Familias estafadas
El Ejecutivo sostuvo que la situación judicial de la constructora obstaculiza el loteo de Palermo Norte
Tras el reclamo de las 208 familias que no pueden acceder a escriturar sus propiedades, la comuna ratificó que es imposible avanzar con las obras de infraestructura solicitadas o levantar la interdicción vigente hasta que no se resuelva la quiebra de la firma ZyA S.A. Asimismo, la mitad del desarrollo urbanístico no se entregó y 104 propietarios resultaron estafados por la empresa, que comercializó las viviendas aunque existía una restricción de venta.
El derrotero de las familias estafadas del desarrollo urbanístico emplazado en Palermo Norte parece no tener una solución en el mediano plazo. Del conjunto total de 208 viviendas levantadas entre la Avenida Actis, Casacuberta, Cuba y Muñiz, cuya construcción estaba a cargo la empresa ZyA S.A., quedaron sin entregar la mitad, cuando pasaron 10 años desde el inicio de las obras.
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Si bien 104 familias recibieron la vivienda y pudieron ocuparla, la otra parte de las edificaciones quedaron inconclusas y la eventual finalización de las obras correrá por cuenta de cada propietario.
Asimismo, la posterior estafa y declaración de insolvencia de la firma, con proceso de quiebra incluido, impidió tanto la finalización de las casas como la regularización del estado parcelario, y los propietarios no pueden obtener la subdivisión de lotes para escriturar.
Las restricciones impuestas oportunamente por el Estado Municipal a la compañía constructora impiden avanzar con la subdivisión de los 208 terrenos; se necesita para ello el asfalto y el cordón cuneta en Newton entre Casacuberta y Muñiz, y la cesión de un espacio verde de 4.000 metros cuadrados.
Como ZyA S.A no cumplió con dicha interdicción ni lo hará, el grupo de damnificados le pidió a la comuna que se encargue de destrabar el conflicto. En esta línea, requirieron que la interdicción quede sin efecto o que el Municipio se encargue de las obras en cuestión.
El freno judicial
En comunicación con este Diario, el titular de Planeamiento y Obras Públicas de Tandil, Luciano Lafosse, explicó que “se aprobó un proyecto bajo determinadas condiciones que fueron aceptadas por la empresa, que ahora está imposibilitada de realizar las obras inicialmente planteadas como obligación por parte del Ejecutivo y del Concejo Deliberante para autorizar el proyecto”.
En ese encuadre quedó pendiente el asfalto en una cuadra de Newton y el grupo inversor había planteado la posibilidad de ceder tierra en otro espacio -un intercambio permitido por el PDT (Plan de Desarrollo Territorial)- porque se utilizó la totalidad de la manzana para edificar.
Ahora, la situación judicial de la firma con pedido de quiebra obtura cualquier otro trámite al respecto. Es decir, para que se levante la interdicción o para que la comuna se ocupe de las obras que correspondían a la compañía, debe haber una sentencia judicial que defina el marco legal para operar.
En referencia a la reunión que mantuvo con los propietarios estafados, el funcionario reiteró que “plantearon que habilitemos cosas que no podemos habilitar, como que se saque la interdicción de la calle, pero hasta tanto no exista una decisión de la Justicia sobre qué sucede con ese bien, nadie puede hacer uso”.
Interdicciones
La firma perteneció en su momento a Gustavo “Turi” Zangari y su director era Daniel Pastor. Zangari falleció en 2020, aunque antes se había desvinculado de la razón social, que quedó al mando de Pastor. Este último fue quien confirmó a los compradores la falta de fondos para culminar las obras en disputa. Además, el macizo registra una millonaria deuda con ARBA que debe también regularizarse en pos de escriturar los bienes.
En tanto, Lafosse señaló que “no tenemos un interlocutor porque el que adquirió el compromiso no está más y los propietarios, al no haber sido transferidos los bienes a su nombre, no pueden hacer nada” y subrayó que el Municipio está “imposibilitado” de reclamarle al privado el cumplimiento de lo pautado, así como tampoco es factible en el escenario actual concretar las obras de infraestructura mencionadas.
“En el propio plano se plantea una interdicción de venta hasta que se materialicen las obras”, sostuvo el arquitecto.
Los vecinos agrupados se detuvieron en este punto crucial y pidieron informes acerca del expediente de inicio de obra del emprendimiento inmobiliario, que la compañía constructora presentó oportunamente ante dependencias municipales, y sobre la falta de contralor y fiscalización que desencadenó en la situación referida.
La interpelación radica en por qué ZyA S.A comercializó de igual modo las viviendas antes de cumplir con los trabajos de infraestructura y cómo el perjuicio no fue advertido a tiempo por las autoridades.
De aquí en más, una sentencia judicial respecto de la quiebra de la empresa ZyA S.A podría abrir un nuevo abanico de acciones y el responsable de Obras Públicas ponderó que “en función de eso podríamos actuar en conjunto con los vecinos”.
No obstante, aclaró que deberán esperar los tiempos judiciales porque no hay certezas sobre las cuales avanzar todavía, pese a la comprensible necesidad de respuestas de los damnificados.
