El Intendente visitó la escuela de La porteña y los vecinos lo interpelaron por las fumigaciones
Los integrantes de la Junta Vecinal por un Ambiente Saludable Tandil aprovecharon la presencia del jefe comunal para mostrar su preocupación por el incumplimiento de la medida cautelar dictada por el juez Blanc en octubre del año pasado, que busca restringir las fumigaciones y exhorta a que el Ejecutivo convoque a una mesa intersectorial que aborde la problemática.
Esta semana, en el marco del inicio del ciclo lectivo presencial, el intendente Miguel Lunghi visitó la Escuela 33 del paraje La porteña, y miembros de la Junta Vecinal por un Ambiente Saludable Tandil aprovecharon la ocasión para dialogar con el jefe comunal acerca de la problemática de las fumigaciones en el territorio que, lejos de encontrar un punto de comunión, sigue generando controversias.
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En concreto, los vecinos lo interpelaron sobre la medida cautelar ordenada por el juez Blanc que el Municipio no se dispone a cumplir y acerca de los agroquímicos presentes en el agua y suelo de las escuelas rurales del partido, entre otras cuestiones.
En contacto con El Eco de Tandil, Silvia Gómez, integrante de la agrupación, contó que el escenario en torno a la problemática sigue siendo “gris” y que las respuestas del mandatario fueron más bien evasivas y confusas. “Fuimos a hablar con él porque enviamos cartas al Consejo Escolar preocupados por ese tema, también al Hospital de Niños y se empezó un nuevo ciclo educativo sin ninguna respuesta”, señaló.
El incumplimiento de la cautelar
En medio de la visita al establecimiento, los miembros de la Junta Vecinal le preguntaron por la decisión comunal de desoír la medida extendida por el juez Francisco Augusto Blanc del Juzgado en lo Civil y Comercial 2 de Azul, con asiento en Tandil. Dicho instrumento jurídico entró en vigencia en octubre de 2020 y restringe por seis meses la distancia para aplicaciones de agrotóxicos. En el caso de las fumigaciones por vía aérea, puso un límite de 2 mil metros, y 500 para las terrestres.
En el mismo acto, también instó al Municipio a conformar una mesa de diálogo intersectorial y dio 270 días para la actualización de la ordenanza vigente. Ninguna de estas exhortaciones prosperó hasta el momento y el Ejecutivo pide entrar a la demanda como tercero interesado.
Al respecto, Gómez explicó que la postura de la comuna es que “se quede sin efecto la cautelar hasta que salga la nueva ordenanza que debe elaborarse y debatirse en el Concejo”.
“El Intendente nos dijo que ‘los de arriba lo están estudiando’ y que él no tiene nada que ver. Hicimos mucho ruido desde nuestro lugar para que el tema se trate con seriedad, pero lo que intenta es que no se cumpla con la medida. Vamos a pedir una prórroga de la cautelar porque en abril se vence”, compartió. También lamentó no tener la oportunidad de debatir el problema en una mesa intersectorial como la que prescribe la medida, espacio en el que sería posible generar un intercambio entre las diversas partes interesadas.
La evidencia científica
Ante la insistencia de los vecinos, Lunghi refirió que no hay estudios contundentes sobre los efectos nocivos de la aplicación de estos productos y anticipó que tiene que estudiar el tema.
“El juez por algo tomó la decisión. Nosotros presentamos estudios y evidencia científica que develan un daño genético en niños. Le preguntamos por la contaminación de los suelos y el agua, le hablamos del estudio de la Unicen realizado en 15 escuelas donde se hallaron 16 tipos de agroquímicos en el suelo y el agua, y dijo desconocerlo. Eso es rarísimo porque fue muy difundido”, detalló la mujer.
En efecto, el estudio en cuestión estuvo dirigido por la doctora Graciela Canziani y se presentó en 2019 en la Banca 21 del Concejo Deliberante. La misma profesional se encargó también de efectuar una presentación formal de la investigación ante las autoridades.
Cuestión de responsabilidades
Por otra, parte, Gómez expuso que el jefe comunal desligó responsabilidades en la Provincia, esfera a la que pertenecen las escuelas, pero desde la Junta Vecinal sostuvieron que es potestad de la autoridad municipal hacer cumplir la orden judicial vigente para proteger la salud de la comunidad o que, en su defecto, se aplique la ordenanza imperante. Dicha normativa establece una zona de amortiguamiento de 150 metros alrededor de las escuelas rurales pero no habla de límites en las áreas adyacentes a viviendas y cursos de agua.
“Es responsabilidad del Ejecutivo la aplicación de la normativa y encima la están apelando. Hemos hecho muchas presentaciones en todos estos años por fumigaciones a cero metros de escuelas y pozos de agua, y nunca hubo una multa por parte del Municipio”, recordó.
Por último, reiteraron la necesidad de pensar en otros modelos de producción que sean amigables con el entorno y destacaron los puntos de vista expuestos en la Jornada de Agroecológica que el Estado local organizó la semana pasada con diferentes actores que hablaron de la posibilidad real y concreta de producir sin agroquímicos.
“En la jornada, los especialistas expresaron claramente que hay análisis económicos de los rendimientos que este tipo de modelo tiene. El cambio de paradigma productivo es la salida y tiene buenos resultados”, consideró.
