Concejo Deliberante
En 2021, la Defensoría del Pueblo intervino en 827 demandas y 607 se dirigieron al Municipio
Las áreas que registraron más reclamos fueron Legal y Técnica, el Sistema Integrado de Salud y Obras Públicas. El órgano autónomo financiado por el Concejo Deliberante atendió a 1.700 vecinos, entre demandas individuales y colectivas. En cuanto a la falta de prestaciones o insumos médicos y medicamentos, el 93 por ciento obtuvo respuesta favorable. En general, el 88, 52 por ciento se resolvió tras la intervención de la Defensoría. Detalles de las estadísticas presentadas a todos los bloques políticos.
En la sesión del último jueves, la defensora del Pueblo de Tandil, Paula Lafourcade, presentó la rendición de la gestión del año pasado, conforme lo establece la Ordenanza 15.971. La estadística del organismo reveló que concretó más de 3.100 intervenciones –como gestiones, pedidos de informes, exhortos, recomendaciones y derivaciones a áreas públicas y privadas, audiencias y acciones judiciales-, unas mil más que el año anterior, y atendió a 1.700 vecinos por reclamos individuales y colectivos.
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La Defensoría entregó una revista informativa a cada bloque político, con un resumen de las denuncias recibidas durante 2021 y las resoluciones que logró este “órgano ágil de la democracia semiparticipativa”. En el recinto, la abogada realizó una introducción y luego expuso un video con placas que incluyeron números y gráficos.
En principio, Lafourcade definió que el defensor del Pueblo es un “nexo entre el ciudadano y la administración pública” y agregó que “en este rol que me toca presidir o representar desde 2019, hemos recibido a 1.700 vecinos que de forma individual o colectiva se acercaron a la Defensoría para consultar, para asesorarse, para reclamar, sobre distintas problemáticas que los afectaban”.
Sostuvo que el 73 por ciento de esas causas son municipales, el ámbito de incumbencia de la Defensoría del Pueblo de Tandil. Agregó que 37 fueron de incidencia colectiva, desde ruidos molestos, inseguridad vial, aplicación de agroquímicos en el partido, construcción en el faldeo serrano, reclamos de servicio de agua potable en diferentes barrios, etc.
En cuanto a los resultados, indicó que de los casos de competencia local, “tenemos un 93 por ciento de gestión exitosa en cuestiones de salud y un 88,52 por ciento en general”. En ese aspecto, destacó como dos patas importantes “la intervención de la Defensoría, que toma el reclamo de los vecinos, y por el otro lado, los funcionarios de la administración pública nacional, provincial y municipal que colaboran en tomar ese reclamo y hacer las soluciones correspondientes”.
En paralelo, indicó que del 93 por ciento de resultados positivos, “quiero destacar problemas de Tandil que eran reclamos históricos, en los que la Defensoría participó y que se fueron solucionando, como la iluminación de la rotonda de la Ruta Nacional 226 y la Ruta Provincial 30, y la incorporación de Tandil en el Régimen de Zona Fría para el Gas Residencial”.
Atención descentralizada
Además, la defensora resaltó el rol del organismo en la protección y promoción de los derechos humanos, y en ese marco, indicó que tras la pandemia, el año pasado “nos permitió concretar nuestro sueño de salir a la calle y desde noviembre cada jueves del mes estamos en diferentes barrios de nuestra ciudad, como Villa Italia, Villa Aguirre, Las Tunitas, La Movediza. Agradezco profundamente a las instituciones que nos han abierto sus puertas para tal cometido”.
Ante el Concejo, la abogada destacó las numerosas reuniones realizadas con el fin de fortalecer los vínculos con instituciones y organismos locales y nacionales, asociaciones civiles de Tandil, las participaciones en las distintas mesas, foros de esta ciudad, y la participación en convenios de cooperación y proyectos de extensión, como el Programa Estratégico de Cannabis Medicinal.
Por último, agradeció a la defensora adjunta, doctora María Mercedes Argeri, y al equipo de trabajo, en especial a Gastón Escribano, quien regresó a la planta del Concejo Deliberante luego de tres años en el organismo descentralizado, y a los pasantes de la Universidad Fasta.