Entre nuevos damnificados y el uso de un recurso atípico por parte de la jueza de garantías, continúa la investigación contra Carrillo

Hace exactamente un mes, cientos de tandilenses fueron estafados por Marcos Carrillo, con entradas apócrifas para el partido de la Selección Argentina contra el conjunto panameño, en el marco de los festejos por la reciente obtención del campeonato del mundo. El representante de la filial riverplatense “Desde la cuna” les vendió a los damnificados un pack que incluía el viaje ida y vuelta al barrio de Núñez y el ticket que les permitiría la entrada al evento.

Lo cierto es que la mayoría del contingente que asistió al Monumental, del que formaba parte una gran cantidad de niños que tenían de la ilusión de ver a Lionel Messi levantar el ansiado trofeo, no pudo ingresar al estadio ya que al pasar las entradas por los lectores de autenticidad, fueron rechazadas y no se les permitió el acceso. 

A 30 días de este lamentable hecho, la causa iniciada contra Carrillo terminó siendo trasladada a la fiscalía de Alvear, ya que todos los fiscales tandilenses se excusaron de tomarla afirmando tener conexiones con alguno de los numerosos damnificados. El abogado querellante Paolo Lamoure, actualizó las últimas novedades del caso, expresando que desde el Juzgado de Garantías se está haciendo lo posible por entorpecer su desarrollo. 

En primer lugar, relató que la fiscalía a cargo del doctor Cristian Roberto Citterio, está realizando, a través de la DDI de Tandil, la recolección de testimonios y medidas de prueba por parte de los testigos, para que los mismos no tengan que acercarse a la localidad mendocina.

También contó que han aparecido otros hechos que no tienen que ver con el partido versus Panamá, para determinar si hubo también damnificados del encuentro posterior del seleccionado nacional que se realizó en Santiago del Estero, e incluso de anteriores, con partidos de River, donde también estaría involucrado Carrillo.

“A raíz de que la causa empezó a tener difusión, se contactaron conmigo o con la fiscalía gente que por ahí eran uno o dos casos en un viaje, que como no tenían la entrada, no hicieron la denuncia, y a raíz de todo esto se largaron para contar lo que a ellos les pasó”, narró el letrado.

Una jugada atípica

Por otro lado, expresó su indignación, al igual que la de sus defendidos, con la jueza de Garantías Stella Maris Aracil, explicando que cuando él mismo realizó la denuncia al otro día de la estafa, la fiscalía, al ver los comprobantes de las cuentas y las sumas de dinero que le habían depositado al acusado, le solicitó al juzgado que congele los activos para evitar que, a través de ventanilla o alguna otra transacción, los pudiera vaciar. 

“De manera inexplicable, pese a tener todos los elementos, dijo que no le condecía eso porque tenía que poner una contra cautelar, una garantía, lo que es una cuestión atípica, porque nunca se le pide al Ministerio Publico Fiscal que garantice cuando se pide una medida de este tenor”, indicó.

A su vez, agregó que este tipo de decisiones se toman generalmente en el ámbito civil, pero que en una sede penal es un recurso totalmente atípico. Para colmo, cuando el fiscal decidió apelar esta acción, la jueza también le negó esa posibilidad. “Eso es aún más extraño, porque si estuviera convencida de su resolución, la hubiera aceptado y la cámara le daría la razón”, sostuvo Lamoure.

“A su vez se solicitó que no pudiera hacer una inhibición de su auto, es decir que no lo pudiera vender, tampoco hizo lugar y Carrillo ya lo vendió. Tenemos un informe que se acompañó a la fiscalía, ya que lo hizo en una situación bastante sospechosa, porque se vendió a una suma que es casi irrisoria, de un millón de pesos, y él figura en la Cédula Azul para poder seguir usándolo, algo que es rarísimo porque si vos vendés un auto, no creo que el comprador te dé la cédula para que lo uses cuando quieras”, manifestó.

Según el letrado, estos movimientos le dieron la pauta de que tenía razón al solicitar el congelamiento de activos, ya que son transacciones que claramente buscan insolventarlo para que si eventualmente se le reclama una devolución, los damnificados no tengan de dónde cobrarla.

Continuidad de la causa

Respecto de los pasos a seguir, el abogado explicó que en la Asesoría Pericial de Azul se está analizando todo el material obtenido en los allanamientos de la casa del acusado. Y mientras tanto, se siguen tomando testimoniales y recabando distintas medidas de prueba. A partir de que la fiscalía tenga todos esos elementos, será el momento de armar el cuadro delictivo.

En cuanto a la posibilidad de llegar a juicio, refirió que están “en una etapa muy incipiente” de la causa como pensar en ello. “Una vez que la fiscalía determine bien cuáles son los hechos y los damnificados, se hace un primer cierre con la hipótesis, y se lleva a cabo la imputación formal, ahí, el o los imputados tendrán la oportunidad de declarar, y acto seguido se pide o no la elevación a juicio, pero para eso falta bastante”.

De todas formas, mas allá de que el fiscal decida llegar a dicha instancia, la que decide si se eleva o no, es la jueza Aracil, con quien ya no han tenido una buena experiencia. 

El jurista también opinó que no cree posible que Carrillo haya orquestado en soledad la totalidad de la estafa, sino que por lógica debe haber más implicados en el delito. “Me cuesta mucho creer que sólo una persona pueda estar atrás de todo” aseguró y observó que “son entradas que salieron a la venta dos o tres días antes del partido, es muy difícil que tenga acceso a una imprenta, a los sellos de seguridad, eran tickets que tenían todos los elementos de seguridad que tenían las originales, por lo que tiene que haber tenido acceso a ellas casi al mismo momento en el que llegaron a las imprentas oficiales para que las hagan, porque si no logísticamente no llegaría a hacer todo, pero bueno, eso será cuestión de la fiscalía ver hasta dónde está involucrado”.

Por último, expresó que si bien está en contacto tanto con Citterio como con el Fiscal General, y han notado una buena predisposición por parte del Ministerio Publico Fiscal, “lamentablemente del lado de Juzgado de Garantías no podemos decir lo mismo”.