Desde Tránsito entre Todos celebraron avances en legislaciones viales, marcando que "falta mucho todavía"

En la última semana se aprobó en la provincia de Buenos Aires la Ley de Alcohol Cero al volante, y comenzó a instalarse en la agenda pública un proyecto que busca reducir la velocidad máxima permitida en zonas urbanas. 

Por el tema fue consultado Juan Larraburu, titular de la ONG Tránsito entre Todos, quien consideró “positivas” las iniciativas pero remarcó la necesidad de avanzar en implementaciones, controles e instancias de formación en temas viales.

Larraburu, al frente de la ONG, comenzó en el año 2008 a organizar charlas de educación vial en jardines y escuelas. Pocos años después pasó él mismo a estar al frente de estos espacios educativos, de divulgación y concientización que llevan a cabo en diversas instituciones. Además, presentó y trabaja en proyectos referidos al tránsito, y es un referente del tema en la ciudad.

“Si bien hubo un avance en la legislación, hay muchas cosas que hacen falta todavía”, consideró Larraburu. Planteó, en referencia a la normativa provincial recientemente aprobada, que a partir de su sanción se sumó un elemento que hará que el tránsito mejore, pero hizo foco también en el “mientras tanto”, donde manifestó que “la seguimos peleando”.

Agregó que desde la ONG celebraron estas últimas acciones ya que consideró al Estado como el actor principal, “el que tiene que decidir para dónde y cómo vamos, y si seguimos en esa tendencia, lo tomamos como algo positivo”.

Avances y necesidades

“Con respecto a la Ley de Alcohol Cero, si bien la práctica y el control van a ser muy difíciles, seguramente sabiendo que está, mucha gente no consuma”, transmitió Larraburu. Agregó que “en definitiva, si hay que pensar en si es un balance positivo o no, con esto al menos se logra meter el tema en agenda, porque al tránsito le cuesta mucho y somos muy pocos, pero me parece que la batalla de años ha llevado a algo”.

Además, en los últimos días trascendió que en la Provincia se estudia un proyecto para reducir la velocidad máxima permitida en ciudades. Tanto sobre dicha propuesta, como con la Ley de Alcohol Cero al Volante, Larraburu sostuvo que “el mundo va para ese lado”.

Señaló la importancia de reducir la velocidad máxima, “porque a 30 kilómetros, o a 25, el choque no es mortal. Los accidentes son mucho menos graves que lo que puede suceder a 50, 60, o 70 kilómetros como a veces andamos en las avenidas".

Agregó que "reducir la velocidad no nos va a cambiar la vida, ni el tiempo, y sin embargo si tenemos un siniestro, va a mermar el impacto, y si tenemos la mala suerte de chocar una persona, generalmente a 30 kilómetros, los golpes no son mortales”.

Asuntos locales pendientes

En el orden local, remarcó la necesidad de avanzar en la implementación del Observatorio Vial. Esta herramienta, sostuvo el referente, permitiría conocer estadísticas y datos específicos de los siniestros de tránsito  en la ciudad, con el fin de implementar acciones y políticas públicas en pos de su abordaje.

Con respecto al proyecto, aprobado en junio pasado y a la fecha no reglamentado, sostuvo que hubo diversas propuestas y consideró que “es raro que el oficialismo apruebe algo y no lo ejecute”.

Larraburu se refirió también a los debates en torno a la regulación de los camiones y volquetes estacionados, tema sobre el cuál recientemente se aprobó una ordenanza para actualizar la normativa en relación a los contenedores. Al respecto, Larraburu planteó los peligros que suponen los camiones ante eventuales siniestros, ya que dichos vehículos cuentan con elementos contundentes a la altura de la cabeza o del tórax de los conductores de motos.

“El tema es cuál es el lugar habilitado para camiones, porque acá estamos ante esta desidia de que mientras tanto se deja en la puerta de la casa. En el mientras tanto, no hacemos mucho”, lamentó. 

Concluyó señalando que trabajan en un proyecto denominado “Cascos para mi ciudad”, a partir del cual entregarán un número importante de cascos para motociclistas tandilenses, con la proyección de incorporar una normativa que suponga una sanción mayor en casos en los que se haya hecho entrega de un casco y se registre que el mismo no se use.