En una ciudad "desigual", el colectivo feminista vuelve a las calles este 8 de marzo

Como cada 8 de marzo, el colectivo de mujeres y disidencias marchará nuevamente por las calles de la ciudad bajo la consigna “¡Estamos en alerta!”, para sumarse al VII Paro Internacional Feminista. En tanto, en el marco del Bicentenario de Tandil la asamblea organizadora decidió exponer las desigualdades que operan en el territorio y la necesidad de que se escuchen realmente las demandas locales para generar transformaciones profundas y políticas a largo plazo.  

De este modo, la jornada de mañana contempla por un lado una serie de intervenciones artísticas frente al Municipio desde las 16:30, y a las 18:30 prevén que ahí mismo se realice la concentración para marchar por el radio céntrico. 

Cabe destacar que la lucha de las mujeres se ha intensificado en los últimos años en todo el globo y en Argentina -fundamentalmente a partir del 3 de junio de 2015, que se convocó la primera marcha Ni una Menos- el capital simbólico de este tipo de acciones mancomunadas y masivas no ha parado de crecer.

Sin embargo, muchas demandas siguen intactas y persisten las inequidades en materia de derechos. Al respecto, en contacto con este Diario, desde el espacio articulador refirieron: “Queremos celebrar y gritar que somos millones en el mundo porque esta fecha tiene una historia internacionalista de las trabajadoras y les trabajadores que la ha convertido en una jornada de lucha. Invitamos a salir a las calles en un contexto que nos alerta frente a crecientes fundamentalismos reaccionarios, misóginos y racistas”.

Tareas no reconocidas 

y precarización 

En tal sentido, las organizadoras ratificaron que sigue existiendo una deuda con este sector de la sociedad, que en un contexto de cada vez mayor precarización de la vida y el trabajo, alcanza los mayores niveles de deuda para garantizar la subsistencia. 

“Las trabajadoras, más allá de la calidad o cantidad de nuestros ingresos, somos  el ingreso principal de este sistema financiero que, a costa de la precarización del hoy, empeña nuestros futuro y nuestros proyectos. ¡Vivas, libres y desendeudadas nos queremos!”, señalaron. 

Por otra parte, exhibieron su rechazo a la estigmatización de las organizaciones sociales que, acordes a la feminización de la pobreza denunciada desde hace años, se componen por mujeres a las que se menoscaba y descalifica con estremecedora facilidad y frecuencia. 

Al respecto, indicaron que “las trabajadoras de la economía popular no somos ‘planeras’, necesitamos poder trabajar con más derechos. Las trabajadoras estatales decimos que nuestro trabajo son los derechos de la ciudadanía, necesitamos salarios dignos y estabilidad frente a la precarización”. 

En correlación, dentro del arco de reivindicaciones y reclamos, la organización local de este 8 de marzo demandó el tratamiento de la Ley Cuidar en Igualdad, presentada en mayo de 2022 por el Ejecutivo nacional. 

Dicho proyecto reconoce el derecho a cuidar a monotributistas, monotributistas sociales y autónomos, a través de la creación de una asignación para personas gestantes, no gestantes y por adopción, con el pago mensual de un salario mínimo vital y móvil.

En este marco, precisaron que en el país “dedicar tiempos al bienestar de las personas se paga con menor autonomía y peor calidad de vida. Las mujeres y disidencias dedican el doble de tiempo que los varones a los trabajos domésticos, y la sanción de la ley permitiría empezar a cerrar la brecha”.

De esta manera, la normativa tiene como  objetivo hacia el 2030 saldar esa brecha reconociendo la infraestructura requerida respecto de servicios de cuidados, que generaría alrededor de 2 millones de puestos de trabajo. 

En el mismo tren de iniciativas, bregaron  también por el tratamiento del proyecto de ley provincial “Reconocer es Reparar” para la reparación histórica travesti-trans elaborado por el Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual bonaerenses y enviado a la Legislatura por el Gobernador. 

Asimismo, desde la Asamblea Feminista repudiaron la violencia política hacia las mujeres y disidencias. En particular, aludieron al intento de magnicidio hacia la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner ocurrido en septiembre del año pasado y a “su intento de proscripción política”.  

Reclamos locales

En el plano local, las demandas pasan por las “desigualdades” que existen en los barrios más alejados del centro y de los lugares turísticos. En esta línea, pusieron en tensión que el turismo es fundamental en la economía tandilense, pero alertaron de los “impactos negativos”  en otras áreas de la gestión municipal. De ello se desprende que la alta valorización de las propiedades y el suelo urbano,  y la escasez en la oferta de alquileres, se debe a la especulación inmobiliaria que subyace al perfil turístico que se le imprimió al distrito. 

Así, describieron que “se han destinado infinidad de recursos económicos para un sector de nuestra sociedad  obviando, por falta de planificación, a los barrios más alejados” y se focalizaron, además, en las dificultades para pagar un  alquiler y acceder a la tierra.

“El acceso a una vivienda parece una utopía, siendo un derecho constitucional y un elemento sustancial para la autonomía de mujeres y disidencias en una historia marcada por la desigualdad estructural patrimonial y económica. La falta de política de creación de vivienda y de regulación del alquiler temporario que garantice una oferta acorde a la demanda, y dispositivos de atención de defensa de nuestros derechos acorde a los incumplimientos de la Ley de Alquileres, nos dejan en una seria inseguridad habitacional”, reseñaron. 

En otro orden, hicieron hincapié en que el acceso a la salud integral “ha colapsado”, tanto para quienes requieren atención como para quienes gestionan turnos, acompañan y cuidan de niñeces, adulteces y personas con discapacidad, como para los trabajadores de la salud. 

En este punto, las demandas concretas se anclan en la necesidad de mayor  infraestructura de calidad en los barrios periféricos, más profesionales capacitados y con salarios acordes a sus tareas, para revertir la “precarización” del Sistema Integrado de Salud Pública municipal, en aras de ofrecer mejores respuestas a la comunidad.