El Defensor oficial pidió por políticas públicas para que no se repitan más tomas en la ciudad

Este lunes se llevó a cabo una reunión con representantes de todos los partidos políticos para sentar una definición política en pos de una resolución que está impulsando el oficialismo para que la decisión del Gobierno nacional de incorporar el terreno en cuestión dentro del Renabap sea rectificada. En ese contexto, Diego Araujo, defensor oficial, habló en “Último bondi” (104.1 Tandil FM y Eco TV) y mostró su preocupación por el presente y el futuro del conflicto irresoluble.

El pasado viernes, Araujo presentó en el juzgado de Garantías una ratificación de un escrito que sienta una postura en contra al pedido realizado por el abogado de la familia Moauro, el cual había solicitado el desalojo de las casi 200 familias que habitan en el terreno de Piccirilli al 1100. “Es una cuestión evidentemente técnica y tendrá que ser resuelta oportunamente por el juzgado”, explicó el letrado.

En diálogo con este medio, indicó que el derecho penal no puede resolver un conflicto social de esta magnitud y luego añadió: “Hay un marco regulatorio muy importante con relación a esta temática que es la Ley de Hábitat del año 2012. Esa Ley establece un marco de actuación, otorga facultades y obligaciones a distintos órganos territoriales, uno de ellos el Municipio, y lo coloca en una situación particular. Esto tiene que ver con la generación de suelo urbano”.

En ese sentido marcó como deficiencia política que estas situaciones tienen lugar en Tandil desde hace mucho tiempo. Incluso contó su experiencia personal desde que llegó en 2007, interviniendo en muchas tomas masivas. “Eso es un dato de alerta que tienen que tener quienes tienen la responsabilidad política de tratar de encontrarle una solución adecuada a esta problemática que ya es recurrente”, aseguró.

Respecto a los antecedentes, se refirió a situaciones similares ocurridas en el barrio Smata, el barrio del Plan Federal y Villa Sarmiento. En el primer caso, destacó la intervención del Estado nacional de turno para llegar a una solución pacífica con negociaciones que llegaron buen puerto. A su vez remarcó una diferencia fundamental con todos los casos: los desalojos se realizaron en tomas de una magnitud muy inferior a la actual del barrio La Movediza.

Otra cuestión clave que diferencia a la situación actual con otras ocurridas con anterioridad es la decisión política de colocar el macizo dentro del Registro Nacional de Barrios Populares. Una decisión tomada por el gobierno peronista saliente en 2023 y ratificada por los representantes libertadores del actual poder nacional luego de la decisión tomada por Sebastián Pareja en julio.

“Básicamente el cambio tiene que ver con que al ser incorporado a este registro deja de ser una cuestión penal y pasa a ser administrativa”, señaló Araujo que luego continuó: “Hasta tanto no haya una resolución por parte del Tribunal de Casación o bien una rectificación por parte de la Administración pública nacional con relación a la actual situación, estamos con el pleito en esta instancia cuestionando los efectos de los recursos”.

La postura municipal

El conflicto data de más de un año y medio durante el cual hubo varias instancias de diálogo y negociación entre las partes para intentar hallar una solución. “Hubo un momento en el que este conflicto pudo resolverse pero un actor fundamental se retiró de la mesa de diálogo”, comentó Araujo quien luego señaló que esto es un posicionamiento legítimo, pero que no permitió que el problema se resuelva dando solución a todas las partes.

Al ser consultado sobre lo vertido al El Eco de Tandil por parte de Alejandra Marcieri y Julio Elichiribehety, quienes afirmaron que el Municipio dejó la mesa de diálogo cuando lo hizo el dueño del terreno ocupado, el Defensor se diferenció: “La propuesta de un consorcio urbanístico se hizo en esta mesa de diálogo y esto ha quedado incluso en el expediente judicial. El damnificado en ese momento aceptó la propuesta de desarrollo urbanístico y al otro día salió un titular en los diarios donde el Municipio tomaba una posición adversa”.

Luego agregó que si falta un actor fundamental ya no se puede continuar en ese camino y a partir de entonces la postura de la familia Moauro cambió. “Yo pedí una audiencia con el juez de Garantías. Allí sí es cierto que el Municipio no participó y el damnificado en ese momento dijo que desistía en la voluntad de llegar a un acuerdo a través del consorcio”.

Ante la posibilidad de que se vuelva a convocar a una mesa de diálogo para intentar encontrar una propuesta para solucionar el tema, Araujo indicó que “creo que va a ser muy difícil porque ya ha habido una toma de posición pública por parte del damnificado”.

Por último, en relación a la postura del Ejecutivo local, solicitó la continuidad de continuar el diálogo para encontrar una solución, sobre todo en situaciones donde se trata de un problema tan serio, profundo y de índole social como el que ocurre actualmente. “Un conflicto así lejos está de resolverse si se llega al momento de un desalojo compulsivo”, aseveró.

El desalojo

Tal como se dijo con anterioridad, esta toma se diferencia del resto de los sucesos similares ocurridos en la ciudad por la magnitud de la misma. Sin un censo oficial, los datos indican que alrededor de 200 familias actualmente están habitando las tierras pertenecientes a la familia Moauro. Esto deja un escenario más que complicado a la hora de pensar en el desalojo masivo como un camino para la solución.

El Defensor explicó que “la cantidad de familias es mucha y obviamente si se llegar a la posibilidad de un desalojo compulsivo, necesariamente tiene que haber un protocolo que se cumpla a rajatabla para tratar de evitar mayores niveles de vulnerabilidad en los términos como lo dice de forma expresa la Corte de la Provincia”.

Al mismo tiempo, se refirió a la situación de fragilidad en la que se encuentran muchos niños, adolescentes, mujeres embarazadas y adultos mayores presentes en la toma, según el trabajo realizado por el equipo médico Región Sanitaria VII.

“Supongamos que se produce un desalojo compulsivo ¿Qué va a pasar con los chicos, los adolescentes, las personas enfermas? Se van a sumar a otros, y quizá se cambien los protagonistas, pero si ese conflicto no se aborda desde una planificación con más políticas públicas va a seguir sucediendo porque es un fenómeno recurrente. No es la primera vez que tenemos una toma masiva y, si no se incorporan distintas variables al análisis de la situación, este conflicto se va a seguir produciendo”, culminó.