PRESUNTO ABUSO EN EL JARDÍN
Gremios pidieron que se resguarde a la comunidad del Jardín 901 porque “trabajan con miedo”
Suteba y la FEB acordaron con la inspectora jefe distrital de Educación concretar una reunión con autoridades para garantizar las medidas de resguardo pertinentes a los trabajadores y alumnos que concurren a la institución. Expusieron que las docentes trabajan con miedo y que se estigmatiza al establecimiento tras el caso de presunto abuso denunciado en julio.
En el mediodía de ayer, representantes gremiales de Suteba Tandil y de la Unión de Educadores de Tandil (FEB) se reunieron con la inspectora jefe distrital Carola Figueroa para pedirle que se aplique el Protocolo de Medidas de Resguardo y Reparación para los Trabajadores de la Educación establecido en la Resolución 2672/15, frente al caso del presunto abuso ocurrido en el Jardín de Infantes 901 en julio de este año.
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Además, exigieron que se hagan presentes en la ciudad responsables de la Dirección General de Cultura y Educación provincial para acompañar y asistir la situación conflictiva desatada tras la denuncia por abuso sexual al profesor de teatro Juan Rosso, y su posterior detención en el marco de la causa en su contra.
Trabajar con miedo
Con este escenario desplegado, Hugo González de Suteba y María Ganderatz de la FEB informaron a El Eco de Tandil que solicitaron a las autoridades de la Jefatura Distrital que se garantice la seguridad y los derechos de los trabajadores del Jardín, de los niños que allí concurren, de sus familias, y también el normal funcionamiento de la institución.
La exposición pública del caso agitó el avispero mediático y social, alterando las condiciones de existencia del establecimiento de nivel inicial y de quienes lo transitan diariamente. Por este motivo, del encuentro participaron también maestras de la institución educativa preocupadas por la situación que atraviesan en su ámbito laboral.
Los referentes sindicales indicaron que “no se puede seguir presionando a una comunidad educativa y a los trabajadores, que van a trabajar con miedo. Tienen miedo del vínculo y la relación en la tarea pedagógica con los alumnos”.
En este marco, las entidades gremiales y las autoridades acordaron concretar una reunión para la próxima semana con representantes de jefatura regional y distrital, orientada a abordar la problemática y ofrecer herramientas que eviten mayores conflictos en el espacio educativo.
Medidas de resguardo
La normativa citada procura resguardar a los docentes ante situaciones de violencia física, psicológica o simbólica y ante denuncias realizadas contra los trabajadores mientras se realice la investigación.
“El jardín está siendo estigmatizado y cada uno de los trabajadores, en función de cómo trascendió mediáticamente y cómo se trata el tema. Lo que nos preocupa es que en una de las notas publicadas están las declaraciones de la Cámara Gesell, ni se tiene en cuenta la situación del menor y del resto de los niños. Es lamentable que la justicia difunda esa información”, señaló González.
“Nuestro deber es defender a nuestros afiliados, y entendemos que es necesario resguardar los derechos de los niños, en este caso de este niño en particular. Es vulnerado por los medios y la gente que sale a hablar. Bregamos por las condiciones de trabajo, de enseñanza y aprendizaje”, aseveró por su parte Ganderatz.
El sumario administrativo
El 2 de julio, cuando se tomó conocimiento del caso, la Jefatura Distrital intervino para separar del cargo a los docentes acusados. Como establece la normativa, ante la presunción de cualquier situación que vulnere los derechos de un niño debe primar el interés superior del menor, de forma preventiva, sin que eso implique un cargo de culpabilidad.
Según explicaron en su momento, se procedió a la separación de los cargos del profesor de teatro y de la docente a cargo de sala en forma inmediata y se elevaron las actuaciones correspondientes. De este modo, se pretende que las personas encargadas de determinar las responsabilidades en la instancia judicial y administrativa puedan investigar para determinar la culpabilidad o no de los involucrados. A la fecha los docentes continúan apartados de sus puestos mientras el caso se dirime en la Justicia penal.
La causa penal
González se refirió a la causa judicial contra Juan Martín Rosso, detenido el lunes por orden del fiscal José Ignacio Calonje y la jueza de Garantías Stella Maris Aracil, y puso el foco en la falta de equidad para tratar el caso. Detalló que hay docentes que quieren declarar y no fueron convocadas a prestar testimonio en el fuero penal, aunque sí testificaron en el expediente administrativo, que no tiene validez legal.
“Nos paramos desde un lugar que tiene que ver con los derechos de los niños y los trabajadores, y el respeto que merece el tema y la educación pública. La justicia tiene que trabajar con equidad y sin presiones para hallar la verdad”, concluyó González.
