El peligro de priorizar al lobby minero-inmobiliario

Desde la Multisectorial por la Preservación de las Sierras se fijó postura frente al renovado debate sobre el uso de las cavas en Cerro Leones como un balneario clandestino, del cual desde el Municipio se reaccionó con un spot en las redes sociales pretendiendo hacer campaña sobre el riesgo de utilizar el predio privado como lugar de esparcimiento y recreación. 

Al respecto, los ambientalistas enviaron un comunicado en el que deja sentada la postura sobre una temática que los involucra respecto a sus denuncias frente al pasivo ambiental que dejaron las mineras en el patrimonio natural.

“Las cavas son un pasivo ambiental generado por la actividad minera. El lucro se privatizó y el daño quedó para la comunidad, para siempre”, dijeron.

Añadieron que “el derecho de propiedad no es absoluto,  no da derecho a destruir.  Cualquiera sea el uso permitido, existen regulaciones. Hasta la minería, cuya esencia es la extracción de material, tiene obligaciones y responsabilidades respecto a los daños generados. El estado, en todos sus niveles, cuenta con diferentes competencias para controlar y hacerlas cumplir. Sin embargo, se ha naturalizado de manera absurda que el derecho al lucro a cualquier costa es superior al derecho a preservar el ambiente, al derecho al trabajo digno, a la salud, a la cultura, a la recreación, etc.”

La historia  que generó las cavas demuestra la responsabilidad tanto de los privados como de las distintas gestiones en diferentes niveles, consideraron, a la vez que puntualizaron sobre el caso que “la empresa que operaba la cantera Cerro Leones en los años noventa perdió un juicio por dejar de pagar el derecho a la extracción de la piedra y a pesar de la sentencia firme, el ejecutivo, a cargo de Zanatelli, decidió no ejercer los derechos de los tandilenses y beneficiar a los dueños de entonces. No se ejecutó la sentencia y esa deuda fue negociada en el tristemente recordado Acuerdo Marco, que perdonó a las empresas mineras  deudas por cuatro millones de pesos (igual a dólares en esos años) y las cambió por espejitos de colores  que nunca cumplieron. Ganaron tiempo para romper y baja de costos fiscales y  laborales”.

“A pesar de ello –siguieron reseñando-, la empresa CIGA quebró, dejó a trabajadores y proveedores sin cobrar lo que correspondía  y se remató  por la misma plata que le adeudaba al Municipio, ya en manos de la actual gestión, y sin que esta aprovechara ese momento para hacer  valer la deuda y comprar el predio. En dicho remate, tampoco  pudieron participar oferentes `desalentados´ por la `LIGA´ y  quedó en manos que  nunca aparecen claramente.  Desde entonces, a la destrucción del patrimonio ambiental se le sumó la destrucción de patrimonio histórico-cultural”. 

Para la Asamblea, “los responsables del daño ambiental deben  compensar a la comunidad, a la ciudad presente y futura, por privarla de un patrimonio de valor inconmensurable. Los propietarios del pasivo son responsables por el mismo.  El municipio, la provincia y la nación, lo son subsidiariamente por no haber exigido en cada nivel lo que correspondía para evitar el daño colectivo que lleva a la situación actual”. 

Por eso reiteraron lo que expresaron en muchas oportunidades: “es hora de expropiar con el objetivo de realizar un proyecto que compense a la comunidad por el daño colectivo. La actual situación,  injusta, conflictiva y riesgosa, podría resolverse con  un parque público con objetivos educativos, recreativos y culturales”.

Se subrayó que “una expropiación justa  debería justipreciar el daño ambiental: ¿Quién le debe a quién?  ¿La comunidad a la empresa o la empresa a la comunidad como titular y responsable de semejante  daño al patrimonio natural e histórico?”.

Cerraron con que “las cavas son peligrosas para bañarse.  Priorizar los intereses de empresarios mineros o inmobiliarios es peligroso para las sierras y la comunidad”.