La Asamblea Ciudadana volvió a objetar las autorizaciones para construir sobre las sierras
La Asamblea Ciudadana por la Preservación de las Sierras volvió a arremeter contra los avances estatales en detrimento de la normativa vigente y del paisaje natural. El Concejo Deliberante habilitó la cesión de parcelas a cambio del otorgamiento de indicadores en una área de La Movediza que se encuadra dentro del ZEIU 32, donde está prohibido construir según el PDT.
La generación y el acceso al suelo urbano es una problemática que parece no encontrar solución, y de la que se desprenden múltiples aspectos que ponen en evidencia distintos temas vinculados al Plan de Ordenamiento Territorial, la preservación del entorno, la destrucción del paisaje natural, las connivencias del mercado inmobiliario y la falta de oportunidades que garanticen a la ciudadanía el acceso a parcelas pasibles de ser edificadas.
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En este contexto, tras conocerse el efectivo tratamiento en el recinto del Concejo Deliberante –que finalmente fue aprobado- del expediente del convenio urbanístico correspondiente a un loteo ubicado en inmediaciones del cerro La Movediza, la Asamblea por la Preservación de las Sierras emitió un comunicado en el que vuelve a dejar su posicionamiento sobre el asunto.
“Esta desafectación se hace con un convenio urbanístico, instrumento que, tal como viene siendo usado, significa que un particular pide algo al Municipio que no está permitido y paga algo a cambio de la excepción. En este caso, argumentan que el Estado recibirá terrenos y enfatiza que el loteo lo deberán hacer con los servicios correspondientes. Por una parte pone maquillaje al hecho de que la ciudad pierde una ladera de un área emblemática que merece un proyecto acorde a su significancia, que el proyecto implica construir una sierra y que genera antecedentes para nuevos proyectos que vulneran el ordenamiento, degradan el ambiente y empobrecen la ciudad aunque enriquezcan a algún particular”, sentencia el texto.
A partir de ese convenio el Municipio de Tandil recibirá 9824,77 metros cuadrados de tierra en concepto de plusvalía y constituye el paso posterior a la asignación de indicadores a la Zona Especial de Interés Urbanístico 32, donde está incluido el macizo.
Además, los vecinos nucleados en el movimiento ambientalista pusieron el foco en los lineamientos del PDT, que se orientan a desalentar la construcción sobre el arco serrano, proteger las cuencas hídricas, establece ZEIUs, entre ellas la 32, con el objetivo de equipamiento urbano o regional para el presente y previendo el crecimiento de la ciudad.
Vale recordar que el Plan de Ordenamiento Territorial le asigna al área urbana y complementaria del Partido de Tandil indicadores como: densidad, superficie de construcción, de permeabilidad, cantidad de lotes, tamaño. De acuerdo a los criterios establecidos en el plan, se estipuló que haya zonas de la ciudad de interés urbanístico. Estas parcelas son “páginas en blanco” y no poseen indicadores, por lo tanto no se puede construir en ellas
Por último, el comunicado enuncia: “Ninguna apuesta a la valorización inmobiliaria obliga al estado a ordenar el territorio de acuerdo a los intereses de quienes apuestan. Por el contrario, se debe al bienestar de la comunidad, a la preservación del patrimonio natural y a una gestión de la ciudad que no genere compromisos injustos y costosísimos en todo sentido en el presente y el futuro”.
El incumplimiento del PDT
Ana Fernández, integrante de la Asamblea Ciudadana, criticó la falta de acceso público al texto de la ordenanza aprobada ayer y remarcó el peligro que significa el precedente del avance de la urbanización en zonas especiales de interés urbanístico (ZEIU).
“El argumento de que el Estado tiene que intervenir para que haya terrenos con servicios creemos que es un excelente argumento, pero no se entiende por qué esos lotes se generan sobre las sierras. Hay zonas que no están dentro de los ZEIUs que servirían”, consideró ante la consulta de El Eco de Tandil.
Y añadió: “Si tenemos un estado interventor no entiendo donde están cuando en Villa del Lago avanzan con construcciones y no hay agua, todos los que están alrededor van a tener derecho a exigir lo mismo. Intervienen para generar negocios particulares la zona serrana pero no está para controlar que no haya construcciones clandestinas”.
Desde el espacio sostienen que no se justifica obtener diez terrenos mutilando una zona destinada a otra cosa, a partir del incumplimiento del PDT y en detrimento del ambiente. “Hay una continuidad en sus acciones de favorecer algunos negocios y permitir construcciones que no deberían”, aseveró Fernández.
En el amplio espectro publicitario del mercado de bienes raíces es común ver que se ofrece el acceso al paisaje como una marca registrada, lo que para los ambientalistas no deja de ser paradójico cuando esta posibilidad se formula en base a la destrucción del paisaje, con las pertinentes consecuencias.
“¿Qué sentido tiene dejar edificar en una zona donde hay que llevar el agua en un camión cuando la ciudad tiene zonas en las que se puede construir y llevar los servicios por un costo mucho menor? Creemos en ampliar el uso residencial urbano sin arremeter contra el patrimonio natural y paisajístico de la ciudad, que debe preservarse en pos de una calidad ambiental que ahora está comprometida”, subrayó la mujer.
