La Defensoría del Pueblo bonaerense pidió al Municipio que fiscalice la aplicación de agroquímicos en Gardey
La denuncia de los vecinos de la localidad rural de Tandil llegó a la Provincia, desde donde consideraron que se debe “atender” dicha preocupación. El organismo le pidió a Lunghi que arbitre las medidas de control y le sugirió crear una ordenanza con zonas excluidas de agroquímicos. Pidieron favorecer la soberanía alimentaria y considerar ideas compatibles con el equilibrio agroecológico.
Luego de que varios vecinos de la localidad de Gardey denunciaran la aplicación de agrotóxicos en un campo cercano a la zona urbana sin ningún tipo de precaución, con viento a favor de las casas e incumpliendo la normativa local vigente, la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires se expidió al respecto.
Recibí las noticias en tu email
Tras presentar la denuncia ante el Ejecutivo y ser recibidos por la Comisión de Producción, Trabajo y Medioambiente del Concejo Deliberante, los pobladores que registraron con sus teléfonos las dos ocasiones en que se ejerció la práctica irresponsable extendieron la acusación a las defensorías del Pueblo local y provincial.
Esta última dependencia hizo lugar al escrito en el que los afectados manifestaron que “producto de la aplicación de agroquímicos en la periferia del pueblo, concretamente en el campo Don Juan, se producen perjuicios a la salud y el ambiente de esa localidad. Al respecto, señalaron la falta de una adecuada fiscalización de la actividad.
En su exposición, los vecinos también mostraron su malestar por el tránsito de equipos autopropulsados, conocidos comúnmente como “mosquitos”, por dentro de la zona urbana de dicha localidad rural.
Por ese motivo, desde la Secretaría de Servicios Públicos, Obras Públicas y Transporte de la Defensoría del Pueblo bonaerense se dirigieron al intendente Miguel Lunghi para solicitarle que arbitre “las medidas pertinentes para resolver el problema planteado por los vecinos”. A tal efecto, sugirieron que el Municipio, ejerciendo las facultades que le son propias, fiscalice la aplicación de agroquímicos en el área de conflicto.
Atendiendo la demanda
Para respaldar sus afirmaciones, los interesados acompañaron notas, artículos periodísticos y otra documentación ilustrativa de la problemática. Entre ella, y poniendo en evidencia la magnitud que el tema tiene para algunos, destacaron la judicialización del caso ante la Justicia Ordinaria de Tandil (Juzgado Civil y Comercial 2 de Tandil).
Al entender del organismo provincial, resultó “atendible” la preocupación vecinal por las aplicaciones de agroquimicos en el campo Don Juan, a escasos metros del límite perimetral de la zona urbana de Gardey. “Esa situación, inicialmente, atenta contra el derecho de sus habitantes a vivir en un ambiente sano y libre de contaminación”, determinaron y mencionaron el amparo del artículo 41 de la Constitución Nacional y el 28 Constitución de la Provincia de Buenos Aires.
Ante esto, consideraron como una alternativa “adecuada” la intervención de un ingeniero agrónomo matriculado que verifique, en el lugar, las condiciones climáticas imperantes (sentido y velocidad del viento, humedad, temperatura) los productos (volatilidad), principios activos, dosis y concentraciones.
Asimismo, con un fin preventivo, sugirieron a la comuna de Tandil incrementar los controles, particularmente, en la franja de 300 metros paralela a los límites de las zona urbana de Gardey, a los efectos de que no se apliquen en la misma productos banda Ia, Ib, II y glifosato.
Vale recordar que en una de las oportunidades, los vecinos que habían sentido “olor a veneno” y constataron la maquinaria pulverizando, se comunicaron inmediatamente con Héctor Creparula, director de Medioambiente del Municipio. El funcionario aseguró que se contaba con la presentación de la receta agronómica pertinente, a la que los denunciantes tuvieron acceso y pudieron constatar la presencia de glisfosato, entre otros plaguicidas.
Zonas de exclusión
Por otro lado, la Defensoría instó a que se evalúe, en aras de una mayor protección para los habitantes, el impulso ante el Concejo Deliberante de la creación por ordenanza de las llamadas “zonas de exclusión”; esto es, superficies, próximas a las viviendas, donde no puedan aplicarse agroquímicos de ningún tipo.
Considerando acciones a mediano y largo plazo, propusieron la elaboración de una ordenanza “acorde a los tiempos actuales”, en los cuales se presentan situaciones técnicas, sanitarias, sociales y económicas que ameritan actualizar las normativas que regulan la actividad agropecuaria en general y la vinculada con los agroquímicos en particular.
