Desde el Programa de Acceso Justo al Hábitat piden que el Protocolo se cumpla con políticas activas

Faltan apenas días para el 8 de julio, fecha que se estableció como límite para que los vecinos que ocupan el predio de calle Piccirilli al 1000 en La Movediza desalojen el lugar. Si bien la Defensoría pidió la suspensión de la medida, hasta el momento la Justicia no volvió a expedirse sobre el caso.

A la espera de una reunión entre las partes implicadas que se concretará esta semana, desde el Programa de Acceso Justo al Hábitat solicitaron que el Protocolo se cumpla contemplando políticas que permitan hallar soluciones alternativas para “prevenir los efectos negativos de un desalojo forzoso”.

En diálogo con El Eco de Tandil, Dana Valente Ezcurra, integrante del mencionado proyecto de Extensión planteó la necesidad brindar una respuesta “con políticas públicas, porque de otra forma no se estaría trabajando en transformar esta problemática y esto se va a reeditar”.

Como parte del trabajo que vienen realizando desde el Programa, entrevistaron recientemente el secretario de Tierra, Hábitat y Vivienda de la Defensoría del Pueblo Bonaerense, Alejandro Rusconi, a los fines de conocer en profundidad detalles sobre el Protocolo activo y alternativas de solución aplicadas en casos similares. 

Al respecto Valente Ezcurra explicó que el Protocolo activo fue aprobado por la Corte Suprema de Justicia de la Provincia a los fines de intervenir en casos en los que se genera un conflicto entre el derecho a la propiedad y el derecho a la vivienda.

“Es decir que cuando se restituye el derecho a la propiedad, sean observados las garantías de los Derechos Humanos de las personas que son desalojadas. Y esto es que ninguna persona pueda quedar en situación de calle, que ninguna persona quede expuesta a los efectos violentos de un desalojo, sobre todo si estamos hablando de gente en situación de vulnerabilidad social”, precisó.

Cabe recordar, en el marco del Protocolo se llevó a cabo un censo entre las familias de la toma. Entre otros organismos, el programa de Acceso Justo al Hábitat aportó profesionales que intervinieron en el relevamiento.

“El censo tiene que servir para cuantificar cuáles son las familias que están en la peor situación y generar políticas públicas para contener esa situación de vulnerabilidad. Y en ese sentido, como no está agotada la aplicación del Protocolo, se espera que las instancias de diálogo se reabran”, consideró Valente Ezcurra.

- ¿Qué significa que se reabran las instancias de diálogo?

-Está planteado en la Justicia y significa volver a convocar una mediación de los organismos estatales de los distintos niveles del Estado, para evaluar los resultados del censo en el marco de la aplicación del Protocolo. 

A partir de eso, proponer una solución alternativa al conflicto que permita prevenir los efectos negativos de un desalojo forzoso sobre estas 280 personas que están asentadas en el predio y de las cuales muchas necesitan asistencia del Estado para resolver su situación.

-¿Cuál considerás que fue el principal aporte del censo?

-Fue una herramienta para tener mayor conocimiento, y lo que resultó contundente de los resultados es la situación de vulnerabilidad de las familias. Algunas tienen poca asistencia de parte del Estado y se detectó menos de un 40 por ciento de asistencia con Asignación Universal por Hijo a niños. 

Estamos hablando de 101 niños y niñas, o sea que hay muchos que tienen sus derechos vulnerados. También que el 71 por ciento vive bajo la línea de pobreza o indigencia, y que sólo el 14, 4 por ciento cuenta con trabajo en blanco.

Además nos encontramos gente con situaciones de enfermedades crónicas no transmisibles, con discapacidades, personas adultas mayores, jubiladas, mujeres que habían sido víctimas de violencia de género, gente que ya había tenido dificultades en una trayectoria habitacional crítica que fue desalojada previamente. Cerca de un 60% de las familias se tuvieron que endeudar para pagar el alquiler en los últimos años. 

Son datos bastante críticos que hablan del problema habitacional en Tandil. Y a raíz de eso es que también se fundamenta la necesidad de una respuesta con políticas públicas, porque de otra forma no se estaría trabajando en transformar esta problemática y esto se va a reeditar. 

Las familias que sean desalojadas sin brindarle ningún tipo de asistencia social van a quedar nuevamente expuestas a una situación de calle o a realizar una nueva ocupación para tener un lugar donde vivir con su familia.

