Especialista del Acuerdo del Bicentenario cuestionó al Ejecutivo por adherir al protocolo de fitosanitarios
El especialista Claudio Lowy criticó la decisión del Municipio de adherir al nuevo protocolo elaborado en la esfera del Ministerio de Agroindustria bonaerense. Expuso que se seguirán contaminando zonas sensibles. Apuntó a una alternativa agroecológica que cambie el modelo productivo vigente.
El pasado 11 de diciembre se llevó adelante en la ciudad de La Plata la firma del convenio de adhesión de más de 30 municipios -entre los que se halla Tandil- a la resolución del Ministerio de Agroindustria provincial que regula la aplicación de fitosanitarios en el territorio bonaerense.
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La nueva resolución, que entrará en vigencia partir del 1 de enero, pretende brindar un marco normativo actualizado a las demandas del presente ante la mora en la sanción de una ley de agroquímicos que reemplace a la vigente, considerada obsoleta.
El texto está basado en las buenas prácticas agrarias y establece cuestiones que no se pueden negociar; las denominadas zonas de amortiguamiento (área urbana, zonas de bombeo, establecimientos educativos, áreas de esparcimiento, reservas naturales), en las cuales se determinan parámetros específicos para la aplicación de fitosanitarios.
El responsable de Asuntos Agropecuarios de la ciudad, Ignacio Diribarne, explicó “esta resolución no afecta a nuestra ordenanza, que en algunos puntos es más exigente por los lineamientos del Plan de Ordenamiento Territorial. Por ejemplo, tenemos prohibición de aplicación en la circunscripción 1”, aclaró el funcionario de Lunghi.
La ordenanza local regula la utilización de productos químicos de uso agropecuario destinados a la aplicación en el control y/o manejo de adversidades o a la fertilización agrícola y/o forestal y establece diferentes zonas y áreas dentro del partido para su uso.
En las áreas habilitadas deberá contarse con la presencia física de un ingeniero agrónomo para evaluar y certificar la aplicación, teniendo en consideración los productos, las condiciones climáticas y el equipamiento usado para las tareas de fumigación, y todas las previsiones necesarias antes, durante y después de la utilización de fitosanitarios. “Esto va en sintonía con los requerimientos de la sociedad y ayudará a derribar los mitos de que toda maquinaria de aplicación es un veneno”, señaló.
Desde el Círculo de Ingenieros Agrónomos confirmaron a este medio que se reunieron con los responsables del Ejecutivo por este tema y se efectuó una propuesta de trabajo. “Enviamos una lista de profesionales matriculados, tenemos que resolver el tema de las casillas meteorológicas portátiles para medir las condiciones antes y durante la aplicación. Nos pusimos a disposición para realizar un mapeo”, informaron fuentes ligadas a la entidad profesional.
Negocios y venenos
La otra campana del asunto objeta de manera contundente las prácticas agrícolas que conllevan la utilización de fitosanitarios y propone una alternativa agroecológica más amigable con la tierra y las personas. Desde hace años está en el ojo de la tormenta el envenenamiento de seres humanos y cursos de agua producto de insumos como el glifosato, entre otros, que son masivamente empleados para aumentar el rendimiento de los suelos.
En esta línea aparece el ingeniero forestal Claudio Lowy, master en Desarrollo Humano Sostenible e integrante del Eje Ambiental del Acuerdo del Bicentenario, quien desde hace años se dedica a analizar las consecuencias del uso de plaguicidas y a difundir los beneficios de lo que él considera las buenas prácticas agrícolas, unidas a un modelo agroecológico.
En una entrevista concedida al ciclo La Ciudad (Eco TV y 104.1 Tandil FM), Lowy expuso sus críticas al nuevo protocolo que regirá sobre Tandil. El especialista definió a los fitosanitarios como “venenos que se arrojan al ambiente para matar formas de vida, utilizan la palabra fitosanitarios para disimular”.
Según sus declaraciones, la resolución impulsada por el ministro de Agroindustria de la Provincia, Leonardo Sarquís, exgerente de Monsanto, pone en evidencia que el verdadero interés que se persigue es el incremento de la venta de plaguicidas y de las semillas asociadas a estos.
“Se puede producir más de manera agroecológica, se producen alimentos sanos con la misma eficiencia”, marcó y denunció que existe un negocio encubierto detrás de estas políticas públicas “dañinas”.
“El convenio firmado entre la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) y la Socla (Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología) reconoce que el sistema productivo tiene que cambiar, no se puede sostener por el daño al ambiente, la resistencia a las plagas, la intoxicación a través de los alimentos, el aire y el agua”, puntualizó.
Las fallas de la resolución
El glifosato, uno de los pesticidas más usados a nivel mundial, está categorizado por la OMS (Organización Mundial de la Salud) como probablemente cancerígeno, pero en Argentina la legislación lo clasifica como de clase IV, esto quiere decir que posee baja toxicidad y no representa un peligro.
El ingeniero señaló que en la ciudad la resolución vigente es taxativa porque prescribe que se pueden aplicar plaguicidas de clase III y IV en todos los espacios verdes públicos y privados, situación agravada por la firma del citado convenio.
“El convenio define áreas de amortiguación, que son las zonas pegadas a los lugares que se quieren proteger; cursos de agua, lugares urbanizados, viviendas rurales, escuelas, pero no dice que no se puede aplicar sino que puede hacerse con lo que denominan las buenas prácticas agrícolas”, explicó.
En su análisis ponderó que la normativa busca, ante cualquier problema, centrar la responsabilidad por los daños en el aplicador, persuadiendo de que los plaguicidas no hacen mal ni por la distancia de aplicación, ni por la cantidad empleada ni por su toxicidad intrínseca.
La salida agroecológica
Aunque no sean las prácticas más extendidas en el territorio, el modelo agroecológico cuenta con exponentes en algunos establecimientos rurales de Tandil y la zona, que se dedican exclusivamente a producir bajo este paradigma. Uno de ellos es el campo “Monte callado”, que se encuentra en Tandil y cuenta con casi 200 hectáreas destinadas a producir de manera exitosa haciendo caso a las premisas ecológicas. La FAO destacó en su sitio web el caso de un campo de la localidad de Benito Juárez que hace agricultura sin agrotóxicos desde hace 20 años. Se trata del Establecimiento “La Aurora”, de 650 hectáreas, que fue premiado el año pasado como una de las 52 experiencias de todo el mundo de explotación agroecológica por haber demostrado que una agricultura productiva sin agrotóxicos es posible y rentable.
“Los procesos agroecológicos están reconocidos y tienen una tasa interna de retorno mucho mayor que los otros, porque no tiene gastos en semillas y plaguicidas. En vez de ser una tecnología de insumos es una tecnología de procesos”, señaló el entrevistado.
Lowy se lamentó por la ausencia de políticas estatales que promuevan el modelo de agroecología. “El campo se contamina, tiene que entrar una etapa de transición, el Estado debería tener políticas públicas. Lo más preocupante es que el Intendente es pediatra, debería importarle esto, le hemos propuesto organizar seminarios de agroecología y no nos prestaron atención”, concluyó.
