Gran cantidad de mujeres volvió a copar las calles de la ciudad bajo las consignas de Ni una menos

Las organizaciones feministas volvieron ayer a copar las calles de la ciudad. En el séptimo aniversario de la primera marcha de Ni una menos y luego de dos años de postergadas convocatorias producto de la pandemia, una gran cantidad de mujeres protagonizó una nueva manifestación para darle visibilidad a la problemática, exigir el cese de la violencia machista e insistir con las demandas que forman parte de la agenda.

Bajo la organización de la Asamblea Feminista Tandil, la concentración comenzó a las 17, en las inmediaciones de la explanada de la Municipalidad. Con carteles, banderas y bombos, las mujeres comenzaron a ocupar sus lugares y a prepararse para dar inicio a la marcha, que tuvo su correlato en todo el país. 

A las 18.22, encolumnadas detrás de la bandera con el lema “Ni una menos”, las manifestantes comenzaron a marchar, a paso lento, desde Belgrano hacia Chacabuco, con dirección a Maipú.

Luego de pasar por las puertas de las oficinas de la Policía Federal, avanzaron hasta 9 de Julio. “No más violencia”, “no más femicidios”, “no más impunidad”, “los derechos de las mujeres son derechos humanos”, fueron algunos de los mensajes de los carteles, mientras que otros se sumaban a las consignas de “vivas, libres y desendeudadas nos queremos”.

Haciéndole frente a la gélida tarde de otoño, la columna de mujeres avanzó por el centro y se detuvo en varias oportunidades ante la mirada atenta de peatones, comerciantes y automovilistas, que vieron interrumpida la circulación por algunos minutos.

Frente a la sede de la Dirección de Políticas de Género del Municipio hicieron una breve escala. En la puerta, se encontraba la directora, Matilde Vide, y la concejal María Haydeé Condino, que adhirieron a la convocatoria.

Al llegar a Mitre, punto donde se sumó Percusión Frika, caminaron hasta tomar Rodríguez y concluir frente a la Municipalidad, donde las organizaciones convocantes dieron lectura a un documento consensuado entre todas las agrupaciones con reivindicaciones y reclamos que aún siguen vigentes.

En el orden local, destacaron la necesidad de contar con otra Defensoría civil en la ciudad para hacer frente a la sobredemanda de patrocinio jurídico de calidad, insistieron con la ampliación presupuestaria y jerarquización de la Dirección de Políticas de Género y Diversidad Sexual y se enfocaron también en la aplicación de la Ley Micaela en toda la planta municipal.

“Nos unimos para gritar en una sola voz”

Al llegar a la explanada, las organizadoras leyeron un documento con los reclamos. “Como todos los años desde 2015, mujeres y disidencias a lo largo de todo el país nos unimos para gritar en una sola voz. Nuestras demandas, lamentablemente, siguen siendo las mismas: ¡qué dejen de matarnos!”, señalaron.

Y remarcaron que, pese a todo, no hemos abandonado la lucha”, y desde allí repasaron los logros obtenidos. “Avanzamos en la creación de dos ministerios de Políticas de Géneros y Diversidades, tanto en Nación como en Provincia; la creación de la Ley Micaela, de protocolos de actuación en los lugares de trabajo, en las escuelas, en las organizaciones sociales y barriales”.

En otro párrafo, expresaron que la “enorme movilización que gestamos las mujeres y disidencias nos fortaleció para sostener y convocar al primer paro a Mauricio Macri y sus políticas neoliberales”.

Reclamaron un “Estado presente y con perspectiva de géneros para poder trabajar en la prevención y erradicación de las violencias”.

“Nos duelen las que faltan”

“Nos duelen las que faltan”, alertaron y compartieron algunas cifras del observatorio “Ahora que si nos ven”. Hasta el 30 de abril, “se registraron 104 femicidios”, de los cuales “16 víctimas habían realizado al menos una denuncia y siete tenían medidas de protección”.

“El 60 por ciento de los femicidios fue cometido por las parejas y exparejas de las víctimas”, advirtieron y detalleron que “el 61 por ciento” de los casos registraron durante el año ocurrió en la vivienda de las víctimas. Por eso, “exigimos políticas de acceso a la vivienda”.

“Estamos hartas de vivir con miedo, precarizadas, acosadas. Sufrimos todo tipo de violencias por ser feminidades y disidentes. No sólo es física dentro de las casas, sino también psicológica, económica, en nuestros trabajos reconocidos y no reconocidos, simbólica e institucional”, exclamaron.

Algunos planteos

Al abordar las demandas, exigieron la “jerarquización y fortalecimiento de los equipos de las distintas áreas de los ministerios de Mujeres para sostener y profundizar el camino hacia un Estado feminista; mayor presupuesto para las dependencias y la extensión del programa Acompañar, dirigido a víctimas de violencia de género; efectiva implementación de la Ley Micaela en todos los niveles del Estado” y su ampliación hacia medios de comunicación y empresas. 

En otro párrafo del documento, reclamaron la recuperación de los salarios de las trabajadoras “acorde a la inflación, estabilidad laboral y reducción de las jornadas laborales para poder desarrollar proyectos de vida donde haya lugar para el ocio y el autocuidado”.

Además, la “aprobación de un salario básico universal; reconocimiento del trabajo de las promotoras territoriales; reforma judicial feminista: no queremos más que nuestras vidas o muertes sean juzgadas por una justicia patriarcal heterosexista que desconoce nuestras historias de vida; recuperación de las tareas de trabajo que llevan adelante las compañeras del Ministerio de Desarrollo Social de Nación”.

Exigieron la efectiva implementación de la ESI en todo el territorio federal con perspectiva de género y diversidad”.

Demandas locales

En el orden local, pusieron el foco en solicitar la creación de otra defensoría civil y un mayor presupuesto y jerarquización de la Dirección de Políticas de Género y Diversidad Sexual. “La elaboración de las políticas públicas que aborden la temática de manera integral tiene que estar directamente vinculada con la jerarquización de las áreas específicas que trabajen la desigualdad de género”, justificaron.

Y exigieron la “democratización de la información relativa al funcionamiento del Refugio Marha Pelloni; que se desarrolle un presupuesto municipal con perspectiva de género y diversidad y la aplicación de Ley Micaela en toda la planta municipal”. 

A un año de la sanción de la Ley 27.610 de interrupción voluntaria del embarazo, reclamaron por el “efectivo cumplimiento de la implementación en todo el sistema de salud”, asesorías en salud sexual integral en todos los centros de salud y el “urgente nombramiento de médica legista para la Comisaría de la Mujer y garantizar las atenciones en la guardia para las situaciones en contexto de violencia familiar y por motivos de género”.