EL FIN DE UNA ERA
Con un dejo amargo, se firmaron las indemnizaciones para darle la “mejor salida” al conflicto de la exLoimar
En la sede regional del Ministerio de Trabajo de la Provincia se selló ayer el acuerdo final entre la patronal y los 35 empleados despedidos de la fábrica de ladrillos, cuyo conflicto se prolongó durante un año y medio de intensas idas y vueltas. Arreglaron el pago de las liquidaciones correspondientes más intereses compensatorios por el tiempo transcurrido. La parte gremial expresó que les quedó un "sabor amargo" por no poder garantizar las fuentes de trabajo. Desde el organismo gubernamental indicaron que, pese a las distintas posturas, se pudo destrabar el problema de la mejor manera posible.
Si bien el acuerdo entre la patronal y los trabajadores desvinculados de la fábrica ceramista se alcanzó el viernes, ayer las partes se vieron las caras por última vez en las oficinas de la delegación regional del Ministerio de Trabajo bonaerense para ratificar sus posturas y sellar el convenio.
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Después de un año y medio en pugna, la salida acordada fue el pago de las indemnizaciones en dos cuotas -más intereses- a los 35 exempleados que mantenían la lucha, y no se produjo ninguna reincorporación al nuevo plantel que opera con el fideicomiso TandilCeram y retomó la producción en el lugar.
A la salida de la audiencia, en contacto con El Eco de Tandil, los referentes gremiales hablaron de los pormenores de la negociación y evidenciaron su decepción por el cierre que consiguieron, que estuvo lejos del primer objetivo que se habían planteado, esto es, la recuperación de las fuentes laborales.
“Es un trago amargo en el sentido de que no pudimos lograr el objetivo de recuperar las fuentes de trabajo en más de un año de lucha y lo que nos quedaba eran las indemnizaciones. En un momento se dijo que estaban depositadas pero comprobamos que no fue así. En principio nos ofrecieron hasta seis cuotas, la asamblea decidió que tenía que ser una, pudimos negociar el pago en dos veces, y ya cobramos la primera parte”, reseñó Alberto Algañaraz, uno de los delegados de la Focra (Federación Obrera Ceramista de la República Argentina) que llevó adelante la pelea por parte de la facción obrera.
No obstante, aunque el acampe en la planta fabril fue levantado el viernes, anticiparon que continuarán a la expectativa de que se cumplimente el segundo pago y los expedientes se cierren correctamente para dar por terminado el caso. Mientras tanto, la cartera laboral tendrá competencia como organismo de contralor para asegurar que se cumplan las condiciones del acuerdo firmado.
“Dijimos que no estábamos por las indemnizaciones, pero fue el mejor acuerdo que pudimos negociar. La decisión de la asamblea de trabajadores fue los 35 adentro o todos afuera, y así se hizo”, compartió.
En este sentido, algunos integrantes del grupo pudieron reinsertarse en el mercado laboral en otros ámbitos, pero hay muchos que aún quedan esperando una nueva oportunidad de trabajo que les permita rehacer sus vidas tras concluir este capítulo.
La decepción de los extrabajadores
La conformación del nuevo grupo inversor que decidió retomar las tareas en la compañía fue un punto de inflexión en el conflicto. Para llevar adelante la reapertura, el nuevo holding inversor contrató a varios extrabajadores y al personal jerárquico y administrativo que supo desempeñarse en lo que era Loimar, razón social que con la firma de este convenio dejó de existir definitivamente.
A partir de ahí, quedaron tres partes en controversia. Los titulares de la exLoimar, la empresa que supo ser de Juan Loitegui; los 35 obreros desvinculados en lucha por resolver su situación; y el plantel de TandilCeram que se desligó del desacuerdo anterior y expuso su voluntad de volver a trabajar.
Y ante la negativa absoluta del nuevo grupo empresarial a tomar a los 35 exoperarios en puja, el margen de negociación llegó a un punto muerto cuya única salida posible fueron las indemnizaciones pertinentes.
En base a esto, el representante sindical José Goñi ratificó la sensación “amarga” que los invadió porque “la idea era reincorporar a los compañeros pero es lo que nos quedó” y recalcó que “dentro de todo obtuvimos una mejor negociación”.
Asimismo, indicó que en tantos meses de conflicto “la plata en ningún momento estuvo a disposición de los laburantes y nosotros fuimos correctos en todos los sentidos” y también aseveró que se optó por una lucha sólo de trabajadores, en la que no hubo partidos políticos ni movimientos sociales involucrados.
Un fallo judicial que nunca llegó
Según se supo, el grupo de extrabajadores aguardaba un fallo judicial del tribunal laboral -donde la central gremial radicó una denuncia- que obligara a la firma empresaria a reintegrar a los empleados despedidos, pero eso no fue posible. Al respecto, Goñi sostuvo que “lo que no funciona es la Justicia”.
