un abordaje “más integral”, que considere el desarrollo que tiene la cooperativa en las comunidades de Tandil y Mar del Plata, “para ver de qué manera logramos que se pague lo que se tenga que pagar, que se sancione la ley que se tenga que sancionar, pero que no se ponga fin a este proceso productivo que es exitoso y que hay que acompañar desde todos los niveles del Estado”.

El caso de la cooperativa

-¿Cuál es el motivo por el cual la cooperativa debería pagar lo que reclama la Justicia y no la quiebra?

-En realidad, lo pagan con los bienes que la cooperativa está utilizando de la quiebra. Lo que no hay que hacer es desguazar la cooperativa para que la termine comprando una gran empresa y deje a todos en banda y, en definitiva, nadie cobre lo que necesita. La Justicia no tiene que ser tan literal en la aplicación de los códigos, sino que amerita, por cómo es el formato de una cooperativa que funciona, buscar un equilibrio entre pagar los créditos a los trabajadores que no se sienten parte de la cooperativa, pero sin fundir a esa cooperativa, que está funcionando.

-¿Es un caso particular el de la cooperativa Nuevo Amanecer?

-La cooperativa Nuevo Amanecer es muy específica, tiene una identidad y una simbología muy fuerte en la región de Mar del Plata y Tandil. Después, sí hay muchas cooperativas en otros procesos más incipientes que también tienen dificultad porque claramente las leyes de expropiación muchas veces son un paraguas temporario, pero después tampoco aparecen los recursos para comprar o pagar esas quiebras o concursos que permitirían a los trabajadores armar las cooperativas, pero siempre hay un acreedor del otro lado que quiere cobrar. Entonces, son procesos imperfectos que no terminan de ser virtuosos. Nos sacan del paso, resuelven transitoriamente la situación, pero creemos que hay que darle una vuelta más. Por eso queremos ir a la Justicia, hablar con la jueza, con los síndicos y los otros acreedores de los créditos laborales para ver de qué manera, entre todos, logramos satisfacer las partes sin cerrar la cooperativa o desguazar los bienes de un lugar que funciona y bien.

Bienes disponibles

“Habrá que buscar si hay algún otro bien, campo u otro inmueble, que se pueda poner a la venta para generar recursos”, remarcó Lorenzino, que enseguida aclaró que “no tengo el inventario de los bienes que hoy tiene a disposición la cooperativa y que están sometidos en este proceso concursal”.

Según el funcionario, el diálogo solicitado a la magistrada permitirá avanzar en la búsqueda de “una solución” que no atente contra el proceso productivo que, en definitiva, “hoy es lo único vigente y real”.

“Es complejo y todos tienen algo de razón”, reconoció, e insistió con la generación de un espacio de debate.

-¿Será una salida buscar otros bienes?

-Los trabajadores dicen que sí, que hay campos, pero no tengo el inventario. Lo que hay que hacer es sentarnos en una mesa en la que se ponga a disposición la información para que la Justicia pueda tomar la mejor decisión. Lo que digo es que no es una quiebra convencional. Es una cooperativa que tiene una raigambre muy fuerte en esa zona, que está en pleno proceso productivo y la está yendo bien. Hay que ver cómo se compatibiliza eso con el pago de las deudas de la empresa.