Creció un 30 por ciento la litigiosidad judicial e impulsan la segunda Defensoría Civil

En el inicio de la sesión de ayer, la Mesa Intersectorial de Prevención y Abordaje de la Violencia Familiar y por Razones de Género presentó un proyecto de resolución, desde la Banca 21, para solicitar la creación de la segunda Defensoría Civil en Tandil. Como reclamo histórico del sector, fundamentaron que desde 2019 a la fecha se incrementó un 30 por ciento la litigiosidad en la ciudad y que es necesario crear la estructura para garantizar el acceso a la Justicia. 

La abogada Agustina Salvi, integrante de Mala Junta y una de las coordinadoras de la Mesa, expuso desde la Banca 21 ante los concejales de todos los bloques. Finalizada su argumentación, el proyecto pasó a comisiones para su tratamiento. 

En principio, repasó los orígenes de la Mesa Intersectorial y su formalización, en 2020, a partir de una ordenanza municipal. Además, consignó que está integrada por organismos del Poder Judicial, organizaciones de la sociedad civil y entidades que intervienen ante violencia familiar o por motivos de género en Tandil. 

“Llamamos abordajes a este recorrido institucional, a esa hoja de ruta crítica que transitan las mujeres y disidencias cuando vivencian una situación de violencia”, definió y como objetivos de la Mesa, enumeró el “monitoreo y diseño de las políticas públicas”, además de “planificar, sistematizar datos e información fiable y confiable” en materia de violencia de género y familiar.

Como otra de las metas, mencionó “construir espacios de consenso y de diálogo para mejorar la articulación entre las instituciones que intervienen en estos abordajes”.

Los números

En ese marco, indicó que como parte de un reclamo histórico del sector, que lo viene expresando cada 8 de marzo y 3 de junio, la Comisión de Acceso a la Justicia de la Mesa “ha trabajado arduamente en la presentación de este proyecto”. 

En relación a la necesidad de crear el segundo organismo, indicó que Tandil cuenta con más de 150 mil habitantes y tiene una sola Defensoría Civil -en términos formales se denomina Unidad Funcional de Defensa- que funciona con un equipo de siete personas que atienden entre 18 y 20 audiencias semanales, litigando en seis organismos judiciales: tres juzgados Civiles y Comerciales, dos de Familia y el Tribunal de Trabajo.

“Esta Defensoría Civil también impulsa causas que tienen que ver con determinación de la capacidad, interviene en procesos de internación involuntaria según la Ley de Salud Mental, también en procesos de desalojo, por lo tanto nuestra defensoría no sólo atiende, asesora, acompaña y patrocina a personas en situación de vulnerabilidad socioeconómica, sino que también atiende de manera presencial en otras localidades del partido”, manifestó.

Entre las argumentaciones, consignó el aumento de un 30 por ciento de la litigiosidad en Tandil entre 2019 y este año, por lo cual “hay una sobrecarga de los pocos recursos humanos que vemos en la actual Defensoría Civil” y lo tradujo en “una dificultad en el acceso a la Justicia para estas personas que hoy están necesitando la intervención de una nueva defensoría”. 

Comparó a Tandil con Olavarría, ciudad que con 122 mil habitantes cuenta con dos defensorías civiles. “Esto muestra claramente una organización en la administración de justicia y también de las personas que requieren un patrocinio letrado”, dijo y aclaró que las personas en situación de vulnerabilidad “no cuentan con recursos para poder afrontar el pago de un abogado de su elección, por eso es tan importante el rol de las defensorías para poder impulsar y patrocinar a todas las personas que lo requieren”. 

Obligación constitucional

En otro tramo de la presentación, Agustina Salvi expuso que “el Estado argentino tiene la obligación de garantizar el acceso a la Justicia” y apuntó a los “compromisos que devienen de convenciones y tratados internacionales en la materia que tienen jerarquía constitucional” a partir del artículo 75 inciso 22. 

En tanto, señaló que en el caso particular de las víctimas de violencia intrafamiliar o de género, “si bien no se requiere de un abogado particular para intervenir en estos procesos judiciales, la defensoría tiene un rol fundamental en esta intervención, no sólo porque trabaja desde una perspectiva integral e interdisciplinaria en los abordajes, realiza informes de evaluación de riesgo, sino también impulsa otras causas conexas que derivan de estos procesos por violencia familiar y razones de género, como el tema de los procesos de alimentos, de cuidado, de régimen comunicacional, de medidas de abrigo, entre otros procesos judiciales”. 

En ese punto, la letrada expresó que “por todo lo expuesto, solicitamos al Honorable Concejo Deliberante aprobar este proyecto de resolución para la creación de una nueva defensoría civil en la ciudad de Tandil para garantizar el acceso efectivo a la Justicia para toda la ciudadanía tandilense”. 

Adhesiones

En el último tramo de la Banca 21, Agustina Salvi recordó la creación de la segunda Defensoría Civil en Tandil es una demanda histórica, tanto de la Mesa Intersectorial desde sus comienzos como así también de la Mesa Transfeminista de Tandil, junto al movimiento feminista que todos los 8 de marzo y los 3 de junio se manifiesta en las calles. 

Por ese motivo, la Comisión de Acceso a la Justicia trabajó para que el proyecto de resolución llegue al Concejo acompañado de adhesiones.  Y en ese camino, citó que el defensor departamental de Azul, Diego Lucas Fernández, a cargo de la coordinación de las unidades de defensa, acompañó el pedido presentado ayer y envió una nota dirigida al presidente del Legislativo, Juan Pablo Frolik. 

En esa carta, Fernández puso de manifiesto “mi conformidad y mi formal adhesión al proyecto de resolución que declara la necesidad de creación de una nueva Unidad Funcional de Defensa para actuar en el fuero Civil, Comercial y de Familia de la ciudad de Tandil”.

Y ratificó que  “afianzar la justicia, tal como lo expresa el preámbulo de nuestra Constitución Nacional, no sólo requiere de la designación de jueces probos o procedimientos accesibles, sino que reclama la provisión de servicios de defensa pública, de calidad, que permitan hacer efectiva la garantía que resguarda el derecho de acceder a la jurisdicción para hacer valer sus pretenciones”. 

El proyecto de resolución también fue avalado e impulsado por distintas instituciones y organismos, como la doctora Liliana Castel, titular de la Unidad Funcional de Defensa de Tandil; la doctora Paula Lafourcade, defensora del Pueblo Municipal; Diego Araujo y Pablo Molina de las Unidades Funcionales de Defensa 2 y 3; Mariano Girolet del Centro de Asistencia a la Víctima; el Ministerio de la Mujer y Diversidad de la Provincia de Buenos Aires; la directora municipal de Género Agustina Goñi; la Facultad de Derecho de la Unicen; el área de Género de la Unicen; el Juzgado de Familia 2 y la Asamblea Trasnfeminista integrada por diversas organizaciones sociales y políticas.