Diversos sectores de la educación, preocupados por la falta de recursos y la caída del salario
Estudiantes, docentes bonaerenses y universitarios renovaron su reclamo para obtener mejoras que les permitan paliar las condiciones actuales. Criticaron la falta de actualización presupuestaria y salarial para hacer frente a la devaluación.
Como si estuvieran atrapados en una estructura cíclica que se repite de manera incesante, los gremios docentes y centros de estudiantes de la ciudad pusieron en agenda, una vez más, la crítica situación que atraviesa la educación estatal. El nuevo escenario que se configuró tras la derrota del oficialismo en las PASO y la incertidumbre económica generada por la fuerte devaluación cercó nuevamente a las universidades e instituciones educativas que avizoran un fin de año complicado en términos de presupuesto y poder adquisitivo de los trabajadores.
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En una conferencia de prensa, representantes de diversos sectores se unieron en un mismo reclamo en el que confluyen el pedido de los bonos extras para los docentes provinciales y universitarios, la declaración de la emergencia alimentaria, y la mejora de las políticas socioeducativas y de la siempre relegada infraestructura escolar.
Educación en crisis
La convocatoria coincidió con el aniversario de la gran marcha por la educación pública que se desarrolló en todo el país el 30 de agosto del año pasado, para defender a las universidades de los recortes presupuestarios. Ese mismo día de 2018, además, se desplomó el cielorraso de un aula de la antigua sede del Conservatorio Isaías Orbe ubicada en Alem y Maipú, hecho que provocó un punto de inflexión en la vida de las instituciones terciarias de la ciudad, que se unieron para organizar sus demandas.
Giuliana Cantallops y Nicolás Pintuelos por la Federación Universitaria; Emiliano Invernizzi por el Centro de Estudiantes del IPAT; Martina D’Anunzzio por el Conservatorio de Música; Hugo González, secretario general de Suteba Tandil; los representantes de Adunce Verónica Gargiulo y Marcelo Stipcich; y Diego Velázquez, del colectivo Jóvenes Científicos de la Unicen, expusieron su preocupación por la situación concomitante.
Desde el ámbito universitario, Gargiulo informó que el rector Roberto Tassara concurrió a la reunión del CIN (Consejo Interuniversitario Nacional) que nuclea a las 57 universidades públicas del país, para discutir sobre la coyuntura actual y el pedido al Gobierno nacional de un refuerzo presupuestario que rondaría los 4 mil millones de pesos, con el fin de afrontar los desfasajes producidos por la devaluación.
“Estamos a un año de aquella gesta y seguimos reclamando lo mismo. Tampoco podemos olvidar que los docentes quedamos excluidos de este bono por única vez que el Gobierno va a dar de 5 mil pesos”, objetó.
Becas y transporte
Por el sector estudiantil, Cantallops expuso que hay dos tópicos sensibles que complican la trayectoria de los jóvenes en los establecimientos de nivel superior. Por un lado, el costo del transporte público, y por otro, el congelamiento de las becas Progresar que provienen de Nación.
“El transporte en Tandil es de los más caros del país y no se implementa la ley del boleto educativo gratuito, una conquista del movimiento estudiantil y obrero en la Provincia”, detalló la joven.
Los estudiantes calcularon que con el monto que se percibía de las becas en 2015 les alcanzaba para adquirir 163 boletos, en 2019 esa cifra se redujo a 103 tras el segundo aumento de este año que llevó el boleto a 20,29 el 2 de mayo y después subió a 22,29 pesos desde julio. Los universitarios son usuarios del sistema PASE y a diferencia de los alumnos primarios y secundarios que tienen 40 viajes gratuitos mensuales, deben abonar los viajes con el 50 por ciento de descuento para el transporte público urbano de pasajeros.
Además, indicó que es complicado el sostenimiento de la vida estudiantil, sobre todo para quienes llegan desde otras ciudades a cursar carreras porque deben pagar alquiler. Esto sumado al costo de los servicios, las fotocopias y el transporte forma un combo complicado para los jóvenes.
Otra de las preocupaciones esgrimidas fue el congelamiento de las becas Progresar, cuyo estipendio básico es de 1900 pesos, sin contemplar ningún tipo de actualización de acuerdo a la escala de inflación.
“El congelamiento pega en los bolsillos. Hay alumnos que están en espera, no hay demasiada información al respecto y no tenemos respuesta de Anses ni de nadie”, consignó.
Servicio Alimentario Escolar
Hugo González, por los docentes bonaerenses, recordó que los haberes del sector no se han actualizado conforme indica la cláusula gatillo fijada en el acuerdo salarial, que tampoco cobrarán la bonificación extraordinaria anunciada por el Ejecutivo nacional y, además de la vulneración del poder adquisitivo expuesta, señaló que los vaivenes económicos repercuten en áreas muy sensibles como el Servicio Alimentario Escolar (SAE). El referente gremial criticó la falta de variedad en los alimentos ofrecidos en los comedores de las escuelas, cuya base son los productos secos y harinas y la urgente necesidad de reforzar los fondos del servicio.
“Tenemos un Gobierno municipal que está hace 16 años y nunca tuvo una política activa hacia la educación pública. El año pasado, el Gobierno asumió un compromiso con Florencia Castro –funcionario de infraestructura de la Provincia- en esa jornada tras la movilización masiva del Polivalente y los terciarios. Se le pidió al Municipio que interceda ante el Estado provincial y las responsabilidades políticas tienen que dar una respuesta. Pueden ser las obras o las gestiones por distintos temas”, delineó.
