"A los efectos prácticos de la sanción, creemos que no va a tener resultados"

Los 200 tandilenses estafados con entradas truchas para ver el partido de la selección argentina el pasado 23 marzo, han recibido noticias alentadoras en lo que se refiere al transcurso de la causa iniciada a través de la denuncia realizada a los pocos días del hecho por el abogado Paolo Lamoure, quien forma parte de la víctimas. 

En aquella instancia inicial, el letrado había solicitado una medida cautelar para que el acusado no pudiera hacer uso de los fondos producidos por la venta, la cual fue rechazada por la jueza de Garantías Stella Maris, argumentando que los damnificados habían adquirido los tickets desde un medio que no era el oficial, por lo que parte de la culpa recaía sobre ellos. 

Además, le pidió al fiscal interviniente que para aceptar el recurso, debía presentar una contra cautela, es decir, que el propio Ministerio Publico Fiscal, que es un representante del estado, disponga de una suma de dinero o algún bien en garantía de un posible perjuicio.

Ante la resolución de la Cámara Lamoure indicó que el falló surgió tras la presentación de un recurso de queja ante la cámara por parte del fiscal oriundo de Alvear, Cristian Citterio. Cabe aclarar que todos los fiscales tandilenses se excusaron de la causa en su momento, argumentando compartir algún tipo de vinculación con los damnificados, por lo que intervino el funcionario alvearense, a cargo de la UFI 20 del departamento judicial de Azul.

“La Cámara aclaró que en primer lugar estaba mal que Aracil no le haya permitido que ellos evalúen el rechazo de la medidas cautelares, y tienen la facultad para poder hacerlo. En segundo término, dijo que las cautelares deberían haber sido concedidas en primera instancia”, explicó el abogado.

Si bien la novedad se festeja desde el lado de las víctimas, la realidad es que después de casi cien días de ocurrida la estafa, el efecto práctico de la acción no tendrá grandes resultados, ya que lo más probable es que el acusado haya retirado todos, o al menos la gran mayoría de los fondos de las cuentas. 

La potestad para el congelamiento ya fue otorgada al juzgado de garantías, y aún no ha dictado una resolución, “pero con los lineamientos que le dieron y sabiendo de la voluntad del juez Moragas, tendría que aceptarlo, de todas formas si vos haces un análisis superficial, ahora tantos meses después, y ya sabiendo Carrillo que existía la posibilidad de que lo incauten, anda saber si tienen fondos”.

Su posible salida del país 

Respecto a la situación actual del acusado, comentó que en los últimos días se corrió el rumor de que viajó a España, por lo que pusieron en conocimiento a la fiscalía, y esta consultó en migraciones, pero aún no ha obtenido respuesta, igualmente cuando esta llegue en los próximos días, sabrán a ciencia cierta si efectivamente atravesó la frontera. 

“Él no tenía ningún tipo de impedimento para hacerlo, lo que sí, uno desde su mirada de abogado, me parece más atinado y más ajustado de derecho para la defensa plantearlo, ponerlo en conocimiento, que por motivos laborales, de viaje o lo que sea, va estar de tal fecha a tal fecha o se va a vivir a tal localidad”, expresó.

En el caso de que se compruebe su salida del país, el magistrado interviniente podría solicitarle a la defensa que aclare donde está su cliente, ya si se lo requiere para prestar declaración o algún otro motivo, debe contactarse de alguna manera. 

Lamoure señaló que esta actitud, al igual que las peculiares condiciones en las que Carrillo vendió su auto a un allegado y este le tramitó una cedula azul que lo habilita a seguirlo usando, “son indicadores de que alguien no se ajusta a derecho, que no está dispuesto a asumir la responsabilidad o a comparecer cuando sea requerido por la justicia, y son cuestiones que por ahí al fiscal lo habilitan para pedir ciertas medidas”.

A su vez, aseguró que existe un convenio de extradición con el país europeo, por lo que eventualmente se podría pedir la colaboración de la justicia española para encontrarlo y devolverlo a la Argentina, en el caso de que se requiera su presencia. 

Por último, el letrado expresó que ahora que se evidencia que el accionar de la jueza Aracil no fue el indicado, “la realidad es que nos duele, porque si hacia lo que tenía que hacer a los dos o tres días de la denuncia, hoy el panorama hubiese sido otro, porque él no hubiera podido vender el auto, y tendría que haber dado la cara para decir ‘bueno, esto es lo que tengo para ofrecer, les puedo reparar tal cantidad’. Pero durante este tiempo pudo disponer de todo lo que tenía, vaciar su patrimonio y andar como quiere”.