En este punto, Algañaraz expuso que “lamentablemente es complicado llegar a este punto después de un año y pico. La Justicia tiene que ver de alguna manera en esto, porque se puso un fideicomiso en el medio, en el predio que sigue siendo de Loimar, y nosotros tenemos que estar afuera. Pero nos dignifica como delegados la defensa de la fuente laboral y que hicimos todo lo que dice la ley”.
Además, cuestionó el mensaje implícito que queda, a su criterio, tras esta resolución: “¿Qué consejo le tenés que dar a un delegado que viene a preguntar qué hacer? ¿Qué ejemplo se les da a los empresarios? Que hay que hacer lo que sea, dejar a la gente en la calle, total venimos, colgamos un cartelito con el nombre de otra empresa arriba y listo, solucionado. Ese no tendría que ser el mensaje, pero es lo que nos toca”.
Por último, Goñi refirió que esperan que “cada uno de los compañeros pueda retomar un camino en el trabajo y que podamos salir adelante”, y enfatizaron el agradecimiento a la comunidad y las organizaciones que pudieron entender su situación y los ayudaron en todo el derrotero.
Los pormenores de la negociación
El titular de la delegación ministerial, Ezequiel González Godoy, dialogó con este Diario y detalló las instancias de la negociación que llevó a cabo para poder terminar con esta contienda, que generó un gran desgaste social.
“Desde que ingresé al cargo se sabía que estaba el conflicto, que se estaba tramitando en Nación y pasó a un cuarto intermedio que no se reflotó por la pandemia. El reclamo de los trabajadores era lógicamente constante y cuando en diciembre de 2020 surgió esta posibilidad de que la firma reactive la producción, se vuelve a incentivar el reclamo para ver qué pasaba”, rememoró.
En ese entonces, tomó intervención el ministerio provincial en la sede de La Plata, porque hubo una reunión entre las autoridades de Nación, Provincia y el Ministerio de Producción para intervenir en el caso, que retornó directamente a la esfera de la cartera laboral bonaerense en el marco de la negociación colectiva.
De hecho, se llevaron a cabo algunas audiencias en La Plata, lo que suscitó algunas quejas de ambos bandos por tener que trasladarse. Según explicó González Godoy, como se trataba de un reclamo colectivo de tanta trascendencia y repercusión, y había muchos intereses en juego, intercedió la sede central y por una cuestión operativa lo siguieron allá.
Frente a este escenario, señaló que desde la delegación regional estuvieron en constante conocimiento de lo que pasaba y que parecía no había manera de llegar a un consenso.
“Se discutía si entraba una parte y la otra no, después empezaron a negociar las liquidaciones y la empresa solicitó al gremio que la liquidación se incorpore al expediente y no se hacía, ahí comenzaron los rumores de que no estaba el dinero y se generó una gran confusión”, dijo.
“Se cumplió con el objetivo de destrabar el conflicto”
Con los ánimos caldeados y el desgaste lógico del paso del tiempo, en el último tiempo se produjeron más rispideces entre las partes y se volvió prácticamente insostenible cualquier tipo de diálogo entre ellas.
Así, el funcionario afirmó que tomaron las riendas del asunto “por pedido de la ministra de Trabajo, que consideró que no se podía seguir estirando, porque en un momento también se metió el Municipio, pero no tiene competencia en estos temas”.
En febrero, entonces, intercedió la sede ministerial junto a Raúl Calamante, titular de la Coordinación de Delegaciones Regionales de Trabajo, y citaron a las partes implicadas.
“Casi que empezamos de cero, y dejamos que cada uno de los sectores se expresara y expusiera sus pretensiones. Encontramos la manera de ordenar la negociación de modo que ambas partes respetaran lo que quería uno y el otro, y emitimos recomendaciones para guiar la negociación”, precisó.
Al confirmarse la existencia de fondos suficientes para pagar las liquidaciones de los 35 obreros desvinculados, se trasladó la novedad a la parte gremial, que seguía sosteniendo la reincorporación de los trabajadores sin aceptar las indemnizaciones.
Seguidamente, se trabajó en las ofertas y contraofertas que permitieran consensuar un número posible para todos, y la cartera de Trabajo sugirió el pago de intereses compensatorios por el tiempo transcurrido desde que se produjeron los despidos –octubre 2019-, moción que la patronal aceptó.
Finalmente, con los montos y la modalidad de pago sobre la mesa se arregló la cantidad de cuotas, y se armaron 35 expedientes para seguir la situación de cada uno.
“Al día de la fecha estaría todo resuelto. Vamos a verificar que se cumpla lo pactado, y después se le da cierre y archivo a los expedientes. En el caso de que no se cumpla con algo, se hará el traslado que corresponda a la parte para subsanar la deficiencia que tengan en torno a eso”, sintetizó.
“Si bien entendemos que las partes no quedaron ciento por ciento satisfechas, se cumplió con el objetivo de destrabar el conflicto”, concluyó.