Así, contemplaron que el volumen y calidad de los trabajos científicos publicados sobre los daños a la salud y el ambiente que producen los agroquímicos, la realidad sanitaria y ambiental de las poblaciones linderas a los establecimientos agropecuarios y las escuelas, “imponen adecuar las normativas sobre el control y la fiscalización de la producción, comercialización y aplicación de los productos de síntesis química utilizados para la sanidad vegetal”.
En este aspecto, hicieron referencia a la Relatoría Especial sobre Derecho a la Alimentación de la Organización de Naciones Unidas (ONU), que en noviembre de 2018 presentó un informe alertando que en el marco de la agricultura industrial a gran escala, “es esencial que se tome en cuenta el verdadero costo de los métodos de producción en relación al suelo y los recursos hídricos, como así también el impacto de la degradación ambiental sobre las generaciones futuras, en lugar de concentrarse únicamente en la rentabilidad y el crecimiento económico a corto plazo”.
Definieron como “evidente” que el modelo de producción actual basado en tecnologías de insumos que maximizan la rentabilidad por encima de los demás aspectos ha producido pérdidas en la biodiversidad, degradación del suelo, deterioro en la calidad ambiental y riesgos para la salud de la población cercana a las áreas productivas, los centros de salud y las escuelas, donde la utilización de plaguicidas de síntesis química se incrementa a tasas geométricas.
Sin ir más lejos, en Tandil un estudio revelado el 11 de junio por investigadores de la Unicen detectó la presencia de 16 tipos sustancias peligrosas para la salud humana o plaguicidas en 15 escuelas rurales del partido.
Instaron a que Tandil considere ideas compatibles con el equilibrio agroecológico
Por último, bajo la firma de Gastón Arias, secretario de Servicios Públicos, Infraestructura y Transporte, a la Defensoría del Pueblo le pareció oportuno dejar plasmada ante el intendente Lunghi su posición en general respecto a la problemática de los agroquímicos, y solicitó que se tenga en cuenta favorecer la soberanía alimentaria y contribuir al cuidado del ambiente y el cumplimiento del artículo 41 de la Constitución Nacional, a través de la redacción de normas con ideas superadoras del actual paradigma, promocionando y desarrollando sistemas de producción, distribución y consumo de productos de base agroecológica, priorizando la utilización de tecnologías de procesos compatibles con el equilibrio ecológico.
En esa línea, destacaron la reciente creación de la Dirección Nacional de Agroecología en el ámbito del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. Propusieron también la adhesión a la Renama (Red Nacional de Municipios y Comunidades que Fomentan la Agroecología).
Asimismo, mencionaron la institucionalización de espacios dentro del Ejecutivo municipal que cuenten con profesionales idóneos para la promoción de nuevas formas de producción compatibles con la salud y el ambiente y fortalecer los mecanismos de control, fiscalización y seguimiento de todas las etapas en las que intervengan agroquímicos que sean requeridos para su aplicación, asegurando en la utilización de los mismos los máximos recaudos para evitar perjuicios a la salud y el ambiente.
Además, propusieron que tengan en cuenta la Ley Provincial de Agroquímicos 10.699 y su Decreto reglamentario 499, como así también la Resolución 32 de la Defensoría del Pueblo del año 2011, de las cuales adjuntaron copias en la nota y acompañaron con un cuadro demostrativo sobre el resultado de un relevamiento realizado por el organismo bonaerense sobre las diferentes ordenanzas municipales que reglamentan la temática agroquímicos.
Finalmente, invitaron a convocar a las organizaciones de productores, instituciones intermedias, asociaciones civiles defensoras de derechos, asociaciones vecinales, sociedades de fomento y vecinos afectados por el problema planteado, con el objetivo de obtener consensos que permitan avanzar hacia una sociedad más justa que garantice la igualdad de derechos a la salud y el ambiente.
Vale mencionar que desde la Comisión de Producción, Trabajo y Medioambiente del Concejo Deliberante están avanzando en este sentido, para delinear una nueva ordenanza de aplicación de agroquímicos.
“Nos ponemos a disposición para colaborar en todo lo atinente a los agroquímicos en toda su dimensión, aportando la experiencia de 10 años que tiene la Defensoría, como así también en la redacción de una normativa municipal que contemple su adecuación a las que rigen en la provincia y a la realidad propia del distrito de Tandil y en este caso teniendo en cuenta las particularidades de situaciones similares a las de Gardey”, concluyeron desde el ente provincial.
