La campaña “Las niñas no son madres” busca visibilizar el problema de los embarazos infantiles y los abusos
En la semana de la niñez, desde Socorristas en Red armaron una campaña para mostrar que a nivel nacional, cada tres horas, una nena de entre 10 y 14 años atraviesa un parto. En el 80 por ciento de los casos son víctimas de abuso sexual y sigue habiendo barreras para acceder a la ILE. Entre 2018 y 2019, el 21 por ciento de los partos atendidos en el sistema de salud público de Tandil correspondió a menores de 19 años.
Desde Socorristas en Red lanzaron en una campaña denominada “En un mundo justo las niñas no son madres” en el marco de la semana de la niñez, que busca sensibilizar sobre las alarmantes cifras de embarazo en niñas menores de 14 años y el entramado de vulneración de derechos que conlleva.
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En Tandil, de acuerdo a datos oficiales vertidos el año pasado en la audiencia pública sobre Educación Sexual Integral que se celebró en la Asociación de Abogados local, desde septiembre de 2018 a septiembre de 2019 se registraron 540 nacimientos en el Hospital Santamarina, de los cuales 113 correspondieron a madres menores de 19 años, lo que representan el 21 por ciento del total de alumbramientos.
En 2017 se registraron 660 partos en el sistema público y 4 de ellos fueron de menores de 14 años, mientras que 109 intervenciones tuvieron como protagonistas a adolescentes de entre 15 y 19.
En el país, cada tres horas una nena de entre 10 y 14 años atraviesa un parto. El 80 por ciento de los casos es producto de abuso sexual intrafamiliar, según el estudio Embarazo y Maternidad en Adolescentes y menores de 15 años elaborado por Unicef Argentina.
Según datos oficiales hay 700.000 nacimientos por año, de los cuales más de 3000 son de niñas menores de 15 años. Sólo en 2017, 2493 niñas se convirtieron en madres, 506 tenían entre 10 y 13 años, mientras que en 1987, apenas 14.
Niñas no madres
Socorristas en Red es una articulación de colectivas de Argentina que brindan información -siguiendo los protocolos de la Organización Mundial de la Salud- y acompañamiento a mujeres y a otras personas con capacidad de gestar que han decidido interrumpir embarazos inviables para ese momento de sus vidas, para que lo hagan de manera segura y cuidada.
A nivel local, la agrupación funciona desde 2016 y está integrada por cinco personas, que abordan y acompañan a quienes soliciten su ayuda, en articulación con el Sistema Integrado de Salud Pública y otras colectivas feministas. Luz Nusch y Lola Pérez Elichiribehety forman parte del espacio y se acercaron a la redacción de El Eco de Tandil a conversar sobre los alcances de la propuesta, que pretende reforzar el concepto de infancias libres encuadrado en la plena garantía de los derechos de la niñez.
“Esta campaña es un acto de politización de los cuidados porque cuidar lejos está de ser mera responsabilidad individual, es un derecho de todos. Que en un mundo justo las niñas no sean madres es también una apuesta de profunda responsabilidad social desde la certeza de estar armando mundo feminista. Las queremos vivas de risa, vivas jugando. Necesitamos extender y dar alojo a los tiempos de la infancia. En un mundo justo, se cuida a las niñas de la tortura del abuso y las violaciones”, explicaron.
Para acompañar la campaña es posible difundir los materiales impresos y publicaciones de nuestras web y redes sociales: Web: socorristasenred.org Instagram: @socenredarg Facebook: Socorristas en red – feministas que abortamos) Twitter: @socorristasarg.
En tiempos de pandemia y ante las dificultades para de movilizarse en la vía pública, se llevará a cabo una acción en Twitter este viernes con la consigna “En un mundo justo las niñas no son madres. Las queremos: #VivasYJugando”.
Embarazo infantil como tortura
Unicef y otras organizaciones que trabajan con infancias, derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos, consideran que forzar a una niña a gestar y parir es tortura. “El embarazo en la infancia es abuso sexual”, definieron.
Este concepto cobró especial relevancia en febrero de 2019, cuando trascendió el caso de Lucía, una niña tucumana de 11 años abusada por la pareja de su abuela -que fue condenado a 18 años de prisión- que fue obligada a llevar adelante la gestación. Con un avanzado estado de gravidez al que la condujeron, se le practicó una cesárea en vez de aplicar la ley como corresponde en estos casos, dado que en Argentina el aborto es legal bajo el sistema de causales que contempla la violación y el riesgo para la salud.
Diversos funcionarios públicos de la provincia fueron enjuiciados por las graves irregularidades que se cometieron con la nena, que fue víctima de violencia sexual y cuyas posibilidades de morir en el parto eran cuatro veces mayores que las de una mujer de 20 años, además de la clara voluntad de la pequeña de interrumpir ese embarazo.
En este sentido, Luz señaló que existe una enorme barrera para acceder a los derechos y que estos casos constituyen una total vulneración de la infancia. “Los mandatos alrededor del género y la maternidad, la romantización del embarazo, este imaginario todavía opera, pero es una tortura hacer que una niña lleve adelante una gestación con todo lo que eso implica a nivel psicológico, físico y social, lo que acarrea para su vida futura. Hay que discutir qué rol desempeña el sistema de salud y todas las intuiciones estatales, que deben resolver estas situaciones con protocolos que existen pero muchas veces no se cumplen”, desarrolló.
Una problemática multicausal
Por otro lado, Lola enfatizó que la mayoría de los embarazos en niñas se producen por un abuso y que en los otros casos tampoco es muy factible pensar que la voluntad de la menor fue viciada, lo que le imprime a la problemática un matiz escabroso al que es necesario mirar de frente y atacar. Menores de 13 años, según la legislación, no están en condiciones de dar consentimiento válido.
La temática debe ser abordada desde múltiples perspectivas que contribuyan a proteger a las niñas. Para ello se precisa que haya formación con perspectiva de género en el ámbito estatal, como prescribe la Ley Micaela, y también en el privado, para que cuando estas nenas lleguen a un establecimiento de salud pidiendo ayuda no se encuentren con personal antiderechos obstruyendo el acceso a sus derechos. En este punto, destacaron que la ilegalidad del aborto favorece que se generen situaciones de violencia institucional, empuja a la clandestinidad y cercena la libertad de elegir de las personas gestantes.
Asimismo, remarcaron que la Educación Sexual Integral es otro eslabón fundamental para desentrañar e identificar abusos y criar infancias sin estereotipos y con pleno conocimiento de sus derechos y posibilidades, y expusieron que “antes tiene que haber acceso a la educación, a una vivienda, a la alimentación, es algo estructural”.
Por último, expresaron que “en un mundo justo, los estados y sus gobiernos protegen y expanden buen vivir para las infancias. Promueven y garantizan que sus vidas estén libres de violencias. Las salvan de los malos tratos; del hambre, de la falta de vivienda, de la falta de agua, de la falta de necesidades básicas, de la falta de acceso a la educación y a la salud, del irrespeto a su identidad”.
