El colectivo de mujeres vuelve hoy a las calles con la consigna Ni una menos y reclamos que persisten

El 3 de junio de 2015, tras el femicidio de Chiara Páez, de 14 años, ocurrido en Santa Fe, el colectivo Ni una menos emergió con fuerza para visibilizar la problemática e instalar una agenda al respecto.

La propuesta de aquel entonces tuvo resonancia en la ciudad y un grupo de mujeres se abocó a la maratónica tarea de organizar en pocos días una convocatoria que superó sus expectativas. En estos años, mucha agua pasó bajo el puente, pero el movimiento local de mujeres continúa dando batalla en distintas trincheras para lograr políticas públicas a la altura de las deudas que faltan saldar. 

La pandemia intensificó las situaciones de violencia por razones de género y la coyuntura se complejizó como nunca antes, ante la indolencia de ciertos sectores del Estado y el Poder Judicial, y la escasez de fondos para implementar políticas concretas.

Ahora, tras dos años sin poder marchar en esta fecha por los vaivenes de la situación sanitaria, las mujeres volverán hoy a copar las calles del centro para exhibir sus demandas, muchas de ellas intactas a través de los años: “El  grito de Ni una menos es el hecho político que logró visibilizar masivamente el conjunto de violencias que vivimos las mujeres y disidencias sexuales. Gritamos basta de femicidios, travesticidios y transfemicidos, y basta de Homolesbotransbiodio; nos pretendernos libres y desendeudadas”. 

Concentración y marcha 

De este modo, la Asamblea Feminista Tandil convocó a concentrar a las 17 en la explanada del Municipio para iniciar a las 18 la marcha, que tiene su correlato en todo el país. Asimismo, a las 17:30 habrá una intervención artística del grupo Concha. 

Al final de la movilización, las organizadoras darán lectura a un documento en las puertas de la sede del poder comunal y, además, se programó un cierre musical con Percusión Frika y una intervención de “Tacho Quema Opresiones”. 

“No hemos abandonado la lucha, ni la organización, ni las calles y así, hemos logrado introducir la perspectiva de género como lineamiento básico para la elaboración e implementación de la política pública; hemos logrado la creación de dos Ministerios de Políticas de Géneros y Diversidades tanto en Nación como en la provincia de Buenos Aires generando articulaciones con las áreas de Género con todas las provincias del país para fortalecer y evidenciar las mismas; hemos logrado la creación de la Ley Micaela, la creación de protocolos de actuación en nuestros lugares de trabajo, en las escuelas de nuestros pibes, en nuestras organizaciones sociales y barriales. Sabemos que lo conseguido es el piso del que partimos para seguir prefigurando un mundo sin violencias y sin desigualdades que queremos”, expusieron desde la Asamblea.

Reclamos locales 

En tanto, además del marco global que tracciona la movilización a lo largo y ancho del país, el colectivo local retomará su arco de demandas en el plano municipal. En este sentido, destacaron la necesidad de contar con otra Defensoría civil en la ciudad para hacer frente a la sobredemanda de patrocinio jurídico de calidad en los procesos de violencia de género, alimentos, cuidados, comunicación y otros procesos en los cuales mujeres y disidencias requeiren el acceso a la justicia.

Asimismo, volverán a reclamar que se amplíe el presupuesto de la Dirección de Políticas de Género y Diversidad Sexual para jerarquizar el área como una Secretaría. Por otro lado, exhibieron la necesidad de debatir el uso de la Casa Refugio Martha Pelloni y por qué “hay resistencias para utilizar dicho dispositivos en caso de emergencia, necesitamos un compromiso de la Dirección de Género de rever su funcionamiento”.

Dentro del espectro de exigencias, se enfocaron también en la aplicación de la Ley Micaela en toda la planta municipal y reseñaron que “hoy, 3 de Junio de 2022, se capacitaron tan solo 80 funcionarios del Departamento Ejecutivo”.

En esta línea, repararon que no se cuenta con una gran cantidad de profesionales que tengan perspectiva de género, lo que lleva a la revictimización de las personas que acuden a determinadas dependencias municipales. En este punto, hicieron hincapié tanto en el Servicio local de Promoción y Protección de los Derechos de niños, niñas y adolescentes, como en el Sistema Integrado de Salud Pública.

Por último, entre otras cuestiones, reclamaron que “a un año de la sanción de la LEY 27.610 de Interrupción Voluntaria del embarazo exigimos el efectivo cumplimiento de la implementación en todo el Sistema de Salud, tanto el público como privado, obras sociales y prepagas. Exigimos igualdad de condiciones en el acceso a la IVE y denunciamos las violencias, la dilación en los tiempos de acceso, la desinformación sobre el procedimiento y la ausencia en las políticas de cuidados”.