Feministas Unicen expuso sus demandas de mayor paridad de género y acceso a derechos en el ámbito académico
El espacio conformado por integrantes de la comunidad universitaria y el Programa de Género se reunieron con el vicerrector y la secretaria académica para visibilizar los reclamos en torno a la falta de equidad en la Unicen, las trabas en la implementación de leyes y la prevención del acoso laboral.
El grupo Feministas Unicen, en articulación con el Programa de Género de la Universidad Nacional del Centro, llevó adelante la semana pasada un encuentro con Marcelo Aba, vicerrector de la casa de estudios, y con Mabel Pacheco, secretaria académica de la Universidad. La reunión tuvo el objetivo de compartir el documento elaborado en el marco del 8 de marzo por la asamblea regional de la que participaron alrededor de 300 mujeres de los distintos claustros y de todas las sedes.
Recibí las noticias en tu email
En el encuentro se enfatizó el carácter político de cada uno de los puntos explicitados, invitando a las autoridades a entender esas demandas como una guía hacia una universidad con políticas institucionales que pongan el foco en revertir las desigualdades basadas en el género, así como en renovar los compromisos en prevenir las violencias.
El documento elaborado evidencia la necesidad de reconocer los sesgos de género, en las prácticas y discursos de la institución como primer paso hacia una renovación de la academia, en clave de género.
En el marco de los reclamos exhibidos, las feministas de la Unicen denunciaron “la falsa idea de la meritocracia académica y exigimos políticas afirmativas que garanticen la igualdad de género en la trayectoria institucional. Es necesario revertir las asimetrías de poder instauradas en los ámbitos universitarios y por ello reclamamos que se contemple la multiplicidad de tareas que sobrecargan especialmente a las mujeres en la vida familiar, a la hora de analizar el rendimiento en la producción académica en la carrera docente y en todos los espacios laborales”
Las demandas
En el marco del Paro Internacional y plurinacional de Mujeres Trabajadoras, Lesbianas y trans-travestis de 2021, el espacio presentó algunos ejes orientados a profundizar las políticas institucionales en materia de prevención y combate del acoso y la violencia laboral por motivos de género, entre otros aspectos relevantes, como la implementación del Cupo Laboral Trans y de la Educación Sexual Integral (ESI) en el ámbito académico.
En tal sentido, más allá de que las universidades no conforman la administración pública nacional, se instó a poner en marcha estrategias para tomar medidas que acompañen ese gran paso, tal como se hizo con la Ley Micaela, a través de la adhesión del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).
“Reclamamos la paridad de género en la conformación de los órganos de cogobierno, y en todos los ámbitos de representación académica y de gestión de la Institución (comisiones evaluadoras, tribunales de tesis, conformación de mesas de congresos, paneles institucionales, etc.), y sostenemos la necesidad de iniciar un camino en la búsqueda de la paridad en la conformación de las secretarías y áreas de gobierno de Rectorado”, expusieron en el documento.
En el arco de demandas presentado por escrito, el grupo ratificó la necesidad incorporar la perspectiva de género en los planes de estudio de todas las carreras de grado y de posgrado, así como las referencias de autoras mujeres e identidades sexo-disidentes en los diversos campos disciplinares.
En esa línea, abogaron por la inclusión de los contenidos de la Ley de Educación Sexual Integral (Ley 26.150) en los planes de estudio de los profesorados universitarios, dado que en el futuro desempeñarán el rol docente en los distintos niveles educativos. Paralelamente, se consideró la importancia de contar con la implementación efectiva de la Ley de Educación Sexual Integral con perspectiva de género en los espacios maternales, jardines de infantes y escuelas preuniversitarias.
Implementación de leyes
Por otro lado, en torno a las políticas sanitarias, y en el marco de la Ley 27610 de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo; de la Ley 26.743 de Identidad de género; de la Ley 26.657 de Salud Mental; de la Ley 26.529 sobre derechos del paciente, señalaron que se necesita un equipo de atención a la salud que considere en sus prácticas y discursos la legislación vigente en materia de derechos sexuales y no reproductivos, alejándose de intervenciones moralizantes y normativizantes”.
Asimismo y en virtud de la injerencia del Departamento de Legales, en el dispositivo del Protocolo de Actuación ante situaciones de violencia por motivos de género, así como en otras instancias donde se dirimen situaciones relacionadas a las desigualdades basadas en el género, se enfatizó en la posibilidad de diseñar e implementar estrategias de sensibilización en género para los equipos de salud y de legales.
Asimismo, desde el espacio solicitaron que se contemple el cupo laboral para personas trans y travestis, como ha sido ya implementado en otras universidades nacionales desde 2018. En relación a ello, y dados los avances de trabajo en torno a la temática en la Unicen, se pidió que el Consejo Superior trate el Proyecto de Acceso a la educación y al trabajo para personas trans, y se reiteró la necesidad de la incorporar de la licencia laboral por violencia de género, a dos años de haber sido presentada ante las autoridades universitarias y no tener respuestas de su implementación.
