El autor del anteproyecto para las fumigaciones aclaró que tampoco buscaban cambiar el sistema productivo

Con un borrador de proyecto de ordenanza sobre el cual trabaja la Comisión de Producción, Trabajo y Medioambiente del Concejo Deliberante, anticiparon que podrían estar ante la etapa final para lograr una nueva reglamentación de aplicación de agroquímicos en el partido de Tandil.

Recibí las noticias en tu email

Accedé a las últimas noticias desde tu email

Suscribite

Más allá de calificar como “valioso” al trabajo de elaboración del bosquejo realizado por el concejal Ariel Risso, el coordinador de la ONG Bios Argentina Nodo Tandil y uno de los que presentó el anteproyecto para modificar dicha ordenanza en 2019, Claudio Lowy, consideró necesario realizar algunas reflexiones acerca de la próxima legislación.

Vale recordar que el edil del Frente de Todos explicó que la nueva norma se enfocaría principalmente en un control eficiente del cumplimiento de la misma, apoyándose básicamente sobre lo resuelto desde Provincia en cuanto a las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) y priorizar el uso de productos catalogados como “Banda verde”, sin precisar los metros de restricción para las fumigaciones.

“Está claro que no vamos a cambiar el sistema productivo que actualmente tenemos en el país, la provincia y en nuestro distrito, porque hay una legislación que lo permite y porque hay organismos de control que así lo avalan, caso Senasa o de INTA”, había señalado Risso en conversación con El Eco de Tandil.

Relación glisfosato-cáncer

A raíz de la nota publicada en este Diario, el ingeniero forestal y máster en Desarrollo Humano Sostenible, recordó que la ordenanza vigente no impide emplear agroquímicos plaguicidas en el área urbana, sino que según su artículo 2, avala el uso de aquellos clasificados como Clase III Banda Azul y Clase IV Banda Verde.

“Por ejemplo, permite la aplicación en espacios verdes públicos y privados de formulados de glifosato, comprobadamente cancerígeno según el Instituto de Cáncer de la Organización Mundial de la Salud, y también reconocido así por Instituto Nacional del Cáncer dependiente del Ministerio de Salud de la Nación; sin dejar de mencionar las múltiples condenas multimillonarias a Bayer-Monsanto en los EE.UU.”, expresó.

Cabe destacar que, como informó El Eco de Tandil, en un hecho histórico recientemente el Estado argentino reconoció la relación entre el glisfosato y el cáncer.

“El uso de agroquímicos puede provocar cáncer en seres humanos” admitió en abril del año pasado el Instituto Nacional del Cáncer (INC), reafirmando el concepto establecido por la Agencia Internacional de Investigación sobre el cáncer dependiente de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Esta información llegó justamente a manos de Claudio Lowy y Marcos Filardi, quien como abogado de derechos humanos y soberanía alimentaria, integrante de la Cátedra libre de Soberanía Alimentaria (Calisa) Nutrición en la UBA y del Museo del Hambre, entre otros destacados, fue quien accedió al documento en abril del 2019 luego de realizar una solicitud de acceso a la información pública ante la que fuera secretaria de Gobierno de Salud.

No es cambiar el sistema productivo

Por otro lado, Lowy aclaró que el anteproyecto de ordenanza presentado por Banca 21 en agosto de 2019 junto a Graciela Canziani tampoco propone cambiar el sistema productivo en el partido de Tandil, sino “apenas” alejar las aplicaciones terrestres de agroquímicos a dos mil metros de los lugares donde la gente desarrolla su vida, y prohibir las aplicaciones aéreas como ocurre, por ejemplo, en el partido de Cañuelas desde el año 2010.

“El argumento de las BPA es echarle la culpa de los daños que están generando los agroquímicos biocidas a quien aplica el producto en el campo, preferentemente al trabajador rural”, manifestó.

Consideró que así, “invisibiliza” las responsabilidades de las corporaciones empresarias que se benefician con la venta de los plaguicidas, de los ingenieros agrónomos que los recetan, de los Colegios de Ingenieros Agrónomos que los legitiman, del Senasa que registra los productos para su uso a pesar de sus toxicidades y derivas incontrolables, y de las autoridades de aplicación a nivel nacional, provincial y municipal.

Sin política pública no hay control

Finalmente, el referente de Bios destacó que la normativa provincial sólo establece dos mil metros libres de fumigaciones aéreas, sin especificar distancias libres del uso terrestre. A pesar de ello, indicó que muchos partidos de la provincia de Buenos Aires regularon las aplicaciones de plaguicidas con medidas “protectivas” tanto para los usos terrestres como aéreos. “Es claramente una competencia de los gobiernos locales”, enfatizó.

En otro sentido, negó que sea cierto que los agroquímicos clasificados toxicológicamente como Banda Verde no sean prácticamente nocivos para la vida en general. “Si fuera así no se aplicarían”, refutó y agregó que “son biocidas por definición”.

Por otro lado, informó que esa clasificación sólo evalúa la toxicidad letal aguda, es decir, si mata en el corto plazo pero no si enferma. “Por ejemplo, la Atrazina, con formulados Clase IV Banda Verde, es un reconocido disruptor endócrino de máximo nivel, que genera daños al sistema inmunológico, que tanto necesitamos todos cuidar mucho, sobre todo en estas épocas de pandemia virósica”, comparó.

Por último, referenció que la Sociedad Rural de Tandil reconoció que se realizan 30 mil aplicaciones de plaguicidas por año en el partido, lo cual a su parecer resulta “imposible” para que los registros y controles que propone la nueva ordenanza puedan ser realizados sólo por un ingeniero agrónomo, “por más buena voluntad que tenga”.

“Como bien dice el Concejal Risso, no hay políticas públicas si no hay control adecuado”, determinó al concluir.