En Tandil hay 334 psicólogos matriculados y sólo el 10 por ciento atiende por obras sociales
Los inconvenientes en los pagos y la precarización empujaron a los profesionales a ejercer la profesión por fuera del paraguas de las obras sociales y prepagas. Además, el Estado tampoco brinda condiciones suficientes para contener el trabajo profesional en salud mental. De este modo, quienes tienen cobertura social deben pagar las consultas y el sistema público se encuentra saturado, en detrimento de los pacientes.
Tras la pandemia, la salud mental cobró mayor importancia y notoriedad, evidenciándose como un eslabón fundamental para mantener la calidad de vida e integridad de las personas. Asimismo, también se visibilizaron las complejidades de un campo profesional saturado y precarizado, con el consecuente impacto sobre los pacientes.
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Accedé a las últimas noticias desde tu emailSi no hay acompañamiento en salud mental y cuidados colectivos, el malestar irrumpe en la escena pública -en todo sentido- con la fuerza de un tsunami y el hilo se corta, como siempre, por lo más delgado.
¿Quiénes llegan a la consulta psicológica? En general, las personas que asisten a algún tipo de terapia abonan la consulta directamente al profesional de su elección, aunque sean usuarias de una obra social o prepaga.
Quienes no pueden costear el tratamiento privado acuden al sistema público, donde la demanda supera la oferta y los profesionales hacen lo imposible para brindar la mejor atención ante la sobrecarga imperante. Pero si no es con una derivación directa, los turnos en la atención ambulatoria se consiguen con meses de anticipación. En tanto, en este último tiempo se hizo tangible la falta de psiquiatras en el sistema municipal.
En este marco, es importante poner de relieve que lo ideal es trabajar sobre el paciente antes de que estalle una crisis y de forma interdisciplinaria, más no cuando llega a la guardia del servicio de Salud Mental en estado crítico. Por ello las políticas de prevención y asistencia son necesarias para garantizar los derechos de los pacientes, en pos de que el acceso a este tipo de prestaciones no se convierta en un privilegio.
El escollo de las obras sociales
El Distrito VIII del Colegio de Psicólogos de la provincia de Buenos Aires abarca las localidades de Azul, Bolívar, General Alvear, Lamadrid, Laprida, Las Flores, Olavarría, Rauch, Tandil y Tapalqué. Con casi 900 profesionales colegiados en total, apenas 81 de ellos están inscriptos en obras sociales.
En Tandil hay 334 psicólogos habilitados para ejercer. No obstante, la proporción se mantiene y apenas el 10 por ciento trabaja a través de prestadoras de salud. Al respecto, el titular del Colegio, Ángel Orbea, ofreció detalles sobre la situación y apuntó contra IOMA, PAMI y el Sistema Integrado de Salud Pública (SISP). “En IOMA nos borramos, en PAMI, una promesa, y en el SISP de Tandil, muy complicados”, enfatizó. En esta línea, el profesional graficó que las obras sociales, prepagas y la salud pública extendieron sus alcances, pero eso no se tradujo en mejores remuneraciones y condiciones laborales para el sector de la salud mental.
En tal sentido, cuestionó: “Precarización, informalidad, incumplimiento, cambio de reglas, enormes atrasos en los pagos, limitaciones de las prácticas, riesgos de matrícula, condiciones indignas de trabajo. Todo fue sumando a favor de un retorno de la práctica liberal y privada de médicos y psicólogos. Al menos en el interior de la provincia, cualquier usuario lo podrá constatar”.
En simultáneo, Orbea también puntualizó que en el distrito cada vez son menos los psicólogos que se mantienen como prestadores de IOMA y sostuvo que “a pesar de las múltiples promesas y pedidos de esa obra social, hoy ya casi no cuenta con atención ambulatoria de psicología, en perjuicio directo de sus afiliados”.
La obra social de los empleados estatales bonaerenses registra varios inconvenientes en Tandil, donde tiene una plantilla de 25 mil afiliados, pero el problema es trasladable a tantas otras mutuales y prestadoras privadas, que tampoco responden en tiempo y forma. De este modo, los psicólogos han optado por sostener una prestación libre en sus consultorios particulares “sin reclamos ni largas esperas para cobrar”.
Por otro lado, el presidente del colegio profesional detalló que PAMI (la prestadora más grande de la ciudad) está a punto de terminar con el sistema de capitación para abrir a sus afiliados los listados de atención en salud mental ambulatoria.
“Sin duda, esta es una opción nueva y sumamente atractiva para nuestros matriculados, que habrá que formalizar y gestionar según lo dispuesto. Lo cierto es que tanto médicos en todas las especialidades, psiquiatras en particular y hasta psicólogos le están encontrando la veta al consultorio privado que, sin dudas, rinde más que el trabajo en la salud pública y eso es inobjetable”, explicó.
Salud pública
Asimismo, analizó que la pandemia generó el pleno empleo para todo el ámbito sanitario, al tiempo que aumentó la pobreza y la precarización de la población. En consecuencia, la salud pública se ve hasta el día de hoy sobrecargada. En esta línea, destacó que “los responsables de gestionar la salud pública no arriesgan una interpretación global y realista del problema” y cruzó a quienes los acusan de querer lucrar con la salud o hablan de “especialidades críticas”.
Además de referirse al cuello de botella que se formó en el sector público para atraer y mantener a los profesionales con las condiciones que ofrece, subrayó que “es mucho más crítico en los sistemas de atención de los municipios, caracterizados por presupuestos ajustados al personal de planta municipal sin contemplar la especialidad salud, al tiempo que una constante se reitera sobre los profesionales y trabajadores de la salud pública: la sobrecarga de trabajo, el riesgo de lesión de matrícula, el intrusionismo, la violación del secreto profesional y hasta la propia integridad física”. Es decir, se condiciona a favor de lo privado el ingreso de profesionales a lo público.
En concreto, Orbea apeló a la Ley de Ejercicio profesional 10.306 y desde la representación colegiada consideró que “entendemos que se puede estar privando del derecho a la asistencia y cuidados a la gran cantidad de usuarios que se atienden en el sector, por lo tanto, no podemos mirar para otro lado”.
Desde esta perspectiva, el profesional indicó que Tandil es el único efector de salud en la zona debidamente equipado, pero no escapa a la crisis generalizada. “Salud Mental funciona con cierta estabilidad y recursos, pero desde hace un tiempo sufre un pleno déficit en la atención psiquiátrica, lo que vuelve imposible el trabajo interdisciplinar tal como lo indica la Ley de Salud Mental, y satura a los pocos psiquiatras que aún quedan, en perjuicio de los usuarios, impidiendo la integralidad en la atención”, pormenorizó.
A la par, cuestionó directamente a la comuna por la falta de psiquiatras en el SISP y remarcó que desde la institución esperan que “los funcionarios responsables de la gestión tengan la capacidad de abrirse al problema de la falta de psiquiatras que incide negativamente sobre las prestaciones y prácticas de nuestros matriculados. Estamos dispuestos a colaborar en todo aquello que sea posible, ya que entendemos que la comunidad es la principal afectada”.