Algunas podrán volver a los lugares donde vivían porque estaban en casas de familiares, en situación de hacinamiento, pero otras expresaban no tener un lugar para vivir o para volver.

Por eso es tan importante y las Defensorías han resaltado tanto la necesidad de que el Estado presente una política alternativa y que esta política sea previa a la sustanciación del desalojo, porque si no sería muy difícil prevenir los efectos negativos. 

-¿Qué alternativas de solución podrían darse, que se hayan aplicado en otras ciudades?

-En otros casos se han relocalizado a las familias, se han pagado alquileres sociales, se han incluso desarrollado proyectos de vivienda. En algunos casos se han formado cooperativas con las familias para que puedan autoconstruirse su vivienda con asistencia de políticas públicas. En otros se les ha dado la posibilidad de acceder al pago de un lote en cuotas para que construyan en función de sus posibilidades y de sus necesidades.

Hay diversos casos y diversas experiencias y por lo que hemos podido dialogar con la Defensoría del Pueblo, fueron experiencias positivas de aplicación del Protocolo, que es algo que vale la pena resaltar en este momento que pareciera no haber una salida. 

- ¿Cómo sigue esto y de parte de ustedes cuál es el próximo paso? 

-El próximo paso será la convocatoria a una nueva instancia de mediación interinstitucional. Esperamos que los distintos niveles del Estado que participan puedan llegar a ponerse de acuerdo en una propuesta y que la salida de este conflicto sea con políticas públicas de acceso al hábitat, sobre todo para la población en situación de vulnerabilidad.

Lo que nos preocupa es poder dar respuestas a la altura de este Bicentenario, del Tandil que queremos. Porque de no encontrar respuestas alternativas nosotros vemos que las causas del problema de las viviendas no se solucionan, y es una preocupación cada vez mayor.

“Tenemos que darle al Protocolo un cumplimiento con políticas activas”

Como parte de las acciones que llevan adelante desde Acceso Justo al Hábitat, recientemente entrevistaron al secretario de Hábitat, Tierra y Vivienda de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires Alejandro Rusconi, a los fines de conocer en profundidad sobre el Protocolo activo y la necesidad de explorar vías alternativas para solucionar el conflicto.

Rusconi se refirió a otras experiencias de aplicación el Protocolo en Las Heras, Tigre, Zárate o La Plata. 

“Se ha implementado en varios Municipios y tenemos experiencias positivas. Hay municipios que le han pagado el alquiler a los vecinos, otros tienen lotes. A veces la demanda es mucho más grande que la oferta, pero estamos trabajando sobre eso”. 

Entre los ejemplos exitosos, Rusconi mencionó el caso de Villa Elvira, donde “a través de la intervención del Instituto de la Vivienda estamos trabajando en un plan de viviendas a través de una cooperativa, viviendas para esas personas que son desalojadas”.

Con respecto al Protocolo, el funcionario enfatizó la importancia de su implementación y señaló que “para nosotros no es sólo el relevamiento sino también es tratar de que haya políticas de resolución del conflicto, lo que queremos lograr es que si hay un desalojo no sólo se respeten los derechos humanos, sino también lograr el derecho humano que es la problemática que tienen los vecinos que han llegado a ocupar. Para tener una política de relocalización. Una política activa”.

A su vez, consideró que “la instancia del Protocolo todavía no está agotada” y remarcó la responsabilidad del Estado al considerar que “tenemos que darle al Protocolo un cumplimiento con políticas activas, proactivas. Bregamos para poder trabajar con todos los poderes del Estado y que este Protocolo no tenga que ser un protocolo de desalojo, sino que tiene que ser un Protocolo donde aparte de garantizar que no se violen los derechos humanos, que podamos disponer alternativas”.

Consultado sobre los modos de abordar este tipo de conflictos sin vulnerar derechos, Rusconi enfatizó en la importancia de construir soluciones alternativas desde las diversas instituciones involucradas.

“Primero avanzar en la no judicialización y la criminalización de los conflictos. Porque a veces se elige la vía penal para lograr un desalojo más rápido y se vulneran todas las garantías del debido proceso”, señaló.

En la misma línea destacó que la judicialización de los conflictos agrava la situación de vulneración, al plantear que “lo que vemos nosotros es que se vulneran muchos derechos. A veces vemos también que no se exploran alternativas de reubicación en asistencia a las familias afectadas. Por eso nosotros decimos que hay que trabajar siempre con un censo previo, y siempre bregar por instancias de mediación y de composición, eso es importantísimo”.

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Por El Eco de Tandil

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