El juez ordenó establecer las medidas de prueba para analizar el basural clandestino de la Ruta 30
En una audiencia convocada por el Juzgado en lo Contencioso Administrativo, se acordó que el OPDS recomendará los estudios a realizar y efectuará un informe sobre la situación ambiental del predio. Ante la falta de respuestas del Ejecutivo, el concejal Rogelio Iparraguirre inició una acción de amparo en octubre de 2017. El caso llegó a la Suprema Corte, que se expidió sobre la competencia y dejó un precedente en el Departamento Judicial. Arriba del basural ilegal ya se construyó un galpón.
En el Juzgado en lo Contencioso Administrativo de Azul se celebró una audiencia en el marco de la denuncia que presentó, el septiembre de 2017, el concejal Rogelio Iparraguirre por un basural clandestino que funcionaba en la Ruta Provincial 30, a metros del cruce con la Ruta 226. En ese marco, se acordó que el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) estudiará la causa y recomendará los estudios a realizar en el predio para luego, con los resultados, elaborar un informe sobre su situación ambiental.
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Este Diario tuvo acceso a la causa, en la cual la última diligencia se realizó el 24 de junio, al mediodía, en Azul, cuando tuvo lugar la audiencia dispuesta por el juez Pablo Quaranta. Participaron el doctor Alejandro Schwindt, en representación del concejal, el abogado Andrés Curcio por la Municipalidad de Tandil y el letrado Alejandro Yurno, relator de la Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires, acompañado por el ingeniero Leandro Tactagi, controlador ambiental de la Dirección de Residuos Sólidos Urbanos del OPDS.
Como resultado del encuentro, el magistrado constató que “luego de un intercambio de ideas, las partes acuerdan poner a disposición del OPDS, en el plazo de diez (10) días, toda la información judicial y administrativa que se ha producido, pasado lo cual el organismo provincial, en el plazo de veinte (20) días, recomendará cuáles entiende son los estudios a realizar y quiénes serían los organismos competentes para hacerlos. Posteriormente se le concederá al organismo la información producida para que por su intermedio elabore un informe sobre el estado de situación ambiental del predio, el que informará al Juzgado y a las partes”.
Los antecedentes
En septiembre de 2017, Iparraguirre había denunciado la existencia de un inmenso basural clandestino donde se volcaban toneladas de residuos domiciliarios, de obra y hasta arenas de fundición. El basural ilegal estaba situado sobre la Ruta 30, camino a Rauch, a escasos metros de la rotonda que une esa ruta con la Nacional 226. Hoy en el predio se construyó un galpón.
Sin respuestas del Ejecutivo, el concejal interpuso una acción de amparo que recayó en el Juzgado en lo Civil y Comercial 1 a cargo del doctor José Zárate, quien se declaró incompetente y remitió la denuncia al Juzgado en lo Contencioso Administrativo de Azul. En ese ámbito, el magistrado Pablo Quaranta tampoco aceptó la causa y la elevó a la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires para que interviniera en el conflicto. Recién en marzo de 2018, el máximo órgano judicial estableció que debía actuar el fuero en lo Contencioso Administrativo.
De este modo, la Suprema Corte fijó el primer antecedente del Departamento Judicial de Azul sobre la competencia de un delito ambiental, lo que deja sentado a dónde deben recurrir los vecinos y hasta la Defensoría del Pueblo para presentar denuncias sobre esta materia.
“El Municipio vio la película entera y no hizo nada”
Consultado por el avance de la causa, el concejal Rogelio Iparraguirre indicó que se trató de la segunda audiencia de conciliación entre las partes y recordó que realizaron la denuncia en septiembre de 2017, cuando “estaban tirando basura a troche y moche”. Al mismo tiempo, sostuvo que el director de Medioambiente, Héctor Creparula, en el expediente administrativo “certifica lo que nosotros pudimos ver con nuestros ojos, que había arenas de fundición, residuos tecnológicos, plásticos, ropa, residuos domiciliarios. De hecho había dos familias de recuperadores viviendo directamente de ese basural”.
Recapituló que “desde el momento en que hicimos la denuncia a esta parte, tuvimos el año pasado la primera audiencia con el juez y con Curcio, que nos pidió llegar a un acuerdo para actuar en el estudio de impacto ambiental y en la posible remediación. Nos dio un plazo. A ese acuerdo no llegamos nunca por la negativa del Municipio de encargar los estudios necesarios en el subsuelo para ver el impacto. De ahí hasta hoy están terminando de construir un galpón y abajo hay decenas de miles de toneladas de basura”.
El concejal describió que “hoy parece una cancha de golf, con un pasto hermoso, y están terminando de construir un depósito”, y anticipó que sigue al aguardo de que el juez encargue las medidas de prueba a la Unicen o a algún privado. Se tratan de introspecciones, que son pequeñas pero profundas perforaciones en el suelo que sirven para medir la composición y comprobar que existe un basurero abajo.
Desde su postura, el concejal lamentó “la falta absoluta de una política ambiental en el Municipio, que tiene una Dirección de Medioambiente con dos empleados que son muy buenos funcionarios y muy buena gente, pero no tienen recursos, no tienen presupuesto y además, no logran hacerse eco al interior de la gestión”.
Llegó a esa crítica tras resaltar que presentó la denuncia ante el director de Medioambiente, el exsubsecretario de Obras Públicas Luciano Lafosse y el director de Habilitaciones, advirtiendo sobre el relleno clandestino en la Ruta 30. “El Municipio vio la película entera y no hizo absolutamente nada, que es lo que nos terminó por llevar a la Justicia. Es la primera vez en mi vida que hago una denuncia”, aclaró.
