Desde la Banca 21, presentaron un proyecto para regular el uso de agroquímicos en el Partido
Este jueves, en la sesión ordinaria del Concejo Deliberante, la doctora Graciela Canziani, docente e investigadora de la Facultad de Exactas de la Unicen, presentó un anteproyecto de ordenanza elaborado en conjunto con otros actores, para regular la aplicación de plaguicidas en el territorio y prohibir su aplicación aérea, a fin de resguardar la salud de la población y el ambiente.
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La especialista hizo uso de la palabra desde la Banca 21 o “Banca del Pueblo”, la herramienta que tienen los ciudadanos para hacer llegar sus inquietudes al cuerpo legislativo. En su exposición, Canziani realizó un relato exhaustivo de la literatura científica y los estudios que confirman el daño que estos productos -como el glifosato- generan en las personas y el entorno.
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El completo trabajo llevado adelante por la doctora Canziani, en colaboración con estudiantes y graduados de la carrera de Tecnología Ambiental de la Unicen y el ingeniero Claudio Lowy, propone una nueva mirada hacia un cambio de paradigma que se corra del sistema de producción de monocultivo hacia la agroecología, respetando a las personas y el hábitat natural.
La preocupación surgió en el seno de la Universidad frente a una normativa municipal que permite la aplicación de agroquímicos sin demasiadas restricciones en espacios verdes y la zona rural, y la falta de estudios que evalúen la presencia de estos elementos en el agua, el suelo y el aire.
También se señaló la vacancia de estudios epidemiológicos que releven la situación real de la población en cuanto a la toxicidad. Además, apuntaron a conocer cualitativa y cuantitativamente los tipos de agroquímicos usados en el Partido y su distribución territorial.
El anteproyecto contempla múltiples aristas que incluye la regulación adecuada para la aplicación terrestre y la prohibición de aplicación aérea; la creación de una autoridad de aplicación y de un registro de aplicadores y equipos; zonas para transporte y circulación; verificación de seguridad; lavado de equipos; responsabilidades; realización de análisis ambientales; manipulación de envases; capacitación, educación y monitoreo; y sanciones.
Tras la presentación, el texto ingresó para su tratamiento y evaluación en las comisiones de labor parlamentaria pertinentes.
